En este conflicto entre el gobierno y el campo, muchos afirman que la metodología de compensaciones es el corsé mediante el cual el estado trata de justificar la vigencia de las retenciones, impuestos que sólo exhibieron voracidad recaudatoria apropiándose de las producciones provinciales, en pos de un unitarismo discrecional en el manejo de los recursos. La realidad demostró que los subsidios financian la ineficiencia macrocéfala de un centralismo leonino que actúa en beneficio de las grandes firmas e industrias exportadoras.

Están en vigencia las compensaciones para los granos, la carne y la leche.

El estado, a través de la ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario), lleva gastado más de 1.500 millones de pesos, de los cuales más del 50% fue en beneficio de no más de cinco magnas empresas como Aceitera General Deheza, Molinos Río de la Plata, pollera Domenech, La Serenísima y otras.

La discriminación es evidente. Las empresas lácteas recibieron más de 300 millones de pesos en compensaciones, mientras los tamberos absorbieron 80 millones; a los molinos se le asignaron 370 millones de pesos y a los agricultores 95 millones y las aceiteras ya recaudaron 280 millones de pesos. Es decir se distribuyeron 1.000 millones de pesos en el sector industrial y a los productores agropecuarios apenas llegó casi el 26% de las compensaciones. Hay trigueros y feedloteros que reclaman sus acreencias desde setiembre de 2007 y tamberos desde diciembre de dicho año.

En el norte santafesino, el Plan Más Terneros fue burócrata y lobbístico. Se inscribieron 2.400 productores, se rechazaron 1.000 solicitudes y de los 1.400 aptos para recibir los subsidios, sólo lo hicieron efectivo, desde octubre de 2006 a la fecha, un poco más de 150.

La avidez recaudatoria evidenció groseros errores de cálculos: los lecheros, a los precios actuales no recibirán $ 10.000 promedio cada uno sino $ 3.500. Después de cinco años se habla de concentración de la renta sojera, se dice que sólo un 2% maneja el 50% del negocio o que el 80% apenas dispone del 20% de la producción total y que el aumento generalizado de las retenciones perjudicaba al pequeño productor, por lo cual se decidió excluirlos.

Hoy el precio de la soja bajó y esta gabela ya no rinde para el fisco lo que se previó originalmente. Si no se hubiera actuado con autismo, quizás la sublevación de marzo pasado no habría ocurrido.

Mientras, el Estado sigue con la latente posibilidad de apropiarse de una renta eventual y ofrece: primero pagar el 35% y luego aguardar el retorno y la distribución de lo que exceda de este porcentaje.

La experiencia no es muy alentadora que digamos.