En la provincia de Río Negro se aprobó una ley que autoriza la denominada muerte digna. Según el texto, los enfermos terminales pueden rechazar un tratamiento que por su prolongación en el tiempo o por los recursos que emplea significan dolores y humillaciones intolerables para la persona. Los legisladores que votaron a favor de la ley advirtieron que no se trata de la eutanasia, es decir, de acelerar la muerte de un paciente, sino de evitar, en circunstancias claramente delimitadas, que un enfermo terminal siga viviendo artificialmente.

La norma fue rechazada por la Iglesia Católica. Según el punto de vista religioso, la vida es un don de Dios y por lo tanto ni el paciente, y mucho menos los médicos, pueden disponer de ella. Desde el punto de vista laico la oposición a este tipo de legislaciones se funda en un razonable principio humanista: la vida es sagrada y es un precedente gravísimo habilitar legalmente su interrupción, más allá de las buenas razones que se den para hacerlo.

El debate está abierto y como ocurre con temas conflictivos que ponen en juego valores trascendentes, se hace muy difícil arribar a conclusiones terminantes. Los partidarios de una "muerte digna" también invocan razones humanistas. Según esta perspectiva no es justo que un enfermo terminal se vea obligado a padecer innecesariamente cuando ya no hay esperanzas de vida. Según este punto de vista, no tiene sentido mantener a alguien artificialmente con vida. Ya no se trataría de interrumpir un ciclo natural, sino de violentar a la naturaleza mediante recursos artificiales, por lo que el principio de muerte natural tampoco tendría lugar.

En los países donde el sistema de muerte digna está legalizado, las medidas que se toman son muy estrictas e incluyen, además de la voluntad expresa del paciente, el compromiso profesional de una junta médica que avale la decisión. En todos los casos, la ley no da respuesta al principio religioso de que la vida es un don de Dios y no le corresponde a los hombres intervenir para interrumpirla.

Asimismo, convengamos que toda norma que legisla para millones de personas y situaciones diferentes habilita la alternativa de una acción delictiva en un tema crucial como es el de la vida. El sentido común y la tradición occidental aconsejan tratar de no dejar abierta la posibilidad de cometer un crimen amparado por normas legales, pero admitamos que el propio desarrollo de la ciencia y los consecuentes avances habidos en materia de bioética abren otro tipo de consideraciones teóricas que no reniegan de la vida, sino todo lo contrario.

A la hora de sostener una discusión abierta, habría que tener en cuenta que los progresos científicos en sociedades cada vez más igualitarias generan dilemas éticos de difícil respuesta. Para bien o para mal la muerte pareciera que depende cada vez más de la ciencia o de la decisión de las personas, que de procesos "naturales". Por otra parte, no se debe perder de vista que los recursos científicos siguen siendo escasos y que en más de un caso los profesionales deben optar entre el sostenimiento artificial de una vida o destinar esos mismos recursos para salvar a otra.