La necesidad de reformar la Constitución de la provincia es sostenida por el gobernador Hermes Binner desde la etapa de la campaña electoral y ratificada como eje primordial en sus discursos de asunción y de apertura del período de sesiones ordinarias, ante los diputados y senadores integrantes de la Asamblea Legislativa.
El oficialismo invoca el ""aggiornamiento" que nuestra Carta Magna se debe desde la reforma de su homóloga nacional de 1994, fundamentalmente en lo que hace al reconocimiento de nuevos derechos y la incorporación de flamantes institutos, además de ajustar una serie de previsiones y modalidades de funcionamiento a los tiempos que corren. Así, el menú de cuestiones a discutir incluye temas tan disímiles como el diseño de la Legislatura y los criterios de representación, la duración del período ordinario de sesiones, la regionalización de la provincia, la descentralización del Estado, las autonomías municipales, la consulta popular, el acceso a la información pública, los derechos del usuario y el consumidor, el control de la administración, el mecanismo de selección de los jueces, la protección del medio ambiente y la generación de espacios que garanticen el acercamiento entre los procesos sociales y económicos.
Un capítulo especial lo constituye el sistema electoral, con respecto al cual se impulsa establecer la intransferibilidad del voto -para evitar eventuales maniobras futuras como la ley de lemas-, la constitucionalidad de los partidos políticos, el ballottage y la posibilidad de reelección del gobernador.
Desde el oficialismo, estas modificaciones se plantean sobre la base del debate y el consenso, como una exigencia atinente a la formulación de políticas de Estado seguras y capaces de erigir un proyecto de provincia. Desde la oposición, las críticas apuntan más al criterio de oportunidad que al rechazo de las modificaciones propuestas; que, en todo caso, darán lugar a las tan esperables como imprescindibles discusiones en particular. Y exigen que, en cambio, se preste más atención a los problemas de la coyuntura.
Parece obvio tener que remarcar lo absurdo de establecer esa dicotomía: el gobierno debe ocuparse sin demoras ni vacilaciones de los graves inconvenientes que padecen los santafesinos, pero no por eso desentenderse de trabajar para establecer marcos de contención y previsibilidad que, entre otras cosas, sirvan para prevenir deficiencias como las que hoy son señaladas y colaborar a su atención. Más allá de la condición de ""chicana" política que esos cuestionamientos revisten, y de la incoherencia que implican en boca de los representantes del partido que gobernó la provincia durante cinco lustros y hasta hace poco tiempo, cabe apuntar esta doble dimensión de responsabilidad, en beneficio de unos y otros actores del esquema político. Y apuntalar la idea de que, por encima de la excelencia del discurso y la pertinencia del reproche, todos los representantes políticos tengan la suficiente entereza y apertura para discutir propuestas diversas y hasta opuestas, orientadas al bien común de la sociedad.