La Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, participó del II Encuentro Nacional de la Red Federal de Sitios de Memoria, que se realizó en la ciudad de Córdoba. Durante las jornadas se abordó fundamentalmente "la promoción del conocimiento y la reflexión sobre la experiencia genocida, la reelaboración y análisis de sus causas y la transmisión de las memorias sobre el terrorismo de Estado".

La Red Federal de Sitios de Memoria fue creada por resolución de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación el 22 de marzo de 2007 en la órbita del Archivo Nacional de la Memoria. Constituye una instancia de articulación del trabajo y de intercambio de experiencias, metodologías y recursos entre las áreas gubernamentales de derechos humanos, a nivel provincial, municipal y de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Su objetivo es impulsar la identificación y señalización de los predios donde funcionaron centros clandestinos de detención y la creación y gestión de "sitios de memoria" relacionados con el terrorismo de Estado.

En la provincia de Santa Fe, hay alrededor de 15 sitios de memoria identificados, entre ellos la comisaría 4ª de la capital provincial; "La Calamita", en Granadero Baigorria; "la Quinta de Funes"; y el ex Servicio de Informaciones de Rosario.

.

Al II Encuentro Nacional asistió en representación de Santa Fe la secretaria de Derechos Humanos, María Bressa. "La provincia ha trabajado mucho en esta temática en consonancia con los lineamientos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pero aún queda un largo camino por recorrer", expresó Bressa. "Actualmente, funciona un Archivo Provincial de la Memoria y se está trabajando en la señalización de los sitios de memoria en distintas ciudades, como por ejemplo Granadero Baigorria, Rosario y Santa Fe", agregó la funcionaria.

Un sitio de memoria, de acuerdo a lo debatido en el encuentro de la red federal, "es un espacio de simbolización de la represión estatal, la militancia y la resistencia popular. Tiende un puente entre el pasado y el presente para el futuro e implica una construcción comunitaria de sentido. Los sitios de memoria no se agotan en los centros clandestinos de detención de la última dictadura militar, en tanto el Estado tiene la responsabilidad de preservar estos lugares y su señalización"; dice el texto acordado en Córdoba.