Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
En Asociación con:
Mario Cáffaro
Los 22 diputados provinciales del Frente para la Victoria quedaron divididos al menos en tres bloques a una semana del retorno oficial de la actividad legislativa anunciada para el jueves próximo con sendas sesiones en ambas cámaras y Asamblea Legislativa.
El Litoral anticipó ayer el portazo de Federico Reutemann y de Silvia De Césaris al bloque que preside Luis Rubeo. En diciembre, Jorge Lagna, Alberto Monti y Alberto Hammerly decidieron conformar un bloque aparte de esa conducción.
Reutemann y De Césaris resolvieron irse de la bancada tras la reunión interna realizada el miércoles donde se discutieron los alcances políticos del proyecto de Gerardo Rico acerca de los hechos de diciembre de 2001. El sobrino del ex gobernador exigió el retiro del proyecto y un documento fijando claramente la postura del sector con respecto a esos sucesos. El documento llegó pero Rico dijo que no retirará la iniciativa presentada en diciembre como pedido de informes. Ayer, Reutemann informó por escrito al presidente de la Cámara, Eduardo Di Pollina, de su renuncia y la constitución del bloque; se presentó y participó de la reunión de Labor Parlamentaria con los demás jefes de bloque.
Pero a la reunión de la bancada justicialista tampoco asistieron Darío Scataglini, Adrián Simil y Victoria Ramírez. Los tres decidieron retirarse de la bancada y ya comenzaron reuniones con Reutemann y De Césaris para determinar si conforman un bloque de cinco o bien dos expresiones separadas.
Reutemann se encargó de subrayar como ya lo había hecho el mes pasado que la decisión "no tiene nada que ver con la próxima interna del PJ". En cuanto a su presencia en Labor Parlamentaria dijo que "fui para interiorizarme de los temas que se vienen en la Legislatura".
Precisamente ayer Di Pollina y los jefes de bloques repasaron los temas pendientes de tratamiento parlamentario y buscaron ajustar mecanismos de funcionamiento de la Cámara y de integración de las comisiones bicamerales pendientes con el Senado.
Rubeo llevó al encuentro sendos pedidos para que se cite al secretario de Seguridad Pública, Carlos Iparraguirre y al presidente de la EPE, Daniel Cantalejo para que informen sobre la política carcelaria y de tarifas, respectivamente. El primer pedido obedece a la denuncia de la Coordinadora de Trabajo Carcelario sobre las muertes producidas en cárceles santafesinas y el segundo al retraso tarifario denunciado por el vocero de la Empresa.
Di Pollina, en tanto, hizo pública una nota enviada por el propio Iparraguirre el lunes último para reunirse con legisladores a fin de ofrecerles un informe sobre el tema seguridad.
El acuerdo parlamentario pasó por armar una agenda de reuniones que se iniciará el miércoles a las 17 con Elida Rasino, ministra de Educación.
En cuanto a las comisiones bicamerales, existiría un principio de entendimiento para conformar la Comisión de Acuerdos y definir autoridades de ese cuerpo, decisión postergada en diciembre último. La vicegobernadora Griselda Tessio firmó ayer la convocatoria a Asamblea Legislativa para el jueves a las 13 con ese único temario. En principio, se mantendría la presidencia rotativa de Acuerdos entre el Senado y Diputados, correspondiéndole en primera instancia a un representante departamental donde el justicialismo tiene mayoría.
También Diputados acordó que Leonardo Simoniello (UCR) representará a la Cámara en el Consejo de Seguridad Ciudadano que conformó la Municipalidad de Santa Fe y donde invitó a ambas cámaras parlamentarias a designar representantes.
El martes y en forma paralela a la convulsionada reunión de los diputados justicialistas, hubo un encuentro de los jefes de bloque que conforman el oficialismo, esto es socialistas, radicales, ARI, PDP y Encuentro.
Fueron varios los temas en análisis, entre ellos la necesidad de aceitar el mecanismo de comunicación entre el Ejecutivo y la Legislatura. La inquietud nació ante el veto del Ejecutivo a la ley de aumento de honorarios a abogados y procuradores. Los puntos vetados habían sido advertidos por algunos diputados oficialistas no socialistas pero no tuvieron eco y debieron levantar la mano para dejar sancionada la norma ahora vetada.
Otro tema abierto y sin resolución es quien debe representar a la Cámara la semana próxima en la reunión del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados. El cuerpo ya designó como miembro titular al radical Santiago Mascheroni. La Corte tendría otra lectura sobre quién debe representar al cuerpo en el marco de un expediente iniciado años atrás.
Tessio
La vicegobernadora Griselda Tessio informó que tras su reunión con Diputados prevista para el miércoles próximo, a las 17, la ministra de Educación, Elida Rasino, estará en su despacho para analizar la situación del sistema educativo santafesino junto a senadores.
En tanto, el jueves, a las 10, será el turno del ministro de Seguridad, Daniel Cuenca, para mantener una reunión con Tessio y legisladores.
El Poder Ejecutivo vetó tres artículos de la ley 12.851 sancionada el pasado 3 de enero por la Cámara de Diputados, que actualiza la ley 6767 de honorarios de abogados y procuradores. El veto, con texto alternativo, fue girado al Senado.
Precisamente en la Cámara Alta se inició el tratamiento del tema a sugerencia de los cinco colegios de abogados de la provincia y un grupo de profesionales festejó en las gradas de Diputados la sanción de la reforma en los primeros días del año.
Ahora, mediante el decreto 237, el gobernador Hermes Binner y el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, observaron parcialmente tres aspectos de la reforma, entre ellos el 39 bis, que dice: "Los honorarios previstos en esta ley tienen carácter alimentario y su ejecución o cobro no podrá ser suspendido bajo circunstancia alguna".
El Ejecutivo entiende que esta norma podría, por un lado, generar conflictos con el régimen legal vigente para la atención de sentencias judiciales y reconocimientos administrativos firmes y, por el otro, entrar en conflicto con normas de idéntica jerarquía que declaran emergencias nacionales o provinciales o, eventualmente, con leyes que dispongan moratorias.
Advierte, además, sobre el párrafo donde afirma que "los honorarios previstos en esta ley tienen carácter alimentario". Recuerda que la ley 7234 prevé que "El Poder Ejecutivo Provincial, las Municipalidades y/o Comunas podrán establecer mecanismos de excepción, cuando se trate de créditos de naturaleza alimentaria". Entiende el Ejecutivo que, "consecuentemente, la inclusión de la norma contenida en el artículo cuyo veto se propone también podría generar la errónea interpretación de que los honorarios profesionales de abogados y procuradores se encontrarían exceptuados del procedimiento establecido por imperio de la ley arancelaria".
Otro artículo vetado es el 8 inciso i) que hace referencia a la Dirección General de Rentas, debiendo reemplazarse este organismo por la Administración Provincial de Impuestos unos 20 años atrás.
El restante veto es al artículo 32 que declara la ley de orden público y establece que resulta "nulo todo convenio por el que se renuncien o reduzcan los aranceles establecidos de conformidad con ella". Para el Ejecutivo este párrafo luce en franca contradicción con la norma contenida en el artículo 1627 del Código Civil, que precisamente dispone que "las partes podrán ajustar libremente el precio de los servicios, sin que dicha facultad pueda ser cercenada por leyes locales".
"Salvo que se pretenda reintroducir la discusión respecto de la regulación de los servicios profesionales, debería eliminarse también este párrafo a fin de evitar controversias sobre la constitucionalidad de la norma", dice el decreto.
El veto lleva, además, los textos alternativos propuestos por el Ejecutivo.