Desde el comienzo de la gestión de Néstor Kirchner, el gobierno en ejercicio inició una etapa de construcción y consolidación de poder que, en un principio, aparecía como un imperativo para remontar el escaso respaldo que había logrado cosechar efectivamente en las urnas, por defección de su oponente en la segunda vuelta.
De todos modos, el respaldo mayoritario de la ciudadanía quedó claro con el correr de su mandato y la cuenta fue saldada con las elecciones legislativas intermedias y, por si hiciera falta, con el aplastante triunfo de Cristina, su esposa y sucesora. Mientras tanto, el kirchnerismo impuso su sello de creciente acumulación de poder institucional -profundizando el relegamiento del Congreso-, organizando un esquema tributario que concentra los recursos en la Nación y deja a las administraciones provinciales en una situación de clara desventaja -y, por ende, susceptibles de ser sometidas al sistema oficial de premios y castigos-, buscando cooptar dirigentes de otros partidos -o, directamente, a otros partidos- y disciplinando de manera rígida y sin espacio para matices a sus seguidores partidarios. El diseño se completó con la selección de sucesivas corporaciones como adversarios contra los cuales dirigir sus diatribas y encolumnar a sus tropas, y con un obsesivo afán de control del flujo informativo e injerencia sobre los medios de comunicación.
Este trabajo de pinzas permitió a Néstor Kirchner mostrar un poder monolítico, casi sin fisuras, apoyado en indicadores macroeconómicos sostenidamente favorables, contra el cual se estrellaron sin consecuencias visibles las recurrentes críticas de la oposición y los medios independientes e, incluso, las denuncias por avasallamientos institucionales o corrupción que esporádicamente estallaron en la opinión pública.
A escasos meses de la gestión de Cristina Fernández, y con el conflicto agropecuario como ariete, todos esos factores se conjugaron para producir un firme embate contra ese muro aparentemente inexpugnable, y derivaron en la percepción de un apresurado "desgranamiento" que hoy se advierte. El nivel de crítica hacia las políticas oficiales y las prácticas del elenco de personajes que rodea a la presidencia, la moderada pero firme toma de distancia de muchos gobernadores y referentes partidarios, el espacio recuperado por la oposición y las muestras de descontento ciudadano ponen de manifiesto un grado de deterioro en el consenso del gobierno más propio del último tramo de una gestión que del primero, e impensable hasta hace unos meses.
A la luz de este estado de situación, que no ha sido capaz de disuadir al gobierno de abandonar el autoritarismo y la prepotencia, cobran particular relevancia los llamados a restablecer el diálogo y propiciar la prometida y relegada mejora de la calidad institucional. No se trata de concesiones benevolentes o meras cuestiones de forma. Además de ser presupuestos necesarios de la vida en democracia, en este momento podrían constituirse en la única estrategia política posible del oficialismo para preservar el poder legítimamente obtenido y que, por los excesos cometidos para mantenerlo y acrecentarlo, hoy ha comenzado, sin dudas, a perder.