Télam-EFE
La ex parlamentaria Yidis Medina, cuya captura fue ordenada el viernes por la Corte Suprema por haber reconocido que el gobierno de Alvaro Uribe le ofreció prebendas a cambio de un voto decisivo para aprobar la reelección presidencial, se entregó anoche a la Justicia colombiana.
Medina llegó a la sede principal de la Fiscalía General en Bogotá y minutos después su entrega fue confirmada por su abogado, Ramón Ballesteros, en declaraciones al telenoticiero Noticias Uno que reprodujeron las agencias Ansa y DPA.
Al ser consultado sobre si una eventual condena de Medina implicaría la misma medida para los funcionarios que le habrían ofrecido las prebendas, Ballesteros respondió que así debía ser, pero que "preferiría que fuera la Corte quien los identificara".
Dijo que la ex parlamentaria, previo a su entrega, mantuvo contacto telefónico con varios familiares y que está a la espera de que hoy se le practiquen los exámenes médicos de rigor.
Puntualizó que Yidis Medina deberá entregar ante la Corte la versión de los hechos ocurridos en el 2004 y por los cuales le fue librada orden de captura.
En Colombia, el presidente es investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Ballesteros también confirmó que la Procuraduría General reabrirá una investigación disciplinaria contra Medina por cargos como falso testimonio, fraude procesal y obstrucción a la justicia.
Medina, de filiación conservadora, y el también ex parlamentario Teodolindo Avendaño, son considerados los políticos que permitieron la reelección inmediata.
En ese entonces, a la ley que permitía ese cambio le faltaba un voto, que finalmente fue dado por la ahora acusada Yidis Medina.
Uribe, disidente Liberal, fue elegido en el 2002 por un movimiento independiente y cuatro años más tarde fue reelegido para otro mandato gracias a esa reforma constitucional.
Yidis Medina, quien desarrolló su actividad política en el departamento de Santander (noreste), especialmente en la ciudad de Barrancabermeja, dijo en una entrevista difundida la semana pasada que recibió ofertas de puestos en el gobierno a cambio de votar favorablemente la reelección.
En el documento fílmico asegura que los presuntos ofrecimientos los hicieron el entonces ministro de Interior, Sabas Pretelt (actual embajador en Italia), y el ministro de la Protección Social, Diego Palacios.
Sin embargo, según ella, los funcionarios gubernamentales no cumplieron sus promesas.
La Sala Penal de la Corte Suprema emitió la orden de detención para interrogar a la ex legisladoras y poder así establecer si cometió el delito de cohecho.
En tanto, las autoridades colombianas alertaron sobre el riesgo de ser asesinado, en Canadá, el principal testigo que acusó al primo del presidente Alvaro Uribe de tener vínculos con los paramilitares de extrema derecha, reveló el diario El Tiempo de Bogotá, ayer.
La Fiscalía General de Colombia alertó a Jairo Castillo Peralta (alias "Pitirri") sobre el riesgo inminente que corre de ser asesinado por dos pistoleros que habrían viajado desde Colombia a Canadá, y le pidió que ponga en conocimiento de las autoridades de ese país la situación, para que lo protejan.
"Pitirri" es considerado uno de los principales testigos en las investigaciones que lleva a cabo la Corte Suprema de Justicia sobre vínculos de políticos y congresistas con los antiguos jefes de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Los testimonios del ex paramilitar llevaron a la Corte a ordenar la semana pasada la captura del ex senador y ex presidente del Congreso, Mario Uribe.
Igualmente, las denuncias de "Pitirri" permitieron que el máximo tribunal de la Justicia colombiana condenara al congresista oficialista Eric Morris y también detener al senador Alvaro García, también del oficialismo.
El denominado escándalo de la "parapolítica" ha llevado a la cárcel preventivamente hasta ahora a 32 congresistas, en su gran mayoría de la coalición partidista que apoya al presidente Uribe.
El gobierno de Ecuador consideró que es "absurda" la denuncia de Colombia sobre un ataque de la guerrilla de las Farc desde territorio ecuatoriano, que según el gobierno de Alvaro Uribe dejó un soldado herido.
