El gobernador Hermes Binner decidió anoche relevar al jefe de la Unidad Regional I de policía, Juan Ruiz. Y esta mañana, el propio mandatario hizo explícito el motivo: "Fue por sus declaraciones sobre el Poder Judicial".

Como informara El Litoral en su edición de ayer, Ruiz planteó públicamente su malestar porque a su criterio, la policía cumple con su función de detener a quienes delinquen, pero son los jueces los que disponen de su libertad.

En diálogo con este diario, el titular del Colegio de Magistrados, el camarista penal Daniel Rucci, rechazó las imputaciones de Ruiz y reclamó mayor responsabilidad a la hora de opinar sobre "un tema tan instalado y tan sensible".

Rucci sostuvo que "si se habla sin estar informado, en lugar de esclarecer se confunde a la sociedad". En particular, mencionó una de las causas "emblemáticas" a las que aludió Ruiz: la que involucra al "Toco" Zavala, procesado por un tiroteo en la Recoleta y con numerosos antecedentes. "Todas las causas en las que habría estado involucrada esta persona, salvo una por un delito menor -resistencia a la autoridad- quedaron cerradas. Y en la última tiene el sobreseimiento confirmado por la Sala Penal II. Es decir que todo fue tramitado conforme a derecho", explicó.

Rucci sostuvo que "más allá de la necesidad de resolver esta problemática, las instituciones tienen que quedar al margen. Porque si se las pone en una situación como lo hizo el comisario Ruiz, lo único que se logra es provocar un descreimiento total de los ciudadanos. Debería haberse documentado lo suficiente y hablar sobre esa base.

"Hay una legislación, hay pactos internacionales, hay derechos humanos que respetar. No podemos tener una sociedad caótica, anarquizada", insistió el presidente del Colegio de Magistrados, y extendió la recomendación de prudencia a "los funcionarios políticos, policiales, judiciales", para no agudizar el problema.

En cualquier caso, el magistrado asumió que "el problema tiene muchas aristas" y requiere el compromiso de todos los sectores. "La policía tiene que aggiornarse para combatir una nueva modalidad delictiva, sigue actuando con elementos que no se adecuan. El Poder Judicial ha decidido participar e intervenir en la reforma procedimental que se necesita para llevar adelante las causas, pero no podemos hacer prevención. Y el sector político tiene que asegurar que todo esto se haga cuanto antes, no retrasar un cambio que es inevitable".

Rucci admitió que el discurso de que los delincuentes son atrapados por la policía, pero luego liberados en los tribunales, está muy encarnado en la sociedad. Pero insistió con la necesidad de brindar las garantías legales y resolver en función de los elementos fácticos con que se cuenta, que no siempre son los apropiados para producir una condena.

A la vez, sostuvo que "no podemos seguir con estas estructuras envejecidas y anticuadas, con estos modelos de investigación. Hay una serie de flagelos que influyen de manera determinante y que no se limitan al desempleo y la pobreza: está la droga, la destrucción familiar, los menores en la calle sin control. Todo esto debe ser afrontado con un compromiso de todos los sectores".

En ese contexto, reconoció que "esto también tiene que suceder dentro del Poder Judicial, que tiene que actualizar su metodología, sus códigos. La gente tiene que tomar el mayor de los compromisos: no somos empleados públicos, tenemos una responsabilidad mayúscula ante la sociedad. Pero con cuarenta años dentro de la Justicia, puedo decir que el compromiso de la gente está, y muchas veces no están los elementos".

En sus declaraciones de ayer, que culminaron con su relevamiento y reeditaron la polémica en nuestra ciudad, Ruiz espetó que "la URI y la Policía de la provincia están trabajando en todos sus ámbitos. La Unidad responde, pero que quede claro que los detenidos quedan a disposición de la Justicia. Nosotros no disponemos sobre la libertad", dijo, aludiendo a causas resonantes protagonizadas por imputados con frondosos antecedentes penales.

La declaración fue como un baldazo de agua fría para el gobierno provincial. Ruiz ya había formulado planteos similares en otras ocasiones, pero ahora, el gobierno interpretó como "inoportunos" sus dichos, a 72 horas de que Binner se reuniera con la Corte Suprema de Justicia para complementar acciones.

Pero no fue sólo eso. Más allá de la oportunidad, el gobierno consideró que declaraciones como las de Ruiz atentan contra la intención del Ejecutivo de demostrar que la policía está realmente bajo su dominio. "La Policía tiene que entender que no tiene autonomía, que depende del poder político", dijo ayer una fuente de la Casa Gris a El Litoral, sin desconocer que la Justicia también tiene sus problemas, pero que deben ser planteados en otro ámbito.

La inseguridad de la ciudad había sido uno de los temas centrales tratados ayer en la reunión de gabinete que se extendió por casi cinco horas, y a la que prosiguió otro encuentro del denominado gabinete social. Según informaron sus voceros al término de la reunión, el gobernador y los ministros trabajaron en un plan de seguridad para la ciudad que se anunciará mañana a las cinco de la tarde, con la participación de diferentes actores sociales. La jornada de trabajo terminó más tarde, cuando se anunció que Binner le había ordenado al jefe de la Policía provincial, Daniel Cáceres, el relevo de Ruiz.

Esta mañana, cuando ingresaba a la Casa de Gobierno, Binner confirmaba a los cronistas allí apostados, que la destitución obedecía a sus críticas al Poder Judicial. "Acá se le da la posibilidad a todos para que puedan desempeñar con absoluto criterio sus funciones. (Ruiz) ha tenido su oportunidad, pero cuando ocurre una situación de esta naturaleza, el camino está marcado", decía más tarde Binner, en declaraciones a LT2 de Rosario.

"Llevamos 24 años en los que los jueces se elegían de manera discrecional. Ahora hemos elegido un camino diferente, un mecanismo democrático que va a permitir elegir a los mejores", enfatizó. Pero aclaró que el principal cambio en la Justicia se verá "en la medida en que se produzcan vacantes".