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Tal como lo informó ayer El Litoral, siete meses después del hallazgo de una bolsa con 100 mil pesos y 31.670 dólares en el baño de su despacho del Ministerio de Economía, Felisa Miceli fue procesada sin prisión preventiva por los delitos de "sustracción de documento público" y "encubrimiento", y sus bienes embargados en 200 mil pesos, por decisión de la jueza federal María Servini de Cubría.
Así, los argumentos de la ex ministra a la que Néstor Kirchner debió pedirle la renuncia cuando no le resultaron convincentes sus explicaciones sobre el origen y destino de ese dinero, tampoco parecieron satisfacer a la magistrada quien, antes de partir de vacaciones, firmó la resolución que ayer trascendió Tribunales.
La jueza le dictó "falta de mérito" al hermano de la ex funcionaria, José Rubén Miceli, medida que implica que seguirá siendo investigado porque persiste cierto nivel de sospecha en su contra, aunque la carga probatoria no sea suficiente aún.
"Estoy absolutamente indignada y dolida porque en la causa hay una cantidad enorme de elementos que no fueron tenidos en cuenta. Se me procesa por dos cosas. Una es la destrucción de un acta que yo le di a la prensa y que está en el expediente. Y se me acusa de encubrimiento, pero no se dice de qué. Esto está armado para desprestigiarme", sostuvo la ex funcionaria ante distintos medios de prensa, en los que apareció luego que se conociera el fallo de Servini de Cubría producido el 28 de diciembre pasado.
Miceli consignó que en la Argentina "hay causas con perjuicios enormes para los intereses del país, donde se han malversado fondos públicos, en los que ha habido cohecho, donde se han destruido instituciones públicas y esas causas están paradas o sin avances. Yo no voy a ser el chivo expiatorio para tapar esas cosas", remarcó, sin dar ejemplo particulares.
Al ser interrogada si hablaba de las causas Skanska y del Indec, dijo: "Yo hablo en general, por ejemplo, en el caso IBM-Banco Nación, que fue el que vi de cerca" y al requerírsele si refería a los casos anteriores al gobierno de Néstor Kirchner, señaló que "no". "Me estoy refiriendo a las causas que no prosperan en general. Por ejemplo, el caso Greco", aclaró.
Luego atribuyó a "ciertos intereses" que su caso hubiera salido a la luz y al interrogarle sobre si podían ser intereses dentro del propio gobierno, señaló no saberlo. "Lo que pienso es que hay en el propio Ministerio de Economía gente que yo había despedido, que tiene que ver con el área jurídica, que estaba ligada a ciertos estudios jurídicos".
Ante otra pregunta sostuvo que "lo que se encontró no era un ladrillo del Banco Central. Era un paquete con una bolsa de nylon que me prestaron" y en otro momento indicó que "esa etiqueta que aparece en el fajo, que es el número de lote, me la pegaron, está armado".
El procesamiento revela que Servini de Cubría encontró dudas en la coartada ofrecida por la ex ministra cuando el 12 de diciembre pasado declaró que el dinero que originalmente había atribuido a un préstamo de su hermano Horacio, en realidad se lo había facilitado José Rubén, a quien había intentado proteger porque padece una enfermedad.
Siempre según la versión de la ex ministra -confirmada por su hermano a fines de diciembre ante la jueza, quien se trasladó hasta el domicilio donde se encuentra postrado para tomarle declaración testimonial-, los 100 mil pesos iban a ser destinados a una operación de cadera que finalmente cubrió su obra social, razón por la cual decidió prestárselos a su hermana, quien estaba tratando de adquirir una propiedad. Los 31.000 dólares restantes se los facilitó "una amiga", aclaró.
Este cambio de protagonistas marcó una contradicción entre los dichos iniciales de la ex funcionaria y su argumentación posterior ante la Justicia que, según fuentes judiciales, afectó su defensa.
