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Hay 1.740.000 jubilados en condiciones de cobrar el retroactivo que el máximo tribunal reconoció en el caso Badaro. Eso le costaría al Estado $ 15 mil millones retroactivos y $ 8 mil millones más por año. Si el gobierno no paga, los jubilados deberán esperar y se beneficiarán los abogados.
Mario Brodersohn (*)
El lenguaje utilizado por la Corte Suprema de Justicia en su fallo del 26 de noviembre de 2007 sobre el caso Badaro es muy directo y concreto. Así entiende que se había producido "a partir de la crisis de 2002 un severo deterioro en las condiciones de vida" del jubilado Adolfo Valentín Badaro y que los jubilados "han sufrido una disminución confiscatoria" en sus ingresos.
La Corte señala en su fallo que "frente a subas en el nivel de precios del 91,26 por ciento y modificaciones en el salario del 88,57 por ciento según el Instituto Nacional de Estadística y Censos en el período 1° de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2006", la prestación de Badaro "se encuentra alcanzada sólo por el 11 por ciento".
Dada la "proyección de la presente decisión sobre la numerosa cantidad de pleitos en los que se debaten controversias similares", la Corte "considera que contribuiría a dar mayor seguridad jurídica el dictado de una ley que estableciera pautas de aplicación permanentes que aseguren el objetivo constitucional".
Lo anterior no impide que el gobierno difiera en el tiempo el costo fiscal de extender la decisión de la Corte Suprema a los 1.740.000 jubilados involucrados si entiende que el fallo se limita al caso individual de Badaro.
En este caso, el gobierno estaría invitando a que los estudios jurídicos estimulen juicios al Anses. El monto de retroactividad es de 15.500 millones de pesos, cifra sobre la que se deciden los honorarios de los estudios jurídicos. De más está señalar que éste es un extraordinario incentivo para estimular juicios al gobierno.
El costo fiscal
Respecto del costo fiscal que presentaría la decisión de la Corte Suprema, se señala que de extender el fallo a los 1.740.000 jubilados que tuvieron aumentos inferiores al 88,6 por ciento, esto tendría un costo fiscal anual de 8.000 millones de pesos (0,8 por ciento del Producto Bruto Interno). Esta suma no incluye la retroactividad que sería de dos años y sumaría un total de 15.500 millones de pesos (sin incluir los intereses por la mora). Por ello, entre las opciones futuras para el gobierno nacional figuran: en primer término, sancionar una ley que tome en cuenta la decisión de la Corte Suprema y pagar la deuda por retroactividad con títulos públicos. El presupuesto de 2008 debería incluir, en este caso, un aumento del gasto por 8.000 millones de pesos.
En segundo lugar, el gobierno -preocupado por el costo fiscal de la decisión de la Corte Suprema- entiende que esa decisión sólo es aplicable a Badaro. Por lo tanto, los jubilados que se consideren afectados tendrán que iniciar juicio al gobierno. De esta forma, el gobierno lograría demorar en el tiempo el costo fiscal del fallo de la Corte Suprema.
Si bien éste es el camino de menor costo fiscal en el corto plazo para el gobierno, es el más costoso para los jubilados. Sería un negocio económico sólo para los estudios jurídicos que lleven adelante el juicio contra la Anses, que con el fallo de la Corte tendrían la certeza de un fallo judicial positivo.
Juicios masivos
Por supuesto, como siempre sucede en estos casos, quedarían al margen los jubilados que, por ignorancia o por temor, deciden no iniciar juicio al gobierno. Sin embargo, no descartamos un esfuerzo masivo de los estudios jurídicos para involucrar a la mayor cantidad de jubilados.
Se estima que a principios de 2002, el 50 por ciento de los jubilados que percibían una jubilación superior a 1.000 pesos iniciaron juicio al Anses, esto es: 85.000 jubilados.
La masa restante de jubilados hasta llegar a 1.740.000 (esto es 1.655.000) tendrían que iniciar un juicio al Anses para recomponer sus jubilaciones. Nada más inequitativo desde el punto de vista social que el gobierno se incline por no legislar el ajuste jubilatorio, tal como lo reclama la misma Corte Suprema.
(*) Mario Brodersohn fue secretario de Hacienda y es economista responsable de la consultora Econométrica.
