La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará este año 1.943 millones de pesos a jubilados que obtuvieron sentencias favorables en sus reclamos de actualización de haberes.

La suma comprende 1.040 millones en efectivo y 903 en bonos, y corresponde a 26.070 casos en los cuales la Justicia ordenó al Estado satisfacer las demandas de los pasivos. La previsión supera a la del año pasado, cuando el mismo rubro presupuestario insumió 1.505 millones de pesos, 597 en efectivo y los otros 908 millones en bonos del Estado.

La precisión numérica fue difundida hoy por el diario Clarín, citando a Claudio Moroni, el titular del organismo que se encarga de administrar y pagar las jubilaciones estatales.

Según las normas vigentes, la cancelación de demandas con bonos corresponde a los reclamos judiciales presentados con anterioridad a diciembre de 2001. En tanto que la porción que se paga en efectivo comprende los períodos posteriores a esa fecha.

De acuerdo con lo informado por el funcionario, que asumió en su cargo en diciembre, con el nuevo gobierno, las sentencias rondan los 76.000 pesos cada una, en promedio. Esto está influido por la retroactividad y el fuerte impacto de los intereses, ya que se trata de reclamos en muchos casos presentados a fines de los años 80 o comienzos de los 90.

Moroni también destacó que con las cancelaciones previstas la Anses haría frente al stock de sentencias firmes. Y planteó que, hacia mediados de 2008, comenzaría con una reducción neta de sentencias, a razón de 600 por mes. Esto surge de que la Anses reconoce fallos de Justicia en nuevas causas a favor de los jubilados a razón de unos 1.400 casos por mes; y las cancelaciones rondarían las 2.000 mensuales.

Los jubilados que cuentan con la sentencia a favor también recibirán otro efecto favorable del fallo: la Anses deberá reajustarles los haberes que están cobrando en la actualidad de acuerdo con los nuevos valores estipulados en las sentencias.

Mientras tanto, se estima que hay unos 85.000 reclamos de reajustes formulados por jubilados y pensionados que están en distintas etapas administrativas y judiciales. Se trata de reclamos hechos por la mala liquidación de los haberes previsionales o falta de reajustes de los años 90. A éstos deben sumarse los nuevos reclamos, que abarcan el período posterior a la devaluación del peso de enero de 2002.

Tras la feria judicial de enero, se espera que se incremente el número de causas. Es por el fallo de diciembre de 2007 de la Corte Suprema en el caso Badaro, que reconoció un ajuste del 88,6 % para el período que va de enero de 2002 a diciembre de 2006.

Se estima que hay un poco más de un millón de jubilados y pensionados que recibieron ajustes inferiores al porcentaje fijado por la Corte y un gran sector podría hacer el reclamo judicial alentado por el precedente del fallo del Alto Tribunal. En cambio, otros 2 millones que estaban recibiendo en 2001 el haber mínimo o levemente por encima recibieron aumentos similares o superiores a la inflación del período.