La jueza federal María Romilda Servini de Cubría inició más de 300 causas penales y prepara otras 1.000 contra personas que habían sido convocadas como autoridades de mesa para las últimas elecciones presidenciales del 28 de octubre de 2007, pero desertaron. En aquel comicio se produjo un ausentismo récord de quienes debían ejercer esta carga pública, sobre todo en Capital Federal.
Como consecuencia de ello, la Justicia electoral decidió apelar a todas las sanciones previstas en el Código Electoral para esta falta, que hasta podría terminar con algunos desertores tras las rejas.
Según publica hoy el matutino La Nación, la magistrada inició más de 300 causas penales mientras prepara otras 1.000, y ya citó a indagatoria a los primeros acusados. Según la legislación vigente, quien no pueda justificar debidamente la inasistencia puede ser condenado a cumplir entre seis meses a un año de prisión, aunque hasta el momento se desconocen antecedentes de quienes hayan ido presos por esta causa.
Al respecto, el fiscal electoral Felipe Di Lello, que impulsa las investigaciones, insistió en que hay que cumplir con lo que manda el Código Electoral. "Estamos ante una creciente desvalorización de las cargas públicas que tienen los ciudadanos para con el buen funcionamiento de la democracia y el Estado", expresó.
En el mismo sentido, el juez Alberto Dalla Vía, miembro de la Cámara Nacional Electoral, consideró que, lamentablemente, se va perdiendo la conciencia cívica. "Nosotros no hacemos las normas, pero tenemos que cumplirlas. Posiblemente, si la gente ve que, si no concurre la sancionan, la próxima vez lo tenga en cuenta", afirmó.
Paralelamente, el Foro para la Reforma Política que agrupa a partidos políticos de la oposición, vuelve a analizar la posibilidad de recurrir sólo a maestros como autoridades de mesa. La idea tiene el aval del director nacional electoral, Alejandro Tullio.
El primer paso para llegar a sancionar a un desertor es indagar a quienes fueron notificados por medio de actas policiales, y luego, a los que recibieron telegramas del correo. Este grupo contempla desde aquel telegrama recibido por el propio destinatario, pasando por el recibido por otra persona, hasta el caso en el que se dejó el aviso pero nunca fue el destinatario a retirar aquél al correo.
En el juzgado de Servini advierten que van a ser estrictos al analizar las excusaciones. Quien alegue que estaba enfermo, por ejemplo, deberá presentar una constancia de un establecimiento público, ya que no bastará con la de su médico particular.
La Justicia no sabe aún cuántos porteños no cumplieron con la carga pública que implica ser autoridad de mesa porque no terminó todavía con el trabajo de cruce de datos. Pero el solo hecho de que, a dos días de las elecciones (el 26 de octubre de 2007), el 92 por ciento de las personas convocadas hubiera rechazado el telegrama, confirma el alto grado de deserción. En aquella oportunidad, se resolvió citar a empleados y funcionarios judiciales como medida de emergencia para salir del paso, pero, pese a ello, los inconvenientes persistieron. De hecho, de los primeros resultados de las investigaciones realizadas surge que muchos de los que desertaron sí aparecen en el padrón como que fueron a votar con total normalidad.
Si bien nadie ha ido preso -hasta ahora- por desertar, hay antecedentes en otras provincias donde se aplicaron otras sanciones. En Neuquén, por ejemplo, el castigo fue cumplir con la realización de tareas comunitarias.
Experiencia local
La provincia de Santa Fe no fue la excepción al panorama nacional que se vivió en los comicios del 28 de octubre de 2007, respecto de la deserción de autoridades de mesa. El fenómeno ya se había experimentado en los comicios provinciales del 2 de setiembre, pese a las amenazas de intimaciones que se hicieron desde la Justicia electoral local. En las presidenciales, la situación no fue distinta. En algunas mesas no pudo votarse hasta cerca del mediodía, porque no lograban constituirse las autoridades. El hecho llevó a que el por entonces gobernador Jorge Obeid reconociera el problema y esbozase una medida a estudiar. "Quizá haya que plantear algún incentivo mayor para quienes cumplen esa función. Sin dudas, algo falló allí y habrá que buscar la forma de que exista mayor participación y que se entienda que, al margen del pago, sigue siendo una carga pública. En una época, al presidente de mesa lo honraba que lo convocaran; no había ni que pagarle. Lamentablemente, las cosas han cambiado", había dicho.
De la redacción de El Litoral