La reciente decisión del gobierno nacional de prorrogar el límite a las exportaciones de carne viene a agravar la situación de la cadena ganadera. El aumento del consumo ubica a nuestro país en casi 70 kg. de carne por persona por año. Esto obedece a una cuestión cultural, pero también de bolsillo. Es que con lo que se compra un kilo de carne vacuna se alimenta a una familia tipo más y mejor que su equivalente en verduras u otro tipo de producto de la canasta básica, cuyos precios se han incrementado drásticamente en detrimento de los sectores más humildes.
Las cifras hablan que durante enero la industria frigorífica registró el mayor nivel de faena de los últimos 11 años. Este nivel implica una suba de más del 4% respecto a diciembre pasado. En febrero -sin embargo- se mandaron al matadero 15% menos de cabezas de lo que se liquidó en enero, merma que se explica por la evolución estacional de la actividad.
Este aumento del consumo aumentó significativamente el precio en las últimas semanas, a lo que el sector oficial respondió con dos propuestas. La de Moreno incluye precios máximos para los 12 cortes más populares, un valor de referencia para la media res y un drástico recorte de las exportaciones. La de De Urquiza fija una compensación para la media res, a cambio de mantener los 12 cortes populares.
El mayor temor oficial se concentra en lo que pase en marzo -históricamente un período en el que la demanda se dispara-, mientras que la oferta se retrae por cuestiones estacionales.
Por lo pronto, cabe recordar que ya se cumplen 2 años con las puertas cerradas a la exportación. La medida comprobó ser no sólo ineficiente, sino altamente perjudicial para la ganadería argentina. Pero se insiste en la profundización del mismo camino, minando sistemáticamente las expectativas del productor y aumentando el crecimiento de la agricultura.
Ante la continuidad de estas medidas, peligra -entre otras cosas- gravemente la continuidad laboral de los trabajadores de la industria cárnica. El gremio de la provincia de Buenos Aires marchó en reclamo de respuestas (en conjunto con Carbap), mientras que en Santa Fe, el sindicato evaluaba medidas similares.
En medio de este círculo vicioso en el que nadie se beneficia, la tozudez de la administración nacional en insistir con este tipo de restricciones choca con una realidad bien distinta. Ya quedó demostrado que no se puede forzar la realidad, sino más bien admitirla y trabajar en conjunto para mejorarla. De otra manera, será cuestión de tiempo para que las vacas sean sólo un recuerdo en la provincia de Santa Fe y en el país todo. La Argentina no se puede seguir dando el lujo de seguir tirando por la borda años de trabajo de selección genética. La responsabilidad del gobierno provincial en este tema es clave para torcer este aciago destino sin vacas.
