En estos días, la opinión pública argentina ha tenido la oportunidad de presenciar o leer los debates entre los candidatos presidenciales en Estados Unidos de Norteamérica y España. En el caso de EE.UU., se trata de los precandidatos demócratas Barack Obama y Hillary Clinton, en tanto que en España el mismo está abierto entre el conservador Mariano Rajoy y el socialista Rodríguez Zapatero.

Con un poco de memoria podríamos recordar los debates entre los candidatos chilenos y uruguayos, y el que en su momento tuvo que sostener Lula en Brasil después de haberse negado a ello y de haber pagado un precio político importante por esa negativa.

En Europa, particularmente en Gran Bretaña, Alemania y Francia, las discusiones entre los postulantes forman parte de la propia campaña electoral. En todos estos casos, los candidatos participan de estas disputas porque seguramente así lo exigen sus convicciones, pero sobre todo porque la ciudadanía los sancionaría políticamente si se negaran a hacerlo.

Los debates públicos son un servicio que los candidatos o los partidos le prestan a la ciudadanía. Una elección es una decisión importante -se trata de la médula de la democracia-, por eso los electores deben disponer de buena y amplia información. Y no hay duda de que el intercambio de opiniones entre los principales rivales permite al ciudadano sacar conclusiones.

En la Argentina, este recurso importante para la formación del juicio ciudadano es rehuído o muy poco empleado. Desde 1983 a la fecha los principales candidatos presidenciales nunca han polemizado. La razón siempre ha sido la misma: el que considera que va ganando no arriesga su ventaja en un debate público.

Esto ocurre en el orden nacional y en la mayoría de los comicios provinciales. Al respecto, uno de los antecedentes que contradice esta tendencia fue el debate que hace casi veinte años sostuvieron en la provincia de Buenos Aires Juan Manuel Casella y Antonio Cafiero. Que la memoria registre un solo caso, demuestra que el debate entre candidatos en la Argentina es excepcional.

El triunfalismo, la soberbia, la subestimación del electorado, son algunos de los prejuicios que dominan a nuestra clase dirigente. En su momento, Menem se negó a debatir con Angeloz y Bordón; De la Rúa luego hizo lo mismo con Duhalde; y Kirchner y su esposa, se sabe, no sólo no debaten con otros candidatos, tampoco conceden conferencias de prensa.

Lo grave de estas conductas es el empobrecimiento del espacio público. Los políticos se quejan en diversos tonos del desinterés de la gente, pero a la hora de la verdad parecería que están conformes con esa actitud. Sin duda que para que ello ocurra es necesario una dirigencia insegura y despreciativa de las reglas del debate público.

Por otra parte, está claro que si existiera una sociedad decidida a hacer valer sus derechos, los políticos se verían obligados a comportarse de otra manera. Digamos que entre la soberbia de la clase dirigente y la indiferencia de una sociedad que suele premiar el aparente éxito de las encuestas, se termina de configurar un escenario republicano empobrecido.