De la Redacción de El Litoral
La Cámara de Diputados dio media sanción anoche a un proyecto de seguridad vial, impulsado por el Poder Ejecutivo, que crea una agencia nacional dedicada a establecer políticas, aunque debe volver a pasar por el Senado para convertirse en ley.
El proyecto de ley fue aprobado en general por 195 votos positivos de la mayoría de los bloques, uno negativo y dos abstenciones, mientras que hubo disidencias parciales en su tratamiento en particular que finalizó minutos antes de la medianoche.
La norma ya había sido tratada en la Cámara Alta, pero debe volver allí porque Diputados agregó al texto la creación de un impuesto del 1 por ciento de las pólizas de los seguros automotor para destinar a políticas de prevención.
En verdad, el mensaje enviado por el Ejecutivo contemplaba ya esa idea, pero fue retirado en el Senado porque todos los impuestos que se crean deben tener su primer tratamiento en la Cámara Joven.
La titular de la Comisión de Transporte, la oficialista salteña Zulema Daher, sostuvo que el proyecto enviado por el Ejecutivo demuestra que el tema "ha sido tomado por el gobierno como política de Estado" y apuntó que en sí representa las "políticas necesarias para el comportamiento en el espacio público".
En ese sentido, remarcó instancias a analizar respecto del problema de la inseguridad como "el usuario, el vehículo y la situación vial", como así también con relación a la seguridad vial materias como "educación, control e infraestructura".
La diputada cordobesa de la Coalición Cívica, Griselda Baldada, calificó como "pandemia social" el nivel de accidentes de tránsito registrados en el país, habló de "inacción" de parte del gobierno y recordó que durante la administración de Néstor Kirchner se planteó el mismo plan que terminó en "un fracaso".
Argumentó que el objetivo del referido plan era bajar en dos años un 20 por ciento el índice de siniestralidad en el país, pero señaló que, en ese período, "hubo 5,85 por ciento de incremento del índice".
Luego sostuvo que hay "un sistema discrecional injusto" de las inversiones de infraestructura, al recordar que "la provincia de Santa Cruz recibió 305 millones de pesos; Santa Fe, 197 millones de pesos y Córdoba, 203 millones de pesos", pero recordó que mientras "Santa Fe y Córdoba ocupan el segundo lugar" en la escala de accidentes de tránsito "Santa Cruz tiene el vigésimo tercero".
El bonaerense Felipe Solá enfrentó las críticas de la oposición sobre la falta de obras viales y afirmó que en los últimos cuatro años en el país se realizaron obras "provinciales y nacionales" no sólo en Buenos Aires sino en otras provincias "en consulta con los gobernadores".
El arista autónomo Carlos Raimundi habló de encarar el tema de seguridad desde un punto de vista integral y no sólo por el tema vial, y acotó que "no puede haber crecimiento del parque automotor sin que haya desarrollo de la infraestructura".
"El hecho de no atender a la reactivación de ferrocarril y reemplazarlo por el transporte automotor implica fortalecer un sistema de alianzas y apoyos políticos sin los cuales no se podría haber hecho el acto de (el camionero Hugo) Moyano el otro día", apuntó.
El plenario de las comisiones de Transporte y Presupuesto de la Cámara Baja modificó ayer el proyecto aprobado en el Senado y cambió la prohibición de venta de bebidas alcohólicas a la vera de las rutas por una simple limitación de esa comercialización.
La ley establece ahora: "Limítase el expendio de bebidas alcohólicas, cualquiera sea su graduación, para su consumo en establecimientos comerciales que tengan acceso directo desde caminos, rutas, semi-autopistas o autopistas", y deja abierta a la reglamentación del Ejecutivo la forma en que se aplicará dicha limitación.
También se modificó el articulado que establecía la prohibición de "toda clase de publicidad de bebidas alcohólicas" en zonas linderas a caminos, rutas y autovías, por una versión más remozada.
La intención de los cambios apunta a no afectar la actividad comercial en las distintas poblaciones, sobre todo en los pequeños poblados, así como a la producción vitivinícola como la de la provincia de Mendoza y en otras jurisdicciones, explicaron fuentes legislativas.
El Senado aprobó ayer por unanimidad un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo "un conjunto de medidas de carácter extraordinario para la circulación" en las rutas nacionales, durante la próxima Semana Santa.
El socialista santafesino Rubén Giustiniani, autor del proyecto, afirmó que las medidas reclamadas apuntan a paliar las "cifras aterradoras en accidentes de tránsito" en el país.
Giustiniani remarcó que durante el próximo fin de semana largo "van a salir a las rutas nacionales y provinciales alrededor de un millón de personas".
Para el kirchnerista Miguel Angel Pichetto, se trata de un proyecto "para notificar al Ejecutivo de un conjunto de sugerencias para implementar en Semana Santa, que es cuando se mueve la familia".
"El tema de la restricción de camiones habría que profundizarlo para más adelante con algún contenido legislativo. Porque cuando la gente muere, luego hacemos toda la perorata del lamento", sostuvo el jefe del bloque del Frente para la Victoria.
La norma reclama al Ejecutivo que haga cumplir una serie de medidas como la "restricción de circulación en caminos, rutas y autopistas de jurisdicción nacional" para el jueves 20 de marzo, cuando comienza Semana Santa, y el 24, cuando se conmemora el Día de la Memoria.
Las limitaciones reclamadas son para "camiones, cosechadoras, fumigadoras, tractores" y vehículos de similares características. La única excepción para la circulación de camiones es que su tránsito sea por "necesidad manifiesta", como podría ocurrir en Salta a raíz de las inundaciones que afectan a esa provincia.
La norma pide un "control del cumplimiento de velocidad permitida de acuerdo con la señalización existente, en tramos críticos de las principales rutas turísticas del país".
Además, solicita la "realización de pruebas de alcoholemia a conductores profesionales en las salidas de las terminales y paradas de ómnibus de media y larga distancia y controles en las planillas para el cumplimiento de las jornadas horarias legales".
También exige un "control en cada puesto de peaje de la cantidad permitida de pasajeros en vehículos particulares y el correcto funcionamiento de los dispositivos elementales de seguridad".
Otros temas incluidos en la norma son la "difusión" de las "formas de prevenir los accidentes de tránsito, normativas de circulación, circunstancias de peligro, mapa de riesgo vial de rutas turísticas y recomendaciones de manejo en situaciones de riesgo".
Control
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó este mediodía el decreto para la implementación de un plan de seguridad vial para los próximos feriados de Semana Santa, en un acto que contó con la presencia del titular del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano. El plan vial consistirá en restringir la circulación de camiones en las principales rutas del país y la instrumentación de un sistema de postas para controlar la velocidad de los micros de larga distancia. Del operativo participarán fuerzas de seguridad y además incrementarán los habituales controles de alcoholemia y de documentación.
Centralización
La norma dispone la creación de una agencia nacional de seguridad, la implementación de una licencia nacional con un sistema de puntaje -que no elimina las de las jurisdicciones comunales- y propone un sistema de multas únicas.