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Política: POLI-02
Se firmó esta mañana en la Casa de Gobierno
Convenio para poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal
El acuerdo es con el Inecip, que apoyará a la provincia con asesoramiento y capacitación. El ministro de Justicia, Héctor Superti, exhortó a los tres poderes del Estado a que colaboren, para poder hacer realidad después de 25 años, un nuevo sistema de enjuiciamiento en Santa Fe.
De la redacción de El Litoral
El gobernador Hermes Binner suscribió hoy un convenio marco de colaboración y cooperación con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) para la aplicación de la reforma procesal penal en Santa Fe. Del acto participaron el ministro de Justicia, Héctor Superti, y Ángela Ledesma por el Inecip. También estuvieron la vicegobernadora Griselda Tessio, legisladores, ministros, jueces, juristas y académicos. A partir de este acuerdo, las partes procurarán realizar trabajos de investigación o estudios para conocer la situación actual de la Justicia penal de la provincia. También, celebrar consultas técnicas sobre leyes, proyectos legislativos, estrategias y planes de acción sobre el nuevo sistema de enjuiciamiento, y buscar el intercambio regular de información. "Podemos decir que éste es el día en el que formalmente empezamos a trabajar en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal", dijo Superti. El ministro leyó un texto elaborado en 1984 por la comisión que, convocada por el entonces gobernador José María Vernet, había trabajado también para reformar el sistema. "Qué pasó en Santa Fe en 25 años, cuando fuimos pioneros en plantear este tema tras el advenimiento de la democracia", se preguntó Superti. El funcionario advirtió lo paradojal que resulta haber asesorado académicamente desde Santa Fe a otros países para reformar sus códigos, cuando el propio seguía obsoleto. "Pasaron muchas cosas. En esta provincia se gestó un proyecto en 1992 que fue modelo de muchos otros códigos. Pero aquí la decisión política era insuficiente teniendo en cuenta la resistencia al cambio que desde algunos sectores se planteaba. Y esa resistencia no era imaginación ni fantasía. A veces era expresa y otras, solapada. Había un establecimiento de paradigmas que hacían que este cambio no avanzara", alertó.
De aquí en más
Respecto del nuevo Código que por fin se logró sancionar en Santa Fe el año pasado, Superti advirtió que es necesario avanzar en función de tres ejes: el del paquete normativo que necesita sanción legislativa, el de la capacitación de los operadores, y el de la infraestructura y presupuesto. "Para tratar estas tres líneas es muy importante este convenio porque viene a apoyarnos y ayudarnos, a fin de que esta vez sí podamos hacerlo", dijo Superti. El ministro aseguró que hoy existe decisión política para aplicar el nuevo sistema de enjuiciamiento, y confió en "la madurez" de la Legislatura para que entienda que "ésta es una cuestión de Estado", que demandará la sanción de leyes que permitan llevar a la práctica el nuevo sistema de enjuiciamiento. Con un discurso conciliador, lejos de aquellos calificativos que tensionaron la relación entre jueces y funcionarios del gobierno hace pocos días, el ministro de Justicia valoró también "la predisposición" exteriorizada por los colegios de profesionales y aseguró que hoy "los tres poderes del Estado y los operadores estamos coincidiendo. Tengo esperanzas de que después de un cuarto de siglo, esto se haga realidad", esbozó.
Sin mezquindad
Desde el Inecip, Ángela Ledesma confesó el "asombro por el incomprensible letargo" en el que incurrió Santa Fe para poner en marcha el nuevo sistema penal, y reiteró que su concreción depende de todos los sectores. "Se necesita una actitud abierta y generosa de la Legislatura, y también, un compromiso del Poder Judicial, de operadores y operados. Pero va a traer dificultades e incomodidades -advirtió-, y tenemos que estar preparados porque no hay lugar para mezquindades y resentimientos". A su turno, la doctora Tessio consideró que no haber sabido generar un Código garantista en 25 años, es una materia pendiente de la democracia. "Los viejos sistemas alteran la paz social y propician la guerra de todos contra todos. Rompe la relación entre representantes y representados", manifestó. Finalmente, el gobernador Binner resaltó la importancia de la firma del convenio; valoró el escenario de la firma (la Casa de Gobierno, donde en 1853 se sancionó la Constitución Nacional), y subrayó la necesidad de garantizar la independencia de los poderes.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales es una institución reconocida internacionalmente, que se dedica a la investigación, la asistencia técnica y la capacitación para las reformas del proceso penal. Sus máximas autoridades son David Baigún y Alberto Binder, e integran su consejo consultivo Gregorio Klimosky y Eugenio Zaffaroni, entre otros. A lo largo de sus 15 años de actividad, desarrolló múltiples trabajos y proyectos en la mayoría de los países latinoamericanos y del Caribe. Sus miembros -ya sea en forma individual o integrando equipos técnicos multidisciplinarios conformados por expertos locales de los diferentes países- participan en los procesos de transformación del sistema penal y de la administración de justicia en la región.
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