El trabajo de niños y niñas es inaceptable. Mas allá de convicciones ideológicas, esta afirmación tiene sustento legal en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño -que la Argentina incorporó en 1994 a la Constitución Nacional-, en el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo que establece la edad mínima de admisión del empleo -que nuestro país fijó en 15 años o la edad en que cesa la obligación escolar-, y en la Ley de Contrato de Trabajo. Sin embargo, el trabajo infantil es una realidad lacerante que en ocasiones se hace manifiesta -como ocurrió tiempo atrás en una granja de Buenos Aires, donde hallaron a chicos de corta edad en condiciones infrahumanas- pero que está presente en forma cotidiana.

Precisamente, de volver visibles situaciones que aparecen soslayadas por argumentos culturales o por una pobreza que naturaliza las diferencias y justifica desigualdades, se trata el trabajo que tiene previsto encarar la comisión para la Erradicación del Trabajo Infantil, que desde la provincia se suma a otros organismos similares del país. A instancias de la comisión nacional que opera en ese mismo sentido, tiene por objetivos difundir la problemática, crear sistemas de medición integral, fortalecer los grupos de trabajo provinciales, brindar alternativas a las familias de las niñas y niños y apoyar la reinserción escolar en el sistema formal.

En Santa Fe, a la comisión que integran autoridades, representantes del sector empresarial y centrales de trabajadores, se sumó la presencia de las organizaciones no gubernamentales, conocedoras de una problemática que muchas veces las tiene como primeros referentes sociales.

No hay datos precisos de cuántos niños y niñas trabajan en Santa Fe. La última encuesta sobre el tema se concretó sólo en algunas regiones del país y data de cuatro años atrás. Aquel estudio permitió reconocer distintas formas de explotación tanto en el ámbito rural como urbano: para ambos casos se procura garantizar los derechos de los chicos y asegurar el acceso a la escolaridad formal, como única alternativa de superar una situación a la que parecen -sólo en el plano de algunas teorías- predestinados.

La erradicación del trabajo infantil es una de las metas que se propuso la Argentina en el marco de los Objetivos del Milenio a los que adhirió junto a países de todo el mundo y se enmarca en el concepto de Trabajo Decente. En línea con ese compromiso, el tema parece estar instalado en la agenda pública tanto del gobierno nacional como del provincial. El campo de acción es amplísimo: desde las formas más conocidas y aberrantes de explotación infantil hasta aquellas más sutiles y socialmente aceptadas como las tareas domésticas, la mendicidad o las faenas rurales.

Más allá de la articulación entre distintos sectores y el apoyo de organismos internacionales, es necesario no perder de vista que la problemática exige respuestas urgentes y efectivas y, en definitiva, una aplicación real y concreta de las herramientas jurídicas.