En estos días, la noticia está en el centro de la escena agropecuaria, en todo el mundo: Homan Mc Farling, productor agrario de Estados Unidos tendrá que pagar casi medio millón de dólares a Monsanto, por haber hecho uso propio de semilla resistente al glifosato.

Los argentinos debemos tomar nota de este caso, porque tendría que ser base de sustento más que suficiente para justificar la plena vigencia en nuestro país de la Ley Nacional de Semillas 20.247 y el carácter de orden público de sus contenidos.

El caso de este farmer de Missisipi ilustra cómo una compañía privada puede apropiarse de todo el germoplasma, y con ello de la viabilidad de la agricultura nacional, con sólo tener el monopolio de una minúscula parte de un ser vivo, como lo es el gen de la resistencia.

Por eso, la FAA advierte: la posibilidad que brinda el sistema norteamericano de patentes -y que algunos pretenden implementar en la Argentina- es inaplicable a la actividad biológica, esencialmente relacionada con la alimentación, ya que da vía libre al monopolio de interés privado, por sobre la seguridad alimentaria, y la soberanía productiva y económica.

Además, desde Federación Agraria reiteramos el llamado al sentir solidario y soberano de funcionarios públicos y privados, haciendo un llamamiento: es imperioso mantener la Legislación Nacional de Semillas. Además, reiteramos que debe regularizarse el funcionamiento del Instituto Nacional de Semillas. Y como señalamos hace pocos días al ministro Lino Barañao, el Estado debería asegurar la creación de una Autoridad Nacional de Biotecnología para controlar, respetar y promover la actividad e investigación en este tema, garantizando el poder soberano de la nación por sobre los mezquinos y codiciosos intereses corporativos.