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El gobierno de Binner iniciará 2008 con un presupuesto aprobado por la Legislatura que no responde a la organización plasmada en la ley de Ministerios votada días atrás. Pero así lo prefirieron las autoridades del Ministerio de Economía, aunque la premura de contar con la norma les implicara, luego, un permanente ejercicio de cambio de partidas. El Senado había conversado con el ministro Angel Sciara algunos cambios en el mensaje enviado en su momento por Jorge Obeid y refrendado por Walter Agosto, y norma sancionada por unanimidad en la Cámara de Diputados.
Como uno de los datos salientes se puede citar la ampliación de fondos para la Legislatura y la posibilidad de crear nuevos cargos en las cámaras. Es de desear que no se repita la historia que llevó, en su momento, a disponer un congelamiento de vacantes porque los lugares en la Legislatura habían terminado siendo la forma de pago de los apoyos y el trabajo en las campañas electorales. Siempre hay excusas formales para la creación de cargos políticos en el Estado. Es posible que el Partido Socialista necesite su consolidación política, dentro y fuera del Frente Progresista, y una forma de lograrlo es enhebrar nuevas estructuras, paralelas o sobre las ya existentes y/o en otros espacios de poder.
La nueva administración volvió a manifestarse como muy activa en la semana que pasó. Hubo anuncios de importancia que han ido cumpliendo con las promesas electorales: el decreto de reformulación del Consejo de la Magistratura es uno de ellos. Otros, realmente desalentaron, como las pocas medidas anunciadas para hacer frente a la crisis energética -se comunicó la donación por canje de lamparitas de bajo consumo- pero desde la Empresa Provincial de la Energía se cuidaron muy bien de disponer alguna acción que exhibiera un mayor control del robo y/o hurto de energía, es decir sobre las familias o empresas comerciales "enganchadas".
Por lógica, quien no paga la energía (cara o barata) es quien más la consume, pero hubiera resultado muy impopular comenzar abordar una cuestión tan de fondo. Pero si se quería comenzar a formar una conciencia sobre la utilización racional de los recursos básicos como es la energía eléctrica o el agua -ambos bienes escasos- la coincidencia de la adhesión al plan nacional de ahorro como el anuncio del control de enganchados hubiera sido una señal de que otras cosas podían ocurrir en la provincia. No fue así y es de rigor expresarlo.
Tampoco se puede decir que en materia de seguridad se hayan notado diferencias. En el departamento La Capital siguen las muertes violentas. La crónica policial ha registrado ocho homicidios desde que asumieron las actuales autoridades el 11 de diciembre, pese a los cambios de estructuras que se promovieron con la creación de un Ministerio de Seguridad, separado de Gobierno y de Justicia.
Este dato nos lleva a la reflexión de que hay que esperar los resultados de tantos anuncios como los realizados, que han pretendido marcar un antes y un después respecto de la gestión gubernamental que precedió a la de Hermes Binner.
Nadie ignora el anhelo de la ciudadanía en esta materia, al punto de exponer a la seguridad como primera en el ranking de expectativas. Los arrebatos y asaltos han continuado sin variación en la vía pública. Es doloroso decirlo, pero en los escenarios más cercanos: la costa, esta capital y Santo Tomé no se notaron cambios. En la vecina ciudad el panorama es realmente muy crítico. El desafío se presenta con extrema fuerza para el nuevo gobierno, y la prioridad no es la teoría sino la experiencia profesional y territorial.
Con satisfacción, el gobernador Binner dio a conocer el decreto N° 164 que reemplazó la anterior conformación y metodología de selección de nuevos jueces y camaristas por parte del Consejo de la Magistratura. En los papeles, la norma representa un paso cualitativo en la selección.
El propósito fue claramente expresado: lograr la mayor independencia posible del poder político al elegir los magistrados en los concursos públicos. En todo el proceso se excluyó a la Corte Suprema de Justicia y al Poder Legislativo, limitando, asimismo, al propio gobierno, ya que el secretario de Justicia que presidirá el Consejo de la Magistratura no tendrá ni voz ni voto en la etapa de evaluación técnica (primer paso de selección de antecedentes y prueba de oposición), tarea que estará a cargo de un cuerpo colegiado.
En éste tendrán participación las facultades de Derecho de las universidades nacionales y los colegios de abogados y de magistrados. Se prevé además un segundo paso por parte de un cuerpo colegiado entrevistador, y estas audiencias serán públicas. Otra característica prevista es que el resultado será vinculante para el Poder Ejecutivo.
Como se ha dicho, el Ministerio de Justicia ha buscado independizar al poder político de la tarea seleccionadora y en los considerandos del decreto se fundamenta el porqué de las exclusiones. Se persigue una mayor participación académica y se incorpora a las facultades de Derecho nacionales diciendo que éstas otorgarán "no sólo un marco de transparencia al proceso, sino también un reaseguro de la calidad, pluralismo y excelencia del mismo". �Por qué se discrimina a las universidades privadas?, habría que preguntarse.
Tampoco es ocioso recordar que la UNL, por citar un caso, viene teniendo un proyecto político desde hace años. �O es que queremos ver la paja en el ojo ajeno y no la reconocemos en la propia? �Hugo Storero y Mario Barletta no son resultado de proyectos políticos con origen en -y orientados desde- la universidad?
A lo mejor pasa que como en tantas otras cosas de la vida, el gobierno se hace su propia película, pero la realidad sigue siendo otra.
A pesar de estas inquietudes planteadas, desde "Apuntes..." se ponderará todo esfuerzo por lograr una mejor calidad de Justicia, provenga de donde provenga. Es bueno ser independiente, pero también se debe ser imparcial.