El otro punto que revela cierta debilidad en la argumentación de Miceli, fue la imputación del delito de "sustracción de documento público", vinculada con el presunto intento de la ex ministra de recuperar el original del acta labrada el día del hallazgo de la bolsa por los oficiales de la Brigada de Explosivos que realizaban una inspección de rutina.
Al parecer, en la declaración que brindó ante la jueza Servini y el fiscal Guillermo Marijuán, Miceli no pudo sostener con solidez la historia original que relató a los medios cuando se conoció el escándalo de la bolsa.
En aquella oportunidad, había dicho que el dinero se lo había prestado su hermano Horacio para concretar una operación inmobiliaria que no se concretó, y que por la cantidad de trabajo que tuvo ese día no tuvo tiempo de guardarlo en la caja fuerte de su despacho, pero el fiscal sostuvo desde un principio que el fajo de billetes termosellado con identificación del Banco Central permitía sospechar que el origen del dinero era espurio. Inclusive puso en duda la intención de adquirir una propiedad porque no encontró pruebas de que por esos días estuviese realizando una búsqueda inmobiliaria, y comprobó que la ex ministra no había puesto en venta su vivienda.
En cambio, Marijuán orientó la investigación hacia la ruta del dinero y se topó con que el dinero había salido del Banco Central en un camión blindado de la compañía Juncadella que lo entregó en la Caja de Crédito Cuenca, una financiera que solía operar con el Banco Hipotecario, y que tendría alguna vinculación con una sociedad integrada por la hermana de Miceli, Adriana, y dos ex directivos de la entidad crediticia cercanos a la ex ministra.
CMI/La Nación/Redacción de El Litoral
Julia Izumi (CMI)
El procesamiento de Felisa Miceli llega en un momento de poca implicancia para el gobierno de Cristina Fernández. Superada la campaña electoral, en cuyo apogeo estalló el escándalo de la bolsa con consecuencias que parecían imprevisibles, y en medio de la apatía que caracteriza al mes de enero, la medida ni siquiera modificará los hábitos de la ex funcionaria quien seguirá en libertad y cumpliendo la rutina de su nueva tarea ligada a la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
Sin embargo hay algunos detalles a tener en cuenta: por empezar, el hecho de corrupción que presuntamente dio origen al dinero hallado en el armario del baño ministerial no aparece en esta medida dictada por la jueza Servini de Cubría, quien le imputó delitos intermedios como el encubrimiento y la sustracción de documento público, es decir, figuras que tienen que ver con la conducta posterior de la ex ministra y no con la obtención propiamente dicha de los 100 mil pesos y 31.670 dólares escondidos. La propia Miceli lo destacó ayer cuando advirtió que en el fallo no se la acusa "ni de cohecho ni de corrupción ni de la malversación de caudales públicos".
La falta de mérito dictada a su hermano José Rubén también es un indicativo de que no resulta sustancioso el material probatorio en torno al origen de los billetes, aunque no cierra la investigación en torno de los protagonistas.
Este procesamiento llega cuando la asociación de la ex ministra con el kirchnerismo parece lejana, pero encuentra a la ex funcionaria dispuesta a defenderse por sí misma. Su advertencia acerca de que no será "el chivo expiatorio para tapar cosas en la Argentina" sonó a mensaje directo hacia el seno del poder, tanto como su referencia a la necesidad de "hacerla ir del Ministerio" por las medidas que estaba adoptando.
Secuestro virtual
El diario Clarín, en su edición de la fecha, indica que la jueza María Servini de Cubría sufrió el domingo a la mañana, "un secuestro virtual".
La jueza recibió una llamada extorsiva en su teléfono personal en la que le informaron que su hijo, el fiscal de Instrucción, Eduardo Cubría, había sido secuestrado. Los autores tenían información pormenorizada respecto de toda la familia y las actividades que iban a desarrollar en esos días.
Servini de Cubría, que antes había hablado con su hijo por teléfono, se dio cuenta de que se trataba de un engaño, pero igual denunció el hecho.