La proyectada reforma de la ley de Radiofusión parece estar orientada a atender, después de muchos años, los reclamos por un mayor acceso de todos los sectores; fundamentalmente al extender la habilitación de frecuencias a entidades sin fines de lucro e incluso reservarles un porcentaje de frecuencias. El gobierno manifestó coincidencia con los 21 puntos de la Coalición -que, por lo demás, integra uno de sus funcionarios-, entre los cuales figuran también como postulados la garantía de la libertad de expresión e independencia de los medios, la incorporación de cupos de producción nacional y el establecimiento de pautas antimonopólicas.
Como se dijo, muchas de estas cuestiones responden a planteos de larga data, propiciando básicamente una mayor democratización de la actividad, a la que se define como un servicio público esencial.
Los cuestionamientos, en todo caso y más allá de determinados intereses sectoriales, surgen por la oportunidad. Y se ven alentados por la inevitable suspicacia que despierta la actitud del gobierno nacional frente a los medios de comunicación, y su tendencia a comprar voluntades, premiando adhesiones y castigando críticas.
Bajo esa misma luz cayeron otras iniciativas, como el observatorio de medios o el aval oficial al pronunciamiento de la Facultad de Humanidades de la UBA sobre la cobertura mediática del conflicto del agro. A lo que se debería agregar un aparente intento por controlar Papel Prensa -cuyo paquete accionario hoy se divide entre el Estado, Clarín y La Nación-, el cambio en el ordenamiento de las frecuencias de los canales de cable -redireccionando el zapping en desmedro de TN- y el proyecto de adquirir o abrir emisoras a través de personeros.
El inminente salto tecnológico que darán los sistemas de comunicación con la incorporación del llamado "triple play" -televisión, teléfono e Internet a través de un solo cable y a cargo de un mismo prestador- y el próximo arribo de la TV digital, llevan al gobierno a sustentar la necesidad de reformular de inmediato la normativa, para impedir una nueva y mayor concentración en pocas manos. Desde ese punto de vista, el criterio de oportunidad es inobjetable. Pero no lo es desde la particular coyuntura que reflejan las tapas de los diarios, y que da cuenta de una verdadera pulseada entre el poder político y el llamado "poder mediático", donde se juegan nada menos que la libertad de prensa y el derecho a la información.
El gobierno abrió una ronda de consultas, que incluye a los sectores hoy considerados parte del bando "enemigo". En qué medida eso apunte al consenso y a un diseño consecuente con los postulados ampulosamente planteados, y no sea una mera mascarada previa a la aprobación automática en el Congreso, será determinante para el futuro de la democracia.