Miami (EE.UU.).- La sórdida batalla legal sobre el tesoro extraído por Odyssey y que España reclama ha experimentado un avance sustancial, tras ordenar hoy un juez de EE.UU. que la empresa "cazatesoros" proporcione al gobierno español información precisa sobre el cargamento rescatado.

En conversación telefónica con Efe, James Goold, abogado que representa a España, se mostró plenamente feliz porque "el tribunal falló a favor de España" y ordenó a Odyssey, dijo, que "nos entregue la información que hemos estado solicitando".

Mark A. Pizzo, juez que instruye el caso en un tribunal de Tampa (Florida), dio un plazo de catorce días a la empresa estadounidense Odyssey para que facilite al gobierno español información detallada sobre el tesoro hallado en mayo pasado y con un valor de más de 500 millones de dólares.

Ahora, prosiguió Goold, Odyssey tiene la obligación de proporcionarnos la "localización e identidad del barco" (hundido del que procede el pecio), información sobre el tesoro y los "objetos" extraídos, así como el permiso para "examinar los artefactos" del cargamento extraído.

Por su parte, la empresa Odyssey expresó a EFE en un comunicado su satisfacción porque el acuerdo de confidencialidad sobre el tesoro haya llegado al "punto en que podamos compartir información con España", pese al profundo desencuentro producido desde el principio.

El magistrado encargado del caso había pedido en noviembre pasado al gobierno español y a Odyssey que trabajaran conjuntamente con el objeto de llegar a un acuerdo de confidencialidad aceptable para ambas partes sobre el pecio extraído en la operación denominada "Cisne negro".

Sin embargo, todo parecía indicar que las posiciones de ambas partes resultaban irreconciliables, una vez que España se negó a aceptar las condiciones de confidencialidad que exigía Odyssey antes de desvelar los datos que permitieran la localización del sitio arqueológico.

Odyssey, que ha reiterado en numerosas ocasiones que el tesoro fue extraído fuera de las aguas jurisdiccionales de España, adujo entonces razones de peso para no difundir los datos sobre el pecio rescatado, como la posibilidad de que personas con unos mínimos recursos "pudieran tener la tentación de tratar de rescatar más objetos de valor".

No obstante y "de forma esperanzadora", continúa Odyssey en el comunicado, "las autoridades españolas han dejado de creer en informaciones falsas y malas interpretaciones que difundieron algunos medios" españoles.

A juicio de la empresa estadounidense, es la conclusión del litigio servirá para que España constate el "cuidado" que Odyssey ha puesto en la preservación arqueológica de los lugares y la "dificultad" que entraña la identificación de los pecios.

Para Odyssey, está claro que la prioridad del tribunal radica en la "protección del sitio" (donde fue hallado el tesoro) y que el juez "no tolerará" la "revelación de cualquier información confidencial que ponga en peligro la seguridad de éste".

El juez estableció una nueva audiencia previa, la tercera, para el próximo 5 de marzo o más tarde, mientras el gobierno español accede a información específica sobre el lugar exacto del tesoro, entre otros detalles.

La decisión del juez supone pues un avance sustancial para las aspiraciones españolas de recuperar el cargamento compuesto de monedas de plata y oro "extraído de un pecio de bandera española", como lo definió en meses pasados el Ministerio español de Cultura.

Odyssey fundamenta sus derechos sobre el tesoro submarino en que el tribunal federal de Tampa competente en jurisdicción marítima le concediese el estatus de descubridor y depositario de todos los yacimientos recuperados del pecio en disputa con España.

La denominada ley de Almirantazgo y la Convención del Mar establecen que el 90 por ciento del valor de lo recuperado corresponde a la empresa o personas que llevaron a cabo el rescate.

Emilio J. López (EFE)