Osvaldo Acastello

Los argentinos nos hemos acostumbrado a pensar que un cambio de signo político en el gobierno significa un giro de 180 grados en todo lo que hace a la conducción del Estado. Es razonable que se tenga esa percepción cuando a lo largo de varias décadas hemos vivido esa realidad: sin proyecto de país, sin visión (o sin capacidad o sin intención) para planificar el futuro, sin grandeza para pensar o decidir que la administración del país debe estar en manos de los más idóneos en cada especialidad en lugar de establecer "cotos de caza" usufructuados por personas o grupos convencidos de que el privilegio del poder es para su propio beneficio.

Ocurre así que en oportunidad de una elección para un nuevo mandato, la sensación más dramática que transmite a la masa de votantes el partido gobernante es que si bien no se está en el mejor de los mundos, sólo nos falta una próxima etapa para hacer los cambios necesarios, que serán simples pero nunca traumáticos. Se alienta así a la continuidad para evitar que el abismo sea el futuro.

No voy a poner en tela de juicio si la democracia es lo mejor. Estoy convencido de que es lo menos malo, que si bien hay mucho por mejorar, lo más grave está no en el sistema sino en el abuso que se hace de él; que se llega al extremo dramático de olvidar que el principio del éxito del mismo se basa en el buen ejercicio de tres poderes, donde todos deben respetarse y ser respetados, donde los derechos de cada ciudadano se afianzan con el cumplimiento de las obligaciones y donde lo contrario puede llegar a poner en el trono a un rey que todo lo decide a su antojo, deseo o conveniencia.

Me preocupa mucho el futuro cuando se llega al extremo de que un poder funcione al paso que dispone otro poder, que en la realidad práctica está por encima del otro y no con su responsabilidad plena en forma horizontal.

En una democracia plena, estas desprolijidades se corrigen con el voto, aunque sin evitar un alto costo y a la vez con el riesgo de que un aparato enquistado haga uso y abuso de "presiones", de "promesas" y de "presentes" que dejan paso al abuso de poder, al uso indebido de fondos y a la discrecionalidad que, antes o después "Juan Pueblo" tendrá que pagar la factura por haber creído en los peces de colores o en los cantos de sirena.

Pese a todo este dramático relato, sigo pensando con moderado optimismo, porque cada tropiezo nos enseña a pensar cada vez más, no sólo en el presente sino también en un futuro exitoso, al menos para las próximas generaciones. Aspiro a que lleguemos a tener un proyecto de país, no un proyecto de subsistencia. Un país donde tanto el gobierno que se va como el nuevo que entra no tengan que pensar en "proyectos", sino en "gestión". Digo esto porque se supone que el rumbo ya fue elegido con anterioridad.

En un país federal, que en la práctica no es el nuestro, cuando gran parte de los recursos los recauda el poder central y no son coparticipables, un nuevo gobierno tiene la responsabilidad de asumir la gestión desde la realidad: usar lo que se tiene, mejorarlo donde sea posible y administrarlo de la manera más eficiente para que sirva a los intereses de la comunidad, que no es otra cosa que apuntar al desarrollo y al crecimiento de todos los sectores con equidad.

La provincia de Santa Fe enfrenta hoy ese desafío, donde las fuerzas productivas están dando claras muestras de aportar cada uno lo suyo. Hay evidencias que permiten pensar con optimismo cuando comprobamos la intensa actividad de complementación público-privada para lograr que los emprendimientos, especialmente de Pymes, se traduzcan en proyectos exitosos como lo son la conformación de consorcios, de clusters y conglomerados industriales. Todo esto está muy por encima de lo que puede ser la preocupación por el cambio de un signo político en el gobierno.

Resulta auspicioso comprobar también que las señales vertidas hasta el momento por las futuras nuevas autoridades hacen pensar que el cambio significará sin duda un fuerte impulso a la producción, no sólo por la producción en sí misma, sino porque el programa habrá de ser el "disparador productivo" para que la seguridad, la salud, la educación y la distribución de la riqueza tengan cimientos sólidos en el crecimiento productivo.

Las entidades gremiales, tanto obreras como empresarias, tendrán que asumir la responsabilidad que les compete para que el futuro se centre no sólo en producir o subsistir, sino en cómo distribuir mejor y más equitativamente.

El compromiso debe ser entonces: el sector privado con la propuesta permanente de proyectos consensuados y pensados para que la prioridad sea tener en cuenta la equidad dentro de un estado de plena convivencia y responsabilidad social. El nuevo gobierno tendrá facilitada así su labor para pensar en una "gestión exitosa". Hoy vislumbramos con optimismo que vamos en ese rumbo y si esto puede servir de ejemplo, mejor. Los políticos que en su proyecto tienen como prioridad sólo ganar las próximas elecciones, seguramente la perderán. Nuestra preocupación de hoy debe ser comprometernos en cuatro años de gobierno en una provincia planificada (o a planificar ya) para los próximos veinte años. Liderar este proyecto es hacerlo con visión de estadista, con visión de grandeza, lo cual nos da derecho a aspirar (�por qué no?) a una propuesta para el orden nacional. �Se entiende?...