Hace poco menos de dos años, los senadores radicales Carlos Fascendini (hoy diputado provincial del Frente Progresista Cívico y Social) y Felipe Michlig (quien renovó su banca con la alicaída UCR) lograron en la Cámara Alta que el justicialismo votase un proyecto de ley que dejaba resuelta la cuestión de los bancarios transferidos: establecía el cumplimiento del Convenio Bancario.
El texto fue revisado en Diputados a principios de octubre de 2006 y el día 19 de ese mes recibió la sanción definitiva de la Cámara de origen. Sin embargo, el 9 de noviembre de ese año, el entonces gobernador Obeid vetó la ley (lo mismo que otra que establecía una veda para la pesca de sábalos, que luego fue finalmente aprobada casi sin cambios).
Las sanciones de sendas Cámaras sobre los mil quinientos bancarios transferidos habían logrado la unanimidad. Aquel veto abrió un verdadero abismo entre aquellos Ejecutivo y Legislativo, que duró hasta el inicio del período ordinario del año siguiente (el 1º de Mayo de 2007).
En el Senado, la mayoría justicialista -en varias oportunidades- abortó las sesiones, al dejarlas sin quórum, para no contradecir a Obeid. Quedó entonces el veto firme de manera ficta o de hecho, es decir, sin debate ni pronunciamiento de los legisladores: por el simple paso del tiempo. Ahora, los bancarios transferidos piensan que bastaría con el dictado de un nuevo decreto que retirase el veto anterior, para que aquella norma recuperara su vigencia.
Más allá del reclamo sectorial en la carta abierta al gobernador Hermes Binner, debe recordarse que lo exigido forma parte de las posiciones que históricamente han reivindicado los bloques del PS, de la UCR y del PDP, mientras actuaron en la oposición. Hoy son esos mismos actores políticos los que sustentan el Frente que tiene en sus manos el gobierno y la respuesta a los bancarios.