El viceministro ecuatoriano de Defensa, Miguel Carvajal, sostuvo que los cilindros de gas cargados de explosivos, que son utilizados por las Farc, "cuando son lanzados podrán alcanzar una distancia de entre 300 y 500 metros, son armas absolutamente artesanales". "Si lanzaban del lado ecuatoriano, a duras penas podrían alcanzar el río San Miguel (que marca la frontera)", sostuvo el funcionario, según reprodujo Caracol Radio en su página de Internet. "Tenemos desplegados a nuestros equipos de defensa y militares para proteger la seguridad del área ecuatoriana", acotó el funcionario.
El comandante del ejército de Colombia, general Mario Montoya, había afirmado que un comando de las Farc lanzó el viernes desde Ecuador un ataque con explosivos contra militares que brindan protección a una compañía petrolera en la población amazónica de Teteyé, que dejó un militar herido.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, declaró que su gobierno perdió sus contactos con la guerrilla colombiana de las Farc y consideró que la negociación de un acuerdo humanitario para canjear secuestrados por insurgentes presos ""se ha puesto muy compleja".
""Nosotros perdimos contacto con las Farc. Habíamos elaborado un sistema de contactos que fue pulverizado", indicó el mandatario durante su programa dominical de radio y TV, Aló Presidente, comentando su reunión del sábado con el gobernador de Nuevo México (suroeste de Estados Unidos), Bill Richardson.
Richardson ""vino a hablar sobre el tema de los norteamericanos en manos de las Farc y del proceso humanitario, que se ha tornado muy difícil. Sin embargo le dije que estamos a la orden para tratar de ayudar", agregó el mandatario.
Chávez señaló que está pendiente de ""que vengan mejores oportunidades para ayudar a la causa humanitaria" de este canje, que prevé la liberación de 39 rehenes en manos de las Farc, por unos 500 rebeldes presos.
Richardson viajó a Caracas el viernes a pedido de los familiares de Marc Gonsalves, Thomas Howes y Keith Stansell, ex contratistas del Departamento de Estado norteamericano, secuestrados por las Farc el 13 de febrero de 2003 cuando su avión cayó en una zona selvática mientras realizaban una misión de inteligencia antidrogas en Colombia.
El gobernador demócrata, que contribuyó a la liberación de secuestrados estadounidenses en Sudán y Corea del Norte, expresó que desea colaborar para ""establecer una atmósfera positiva" que impulse el acuerdo humanitario.
""Estoy convencido de que los presidentes (de Colombia y Venezuela) deben ser claves para que se impulse el acuerdo humanitario", aseguró.
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, descartó una nueva incursión en territorio ecuatoriano, como la ocurrida el pasado 1º de marzo, y pidió que se investigue la supuesta riqueza ilícita que, según él tienen, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en Ecuador.
"Colombia no está interesada en incursionar en la soberanía territorial de Estado alguno", aseguró Uribe en declaraciones al canal de televisión ecuatoriano Gamavisión, y dijo que su país necesita que la seguridad de sus ciudadanos "no se viole por grupos terroristas que se instalan en el territorio de un país hermano".
Uribe señaló que el ataque contra el campamento de las Farc en Ecuador, el pasado 1º de marzo, no fue una operación contra el país vecino, sino que el ataque "fue al terrorismo".
"Nuestro objetivo no es el territorio y mucho menos el pueblo ecuatoriano, que es nuestro hermano", indicó Uribe a Gamavisión, y señaló que han sido la guerrilla la que ha "violado durante largo rato" el territorio ecuatoriano para "cometer, desde allí, cualquier cantidad de crímenes".
Uribe también acusó a las Farc de financiar sus campañas con el narcotráfico y pidió investigar la riqueza que ese grupo presuntamente tiene en Ecuador.
"Las Farc tienen riqueza ilícita en Ecuador, como la tienen en Colombia" y, por eso, es "muy importante perseguir esa riqueza ilícita" del grupo irregular armado, enfatizó Uribe.
Ecuador mantiene rotas las relaciones diplomáticas con Colombia, a raíz del ataque militar colombiano contra un punto de la selva ecuatoriana, donde las Farc habían instalado un campamento clandestino.