Los gobernantes deberían ganar un sueldo que no sea tan alto que humille a la sociedad ni tan bajo que los humille a ellos mismos.

Cuando a Francois Miterrand le preguntaron sobre lo que consideraba que debía ganar dijo que su sueldo, el sueldo del presidente de Francia, debía estar a la altura de su investidura para que no existiera ninguna sospecha sobre los ingresos de la persona que dirigía los destinos de una gran nación. Miterrand podría haber contestado, de acuerdo con una añeja tradición comunera de la izquierda, que su sueldo no debía superar al de un obrero, pero él no se iba a permitir ese gesto de demagogia.

En su versión honesta, fue la izquierda la que reclamó sueldos bajos para los gobernantes; en su versión tramposa, ese dudoso honor le correspondió al populismo. Curiosamente, no fueron ni los populistas ni la izquierda quienes promovieron de manera efectiva los sueldos bajos de los mandatarios. En realidad, esa iniciativa la practicaron en sus inicios las tradicionales clases oligárquicas.

Algunos de sus representantes lo hicieron porque eran austeros, otros porque en realidad sabían que sus ingresos no dependían de un sueldo; unos y otros podían darse esos lujos porque eran propietarios riquísimos y el Estado era una suerte de patrimonio familiar que había que manejar con cierto recato.

En esos tiempos, era habitual que el gobernante donara su sueldo a alguna institución de beneficencia. Está claro que el hombre podía darse ese lujo porque a su familia la mantenía con otros ingresos, concretamente los que provenían de la renta de la tierra. He leído que una respuesta habitual de estos mandatarios cuando se les presentaban dificultades serias era la siguiente: "Me vuelvo a la estancia...". Eso sí, antes de regresar al casco se ocupaban de acomodar a parientes inútiles y amigos parásitos en el Estado que funcionaba como una suerte de caja de asistencia para los Isidorito Cañones de la oligarquía.

Con la ampliación de la participación democrática, llegaron al poder otros dirigentes sociales, provenientes -en la mayoría de las casos- de las clases medias. Para dedicarse a la política, muchos de ellos abandonaban sus estudios, sus consultorios o sus negocios. El sueldo pasó a ser importante porque ya no había una renta millonaria que respaldara la actividad política.

Un legislador como Juan B. Justo, que había abandonado la profesión y vendido el coche para hacer política, debía prestar atención al sueldo que cobraba porque no tenía otros ingresos. Nicolás Repetto fue diputado durante treinta años, nunca tuvo auto, llegaba al Congreso en colectivo y, sin embargo, no faltó un provocador que lo denunciara por ser el supuesto dueño de los principales conventillos de la Boca. Fue en esa ocasión, cuando habló de arrojar su honra a los perros. Alfredo Palacios fue acusado de oligarca por Jorge Antonio, un enfermero peronista que se hizo millonario negociando con el poder, mientras que Palacios nunca tuvo casa propia y de lo único que se enorgullecía era de su biblioteca.

La recuperación de la democracia en 1983 significó, al mismo tiempo, la reivindicación de los políticos y la crítica a los políticos. Por buenas y malas razones, la sociedad comenzó a atribuir a los políticos las responsabilidades de las desgracias nacionales. La imputación no era arbitraria, pero la generalización la transformaba en injusta.

Efectivamente, los abusos cometidos desde el poder por parte de los malos gobernantes contribuyeron de manera decisiva a generar consenso en contra de la política y los políticos. Se sabe que el sentido común de doña Rosa ama las simplificaciones y odia el pensamiento que obliga a tener en cuenta los matices.

Curiosamente, los mismos políticos -responsables directos o indirectos de ese desprestigio- fueron quienes empezaron a poner en discusión los supuestos sueldos altos de los gobernantes. En la mayoría de los casos, no era la austeridad o la eficiencia lo que los movilizaba, sino la demagogia. Suponían que exhibiendo ingresos bajos conquistaban el corazón de las masas y, efectivamente, en más de un caso lo hicieron.

La idea de relacionar corrupción política con sueldos altos puede parecer justa, pero en rigor no lo es o, por lo menos, no siempre lo es. Quienes conocemos la política y los juegos más o menos sinuosos, más o menos perversos del poder, sabemos que los políticos no se hacen millonarios por los altos sueldos que reciben sino por los negociados que perpetran. Si los viejos conservadores podían donar sus sueldos porque la estancia proveía de recursos multimillonarios, los actuales políticos corruptos pueden hacer más o menos lo mismo porque los ingresos millonarios llegan de otros lados, no de los sueldos, sino de las relaciones económicas, visibles e invisibles, que reproduce el poder.

Si a la corrupción se la combate en serio, lo que hay que combatir son sus fundamentos, sus relaciones íntimas. La verdadera corrupción opera en las penumbras, en los negociados entre el Estado y ciertos capitalistas amigos, en los supuestos fondos reservados que otorgan millones de pesos a funcionarios que nunca rinden cuentas y que aprovechan cargos ñoquis, no de un pobre peón sino de personajes que facturan cifras millonarias por servicios que no prestan.

Si alguien quisiera conocer la trama íntima de la corrupción, más que fijarse en el sueldo de un gobernador habría que prestar atención a las condiciones en que se celebra una licitación pública o a las exigencias a la que es sometida una empresa privada que desea invertir.

Es muy cómodo, y muy injusto, suponer que el sueldo de un gobernador, o los gastos de manutención de funcionarios, sean sinónimo de corrupción. En el caso de nuestra provincia, es necesario no sólo que el sueldo de los funcionarios del Ejecutivo sea digno, sino que además sea transparente. Si me dicen que un funcionario de Rafaela, Rosario o Reconquista, viene a Santa Fe pagando los gastos de su bolsillo pienso inmediatamente que está haciendo trampa.

En este tema también se cumple el adagio popular de que lo barato sale caro. La respetabilidad de la provincia exige que el gobernador no cobre sueldos de magnate, pero tampoco de mendigo. Los sueldos bajos despiertan sospechas sobre el origen de los verdaderos ingresos; pero además, con esos montos mínimos se hace muy difícil, por no decir imposible, comprometer en la función pública a técnicos de jerarquía.

Los actuales gobernantes no son hombres improvisados y mucho menos desconocidos. Binner, Bonfatti, Di Pollina, Zavalza, por mencionar a los más reconocidos, han ejercido responsabilidades públicas y se han distinguido por su austeridad. Es probable que en el ejercicio del poder cometan errores, se equivoquen, pero me atrevería a decir que si en un punto son invulnerables es en el de la honradez.

El peronismo santafesino es la oposición y ese rol debe ejercerlo con celo y si es necesario con dureza. Lo que no debe, ni le conviene, es perder tiempo en zancadillas menores, en chicanas de baja estofa. Dicen que cuando a un empinado funcionario nacional le preguntaron su opinión sobre la victoria del Frente Progresista en Santa Fe, dijo que iba a ser muy difícil sacarlos del poder porque se trata de militantes que trabajan mucho y no roban. Como diría el refrán: "A confesión de parte, relevo de pruebas".