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El gobierno nacional y la Corte Suprema de Justicia comparten la idea de que a más tardar en cuatro años todos los juicios contra los represores deberían estar concluidos. Los últimos movimientos de la Justicia parecieron dirigidos a reactivar las causas que por años se acumularon en los distintos tribunales del país, y de alguna manera, las recientes decisiones de la Cámara de Casación Penal de rechazar excarcelaciones, de ratificar la doctrina de la imprescriptibilidad de los crímenes cometidos por la dictadura y prorrogar la prisión preventiva de los represores imputados, se inscribe en esa política.
A través del Centro de Información Judicial de la Corte, la Sala II de Casación, el fuero que fue cuestionado en marzo de este año por el ex presidente Néstor Kirchner por la lentitud con que tramitaba las causas por violaciones a los derechos humanos, dio a conocer la lista de medidas que puso en marcha durante 2007 en relación a la denominada megacausa ESMA, que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en esa dependencia de la Armada. Los jueces Pedro David, Juan Fégoli y Gustavo Mitchell, quienes se habían excusado de intervenir en estos expedientes, destrabaron la causa al responder a varias presentaciones formuladas por las defensas de los represores luego de que la Corte le ordenara, en octubre último, avanzar con los casos que se acumulaban desde hacía cuatro años.
En el plazo que transcurrió desde el llamamiento de Kirchner a la orden de la Corte, la Procuración General a cargo de Esteban Righi, elaboró un completo informe del estado de las causas por los crímenes de la dictadura que reveló el motivo de la larga lista de demoras registradas en los tribunales, la existencia de detenidos vip y la protección de testigos. El documento incluyó algunas propuestas de solución que la Corte aplicó en aquella resolución dirigida al tribunal de Casación.
Desde entonces los jueces ratificaron la reapertura de las investigaciones, denegaron excarcelaciones, confirmaron prisiones preventivas, rechazaron solicitudes de prescripción de la acción penal, declararon la inconstitucionalidad de las leyes del perdón, la nulidad de los indultos y la competencia de la justicia civil en los crímenes de lesa humanidad.
A lo largo de 2007 se produjeron las primeras sentencias contra represores: el agente de la Policía Federal Julio Simón, el de la policía bonaerense Miguel Etchecolatz, y el capellán de esa fuerza, Cristian Von Wernich fueron condenados en juicios orales, y hace dos semanas recibieron penas de entre 20 y 25 años los primeros militares: Cristino Nicolaides, Pascual Guerrieri y Jorge Arias Duval, entre un total de ocho que secuestraron y asesinaron a militantes montoneros que regresaron al país en 1980 para derrocar al gobierno dictatorial.
El prefecto Héctor Febres -el hombre que tenía la más valiosa información sobre el origen y destino de los niños nacidos en cautiverio en la ESMA- podría haber integrado la nómina pero no llegó a escuchar su sentencia: cuatro días antes apareció muerto en su celda de una dependencia de Prefectura, y la Justicia sospecha que fue víctima de un asesinato porque en su cuerpo fue hallada una enorme cantidad de cianuro.
Aunque por el momento resulta difícil aventurar qué expedientes irán a juicio oral durante el año que se inicia, las causas Plan Cóndor y parte de Primer Cuerpo del Ejército podrían inscribirse entre las más cercanas. El juez Daniel Rafecas elevó a juicio algunos casos que esperan la fijación de fecha por parte del sobrecargado Tribunal Oral federal 5, mientras que el Juzgado Federal número 7 consignó la elevación a juicio de los militares procesados en la causa que investiga la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur, aunque tampoco se fijó fecha para este proceso.
El 18 de diciembre el juez federal Sergio Torres confirmó la elevación a juicio oral de la causa que investiga el asesinato del periodista Rodolfo Walsh, aunque todavía no estableció la fecha del proceso que involucra, entre otros, al emblemático Alfredo Astiz. Este expediente forma parte de la lista de causas conexas de la megacausa Esma, que involucra a más de 5.000 víctimas y unos 100 represores. Según el Cels y otros organismos de derechos humanos, los delitos cometidos en ese centro clandestino de detención deberían ser juzgados en un único juicio. Esto es posible que ocurra ahora que con la muerte de Febres quedó en evidencia que tanto acusados como testigos deben garantizar que los procesos se lleven a cabo hasta las condenas.
Las causas III Cuerpo del Ejército (jurisdicción Córdoba) que investiga la jueza federal Cristina Garzón de Lascano; Margarita Belén, a cargo de la Justicia de Resistencia, Chaco, y Masacre de Trelew, en manos de la Justicia federal de Rawson, Chubut, son las más avanzadas en lo que respecta a las provincias.
203
Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), actualmente hay unos 898 militares, policías y civiles involucrados en causas vinculadas con el terrorismo de Estado, aunque sólo el 40 por ciento se encuentra procesado y apenas 16 fueron condenados. Las causas abiertas en todo el país son 203, de las cuales unas 135 se encuentran activas.
Julia Izumi (CMI)