El gobierno nacional pidió a la Justicia la detención del ex ministro de Economía de la última dictadura José Alfredo Martínez de Hoz y de otros ex jerarcas de esa cartera, por el crimen de Juan Carlos Casariego de Bel, un ex funcionario del Palacio de Hacienda que objetó la operación de estatización de la Compañía Italo Argentina de Electricidad (Ciae).

La presentación fue realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Eduardo Luis Duhalde, ante el juez federal porteño Daniel Rafecas, informó el funcionario.

El pedido de detención alcanza a Martínez de Hoz, y a Juan Alemann y Guillermo Walter Klein, ex secretarios de Hacienda y de Coordinación y Programación Económica durante la gestión del ex ministro, respectivamente.

Casariego de Bel, director de Registros de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía, desapareció el 15 de junio de 1977 tras negarse a firmar una cláusula para acreditar que la Ciae era de capitales extranjeros para cotizarla un precio mayor a su real valor previo a su estatización.

En conferencia de prensa donde estuvo la hija de la víctima, María Casariego, Duhalde dijo que la desaparición de Casariego de Bel está "estrecha y fundamentalmente ligada a su negativa a acordar lo que a su juicio no correspondía en relación con la Italo Argentina que hasta dos días después del golpe era presidida por Martínez de Hoz", a quien definió como un "cuadro esencial del proyecto terrorista de la dictadura".

"No sólo fue el autor del plan económico que fue el fundamento real y verdadero que llevó al asalto de las instituciones el 24 de marzo de 1976, sino que además" tuvo "participación directa en actos propios de terrorismo de Estado" y "se lo vincula en hechos concretos -como de sangre, tortura y desaparición de personas-", añadió.

El caso investigado se vincula con la compra por parte del Estado de la Italo en 394,5 millones de dólares, cuando en realidad la comisión integrada por Casariego indicó que era mucho menor, unos 122 millones de esa moneda, e incluso menos.

Ya en democracia, una comisión parlamentaria investigó la cuestión y detectó irregularidades en el proceso. La empresa fue creada en 1911 y en 1961 se renegoció el contrato con una cláusula que incluía que cualquier negociación de compra o expropiación debía hacerse en dólares, pero finalmente se realizó en francos suizos mediante una operatoria en la que participó el embajador de la dictadura en Berna, Luis María del Pablo Pardo.

Casariego se negó a firmar una cláusula para asegurar que la Italo era extranjera -cuando en realidad era de capitales nacionales- con el fin de aumentar su cotización.

"La fuente de recursos que el Estado terminó pagando a grupos privados puede calificarse como uno de los grandes negociados de nuestro país", aseguró Luis Alem, secretario de Protección de Derechos Humanos.

El 15 de julio del '77, a las 20.30, Casariego de Bel llamó a su casa para avisar que tenía una reunión con Klein y que luego retornaría a su vivienda, pero nunca regresó.

Al poco tiempo, su esposa, hoy fallecida, Elisa de Gainza, recibió un llamado en el que le dijeron que el hombre había sido secuestrado y le pidieron 50 mil dólares.

Los captores citaron a la familia en tres bares distintos de esta capital, donde dejaron sendas pruebas de vida, una medalla y dos recortes de diario con escritos de Casariego, hasta una semana después de que se lo llevaron, pero nunca apareció.

Los familiares intentaron comunicarse con Martínez de Hoz, quien nunca los recibió, y Klein los llamó para pedirles que dejen de intervenir en organismos de derechos humanos, recordó su hija, quien al momento del secuestro tenía 17 años.

"A 30 años (del hecho) realmente espero que en algún momento en nuestro país haya Justicia y sea posible armar un país. Y que los responsables de semejante genocidio paguen", señaló la mujer. Añadió que "el genocidio no implica solamente la muerte de gente, sino también la muerte de hambre de mucha gente". Como Casariego era de origen español, la Federación de Entidades Gallegas presentó un pedido de investigación ante la Justicia federal que no prosperó, por lo que ahora el gobierno, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, volvió a reflotar el caso.

(DyN)