Sergio Serrichio (CMI)

"Sí, es un flor de aumento, pero al ritmo que está subiendo todo, en marzo o abril del año que viene van a tener que darnos otro". Aquel taxista porteño que citamos aquí el fin de semana posterior a la elección presidencial de 2007, erró por dos meses. El "otro" aumento del que hablaba regirá desde el primero de junio aunque, tributo a su paciencia, será de 22 por ciento. Así, la tarifa de los taxis porteños habrá subido 181 por ciento desde 2003, cuando asumió Néstor Kirchner.

Además de visionario, aquel taxista era envidioso, y fundamentó su reclamo en los subsidios del gobierno "a los trenes, a los colectivos, a los subtes". Esas transferencias de dinero público, que en 2007 fueron de 16.252 millones de pesos, sumaban, a marzo de este año 5.411 millones, 130 % más que en igual período del año pasado, y se estima que hacia diciembre superarán los 25.000 millones. Si hace la comparación, al taxista el aumento le sabrá a poco.

Ese primer fin de semana de noviembre, cuando gran parte de la sociedad depositaba esperanzas en la entonces presidenta electa Cristina Fernández, decíamos que era imperioso frenar la expectativa del taxista, y que era dudoso que alcanzara con el "Pacto Social" que la ahora presidenta había prometido en su campaña.

Siete meses después, aquel Pacto, que había desaparecido de los discursos oficiales, reaparecería el 25 de Mayo como un gran "Acuerdo del Bicentenario" que unos pocos funcionarios del gobierno elucubran con empresarios y sindicalistas "del palo" y cuya letra se guarda como un secreto de Estado y no como lo que debiera ser, el resultado de un amplio debate público, de cara a la sociedad.

Peor aún, el "Acuerdo del Bicentenario", si el gobierno se anima a presentarlo, alumbrará en el momento de mayor crispación desde, por lo menos, la crisis de 2001/2002. Aquel hundimiento económico-social, que políticamente se resumió en la consigna "que se vayan todos", expresaba más desconcierto y desesperación ante el colapso, que división política o sectorial. La prueba la relativa rapidez con que ese clima se diluyó a medida que reaparecieron la producción, el empleo y los salarios.

Un legado más duradero fue la desaparición del sistema bipartidista (o tripartidista, si se cuenta el "Partido Militar") que había tenido la Argentina en la segunda mitad del siglo XX.

En la economía, en cambio, la reversión de tendencia fue de una magnitud que no sospechaban ni los más optimistas: sobrevino el sexenio (todavía en curso) de mayor crecimiento de la Argentina en cien años, aunque la intensidad y las características de la expansión no alcanzaron para revertir la "pobreza estructural", ni para superar el fenómeno de los "nuevos pobres" que en millones se fueron haciendo parte del paisaje del país.

Pero ni las deficiencias de la expansión y menos aún- sus logros explican la actual crispación y división sociales. De un lado, la segunda fase del lock out del campo, con un importante apoyo urbano, y del otro lado el gobierno y los sectores a los que éste ha logrado convencer de que la protesta rural no es una rebelión fiscal, como a todas luces parece ser, sino una ilegítima revuelta contra el modelo supuestamente "redistributivo" de los Kirchner.

En rigor, la "redistribución" existe. Los principales beneficiarios han sido el propio Estado, cuya tajada aumentó en diez puntos del Producto Interno Bruto (PIB) que producen todos los argentinos, y una ristra de amigos del poder, como algunos concesionarios de servicios públicos, los que reciben los subsidios mencionados al principio y los que se anotan en la "argentinización" de empresas privatizadas gracias a su fluidez de trato con la cúspide.

Alimentado por el disgusto a un estilo gritón y soberbio, el apoyo urbano al paro del campo se nutre también en las penurias que causa una inflación cada vez más alta, aunque negada en los datos del Indec. La propia presidenta y un vocero ultra-K, como el diputado Carlos Kunkel, han reconocido, sin embargo, que el problema existe.

La rebelión del campo, ya se ha dicho aquí, es una oportunidad para la asignación de culpas, pero de cara al futuro lo que cuenta es qué piensa hacer, además de discursos, el gobierno.

El hermetismo oficial no deja asegurar aún que habrá congelamiento de precios y salarios, pero el rumbo es que, cuanto menos, se redoblará el esquema de "acuerdos" y controles con los que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ha intentado inútilmente abatir la inflación en los últimos dos años, período en el que, por el contrario, los precios se fueron acelerando.

El recurso a ligas de intendentes y organizaciones piqueteras afines es un precursor de esa línea. La organización de sistemas estatales o paraestatales de abastecimiento sería la siguiente. Se trataría, además, de la extensión natural de la recreación de las Juntas de Granos o Carnes, ideas que circulan en ámbitos legislativos. Para ciertas cosas, hasta el kirchnerismo admite que se necesitan leyes.

Antes de avanzar por ese andarivel, sería bueno que el gobierno mire hacia uno de sus aliados, la Venezuela de Hugo Chávez, donde ni el "Bolívar fuerte", ni el "Mercal" (venta directa de alimentos por parte del Estado, que los compra al por mayor), ni los más recientes Pedevalitos (pequeños mercados a través de los cuales PdVAL, una nueva rama de la petrolera estatal PdVSA, intentó superar la corrupción, mercados negros y desabastecimiento en que degeneraron los mercales) lograron ponerle el cascabel al gato. Venezuela tuvo 22,5 % de inflación en 2007 y este año tendrá más de lo mismo. La semana pasada, el precio del pollo (equivalente a la carne vacuna en la dieta de los argentinos) subió 80 por ciento. Porque no hay nada más caro que lo que no hay.

Uno de los mecanismos chavistas para desacelerar la inflación es secar la plaza de dólares (en el país caribeño, casi todos los alimentos se importan) mediante la compra de bonos argentinos, que por otra parte le dejan una buena ganancia. Dólares que vuelve a ganar vendiéndole a la Argentina fueloil de baja calidad, que el modelo K necesita para disimular la escasez de energía. Ante tanta necesidad, la nacionalización de Sidor (la siderúrgica en la cual la argentina Techint tiene mayoría accionaria) por parte de Venezuela es un desagradable pero disimulable provechito.

Así, rascándose mutuamente la espalda con Chávez, el gobierno se acerca al gran "Acuerdo del Bicentenario". Al campo ya lo pondrá "de rodillas", como ordenó el (¿ex?) presidente Néstor Kirchner. Mientras tanto, hace como que mira otro canal.