De la redacción de El Litoral

La solicitud de mayor celeridad judicial en las causas que se tramitan en la provincia por el terrorismo de Estado y una tarea conjunta entre el Estado nacional y la provincia solicitaron testigos, querellantes y patrocinantes de dichas causas en territorio santafesino.

Así surgió de las conclusiones del encuentro convocado por la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, que se realizó en Rosario y fue presidido por la radical Mónica Peralta. En dicho encuentro tomaron parte, además, funcionarios nacionales y provinciales.

Entre las conclusiones de la reunión se solicitó que la dirección del programa de protección a testigos esté a cargo de un civil; la conformación de redes de contención, psicólogos o formación acorde, que acompañen a las víctimas en la tarea de testimoniar; reforzar la prevención, disuasión y el control de los represores, y marcar una estrategia de trabajo colectivo que permita avanzar en cuestiones concretas, definidas por un equipo de trabajo.

También acordaron un intercambio de experiencias con abogados, querellantes y testigos de otras jurisdicciones; reclamar a la Justicia Federal mayor celeridad en la tramitación de los juicios y solicitar al gobierno nacional su contribución para agilizar las causas por terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad.

En cuanto al gobierno provincial, solicitaron colaboración y apoyo logístico en estas causas y trabajar para la coordinación de esfuerzos entre Nación y provincia con el objetivo de garantizar la seguridad de las víctimas.

Los participantes se comprometieron a recibir el aporte de iniciativas tendientes a encontrar parámetros de trabajo, en un sentido preventivo para los testigos y querellantes, y buscar apoyo de la sociedad civil, instituciones, ONG's, gremios, partidos políticos, colegios profesionales y prensa para el acompañamiento de los juicios.

En el encuentro tomaron parte Elena Mariani, miembro del programa Verdad y Justicia de la Jefatura de Gabinete, y Ana Figueroa por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El gobierno provincial estuvo presente con María Bressan, secretaria de Derechos Humanos; Juan Lewis, subsecretario de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Oscar Bello del Ministerio de Seguridad.

Por la Cámara de Diputados estuvieron Alicia Gutiérrez, convocante de la reunión, Peralta, Gerardo Rico; Inés Bertero, Lucrecia Aranda y Raúl Lamberto. Además, hubo representantes de Madres de Plaza, miembros de organismos de Derechos humanos, testigos, querellantes y patrocinantes de las causas contra el terrorismo de Estado.