Una repetida estrategia de marketing de los bancos consiste en enviar a los domicilios particulares tarjetas de crédito que nunca fueron pedidas. El plástico llega en forma compulsiva a una vivienda, generalmente por correo, y toma de improviso al destinatario que de pronto se ve involucrado en un servicio inconsulto.

La sorpresa es mayor cuando la persona nota que la tarjeta con el nombre impreso en relieve proviene de un banco del que no es cliente.

Los potenciales usuarios comienzan a plantearse una serie de interrogantes como, por ejemplo, cómo consiguió la entidad crediticia el nombre, domicilio y el resto de los datos, cómo devolver la tarjeta si no se desea activarla, o si se debe retornar el sobre al remitente.

La persona empieza a dudar si en algún momento llegarán los gastos mínimos de mantenimiento, aun sin haber usado el plástico.

Sobre esta situación, la Dra. Claudia González Dato, de la Asociación de Defensa del Consumidor (Adelco), sostiene que al recibir una tarjeta de crédito no pedida, el destinatario no tiene que molestarse en tramitar el rechazo. Simplemente, la puede romper o guardar, si tiene intención de utilizarla más adelante.

González Dato subraya que el artículo 35 de la ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor es sumamente claro. Establece que "queda prohibida la realización de propuesta al consumidor, por cualquier tipo de medio, sobre una cosa o servicio que no haya sido requerido previamente y que genere un cargo automático en cualquier sistema de débito, que obligue al consumidor a manifestarse por la negativa para que dicho cargo no se efectivice".

Señala que si con la oferta se envió una cosa -en este caso la tarjeta de crédito- el receptor no está obligado a conservarla ni a restituirla al remitente.

Si de todas formas la persona no queda tranquila, puede llamar al banco emisor para dejar constancia del rechazo. Obviamente no hay que operarla antes de devolverla.

Adelco también cita la ley 25.065 que regula toda la actividad de tarjetas de crédito, débito y compras. Esa normativa habla de la celebración de un contrato entre las partes y dice que éste se perfecciona con la firma de la solicitud de tarjeta entre el emisor y el titular, donde constan los derechos y obligaciones de las partes. En el envío postal de la tarjeta no se acompaña ningún contrato, y por ende, éste no se celebró en ningún momento.

Adelco atendió algunos casos de personas que no operaron con la tarjeta y comenzaron a recibir los gastos administrativos mínimos "sin haber firmado ningún contrato y ni siquiera haber sacado la tarjeta del sobre", comenta González Dato.

La entidad realizó gestiones como "amigable componedor" ante el emisor de la tarjeta. "Enviamos el reclamo y hemos obtenido soluciones", dice la abogada que trabaja en Adelco, donde los reclamos más frecuentes que atiende tienen que ver con la telefonía celular y fija.

Por otra parte, desde la Dirección de Comercio Interior -que es el organismo estatal de control y aplicación de la ley de defensa del consumidor- aseguran no haber generado expedientes por las tarjetas de crédito no pedidas, aunque sí atendieron varias consultas cuando comenzó esta modalidad.

"Ahora, se ha dado una especie de acostumbramiento de algo indebido. No puede ser que cualquier banco remita un servicio que la persona no solicitó", sostienen desde la Oficina de Comercio Interior.

De la redacción de El Litoral