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El sector reclama públicamente que mediante un decreto el gobernador Hermes Binner retire el veto del Ejecutivo -impuesto por su predecesor Jorge Obeid- que limita los derechos laborales de los bancarios. Exigen definiciones, a 10 años de la privatización de la entidad bancaria provincial.
De la redacción de El Litoral
El gobernador Hermes Binner ha recibido en su despacho un carta abierta que describe la situación de indefinición que viven los bancarios transferidos que fueran empleados del ex Banco Provincial, privatizado en 1998.
El texto lleva las firmas de más de 50 bancarios transferidos y pide al titular del Poder Ejecutivo que "tenga la dignidad y la hombría de bien de retirar en forma urgente el veto a la ley N°12.645/06, el que fuera enviado (a las Cámaras) por su antecesor Jorge Obeid. De ser así, estaría Ud. actuando en defensa de los derechos humanos de todas nuestras familias y de los caídos en estos largos años de luchas, padecimientos, sacrificios y discriminación; cumpliendo definitivamente con su palabra empeñada en su campaña electoral, cuando manifestaba su convicción de aplicar la ley".
En otros párrafos, la nota elevada al gobernador -que habla de la situación que viven unos mil quinientos bancarios transferidos y distribuidos en distintas reparticiones, muchos de los cuales ya han iniciado reclamos administrativos y judiciales-, recuerda que la "Ley Nacional 23.696 de reforma del Estado, en su artículo 44, preveía en forma expresa el mantenimiento de las condiciones laborales del personal que se desempeñara en organismos o sociedades del Estado que fueran privatizadas".
También advierte que "la provincia de Santa Fe a través de la ley N° 10.798 del 10 de enero de 1992" adhirió a esa norma nacional que resguarda los derechos laborales de los trabajadores de áreas a privatizar, y que "el artículo 13 de la ley N°11.387 del año 1996 establece claramente la aplicación del Convenio Colectivo Bancario N° 18/75".
Antecedentes
Desde su pase a la administración pública en la privatización de 1998, sobre la base de la ley mencionada de 1996, los bancarios no han contado con la aplicación de su Convenio Colectivo y tampoco han ingresado -en la enorme mayoría de los casos- a la carrera administrativa de los demás agentes.
La situación se prolongó, lo que ha generado reclamos administrativos y juicios contra el Estado que -se calcula- pueden llegar a representar unos 60 millones de pesos, si la polémica subsiste (y la Justicia da lugar al reclamo).
En el centro de las diferencias se encuentra una por lo menos polémica interpretación, de los gobiernos de Carlos Reutemann y de Jorge Obeid, sobre el artículo 6to de la Ley de Privatización 11.387.
Ese artículo define la forma en que se mantendría el vínculo laboral entre los ex agentes de la entidad vendida en 1998 y el sector público santafesino, pero desde entonces subsiste una discusión entre este sector de trabajadores y la provincia.
En 2006, la cuestión llegó a ventilarse incluso a nivel nacional, con pronunciamientos de la Asociación Bancaria, en un contexto en el que las demás provincias que privatizaron sus entidades de crédito resolvieron -respetando el Convenio Bancario- la transferencia de los agentes al Estado. Tal es el caso, entre otros, de Entre Ríos y Córdoba, mencionados por los bancarios que ahora se dirigen al gobernador Binner, que han elevado documentación sobre ambos en la carta abierta al titular del Ejecutivo.