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De la redacción de El Litoral/DyN
La Cámara de la Industria y Comercio de la Carne (Ciccara) denunció una serie de intimidaciones y amenazas y acusó a la Secretaría de Comercio de adoptar "actitudes y disposiciones" que amenazan el desenvolvimiento de la cadena de ganados y carnes en el país.
"La Secretaría de Comercio Interior adoptó, en las últimas horas, una serie de actitudes y disposiciones que atentan contra el normal funcionamiento de nuestra entidad y amenazan el desenvolvimiento de la cadena de ganados y carnes del país en su conjunto", dijo Ciccara mediante un comunicado de prensa.
La entidad señaló que "la agresión hacia nosotros comenzó a gestarse el 5 de marzo, cuando el secretario (Guillermo) Moreno eludió, mediante evasivas y dilaciones, dialogar con los legítimos representantes de la Asociación para presentar su propuesta, tendiente a renovar el acuerdo de precios".
Ciccara denunció que, "por el contrario, optó (Moreno) por reunirse con un empresario, Jorge Martínez, afiliado a la Cámara, pero carente de representación, con quien, posteriormente, concurrió al despacho del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para presentarlo como un delegado de Ciccara, portador de la adhesión de la entidad a su propuesta".
La entidad afirmó que "el irregular procedimiento mereció la inmediata aclaración de nuestra entidad en el sentido de que no habíamos participado del presunto encuentro y, menos aún, dado nuestra aprobación a la propuesta de la Secretaría.
"En respuesta a nuestra manifestación, la Secretaría de Comercio Interior envió el pasado 5 de marzo, a las 11 horas, un equipo de inspectores a nuestra sede para solicitar, entre otras cosas, el listado de todos los asociados y miembros de la cámara, invocando la Ley N° 22.802".
Ciccara rechazó el pedido "por considerar que las mencionadas normas no facultan al organismo a formular tal demanda. Pero los inspectores regresaron pocas horas después para reiterar la exigencia, invocando en esta oportunidad la Ley N° 20.680, la que, al igual que la anterior, no faculta a la citada Secretaría a solicitar el listado de asociados". Al mismo tiempo, "afiliados de Ciccara informaron que recibieron llamados intimidatorios de la Secretaría".
La disputa entre Moreno y los frigoríficos exportadores se inscribe en la falta de acuerdo por los precios de la carne. El gobierno quiere volcar producción al mercado interno, y a falta de mayor rentabilidad en los mercados externos, la cadena se resiente porque los productores de ganado optan por la soja y se disminuye la oferta de carne.
En ese clima, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) no pudo garantizar al jefe del Servicio Sanitario ruso la carne que vino a buscar a la Argentina. Sergei Dankvert estuvo en el país hace dos semanas para indagar si los frigoríficos locales podrían cumplir con la provisión al máximo comprador de carnes que tiene la Argentina.
"No pudimos asegurarle nada porque no depende de nosotros", comentó el productor y presidente del IPCVA, Dardo Chiesa, según señala hoy El Cronista. Cabe recordar que Moreno propone reducir en un 40 % las exportaciones para volcar producción al mercado interno y promover una baja de precios.
Protesta del campo
La Federación Agraria Argentina (FAA) anunció que el martes próximo iniciará un plan de protestas públicas que podría terminar en un paro del campo, en protesta por las políticas nacionales para el sector. La manifestación será frente a los puertos del sur santafesino que operan cereales y oleaginosas, en este caso para reclamar por el precio que reciben los productores trigueros. "Esta será la primera señal que quiere dar el campo y luego, como vienen las cosas, vamos directo a un paro nacional", advirtió el presidente de FAA, Eduardo Buzzi, durante su visita a Expoagro.
Los empleados de frigoríficos harán un "paro y movilización en todo el territorio nacional, y cortes de rutas el día viernes 14 de marzo", según lo hizo saber el sector en un comunicado.
La Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines así lo dispuso en una reunión de secretarios generales, reunidos ayer en Buenos Aires "ante la incertidumbre reinante en los trabajadores por su continuidad laboral y posible reducción o cierre de las exportaciones".
El sector sindical advierte que en el escenario actual podrían producirse reducciones de jornadas de trabajo "y en algunos casos despidos". Advierten además que el contexto les imposibilita "una negociación salarial seria" en las paritarias del sector.
Los sindicalistas dicen que toman la medida "al no ver con claridad una política nacional de carnes". Y señalan que se ven "obligados" a tomar la medida de fuerza "dejando claros los objetivos de los trabajadores ante los organismos correspondientes, porque hasta el día de la fecha los trabajadores somos meramente espectadores, sin tener la participación necesaria para plantear nuestras ideas y necesidades".
La reeditada confrontación del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, con integrantes de la cadena agroalimentaria, continúa con una línea que el gobierno inició en 2006, desalentando o inhibiendo exportaciones con la pretensión de volcar producción al mercado interno.
Como en el caso de la leche, el efecto logrado fue una disminución de la producción porque los productores eligieron pasarse a actividades más lucrativas (soja), lo que redujo la oferta y realimentó la inflación.
El gobierno pierde oportunidades de exportación y no logra controlar la inflación, pero insiste en su política. La cadena láctea logró un principio de diálogo, pero en el escenario de la carne las disputas continúan sin que se produzcan avances.
Moreno busca establecer precios máximos para cortes populares, iniciativa que ya se implementó sin resultados. La alternativa de subsidiar la media res destinada al mercado interno tiene alto costo fiscal y plantea dificultades administrativas.
Muchos frigoríficos que abastecen el mercado interno trabajan en negro, y no podrían presentar las facturas para cobrar el subsidio. Eso confronta a la industria "consumera" con los exportadores, que trabajan con exigencias sanitarias y fiscales mayores, pero son los más presionados por Moreno.