Demoras en el tratamiento del proyecto de ley de creación de los Comités Mixtos
Seguridad laboral: quejas del secretario de Trabajo
El secretario de Trabajo, Carlos Rodríguez, confesó estar "preocupado" porque "se está demorando demasiado" el proyecto de ley del gobernador Hermes Binner para crear los Comités Mixtos (de empleados y empleadores) sobre seguridad laboral. Lamentó que se haya eliminado un artículo del texto que daba el derecho a los representantes del sector laboral a paralizar la producción ante un riesgo grave e inminente.
"Queremos una política laboral consensuada y que busquemos una forma de armonizar los proyectos y de tirar juntos del carro", dijo el secretario de Trabajo, Carlos Rodríguez, con respecto a los lineamientos centrales del Ministerio creado por la actual gestión. El funcionario lamentó los meses que han pasado desde que Hermes Binner enviara a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que impulsa los Comités Mixtos de Seguridad, integrados dentro de cada empresa por empleados y empleadores, cuyo dictamen de la comisión de Asuntos Laborales no fue firmado por los bloques del Justicialismo.
Rodríguez recordó que el texto en su momento fue "apoyado por la CGT" y que, sin embargo, no ha sido acompañado -al menos, en esta primera instancia- por la oposición. También subrayó que se le ha quitado al mensaje del Ejecutivo un aspecto que se considera central para que los trabajadores puedan defender su salud: la garantía de que los delegados por el sector labor puedan incluso paralizar la producción por problemas de seguridad.
"La idea básica de un trabajo decente es que sea en blanco y sin muertes", definió Rodríguez.
Dijo estar preocupado "porque, si bien hay un dictamen de Comisión (de la Cámara Baja), es un proyecto de ley que se está demorando demasiado".
Más adelante, advirtió que se le ha quitado un instituto fundamental al proyecto de ley al suprimirse el artículo que habilitaba a que fuera detenida la producción: "Es casi el derecho a poder huir en caso de peligro", advirtió. "Los parlamentarios deberían reflexionar sobre este tema y volver a estudiarlo. Si quieren, pueden moderar este artículo, pero quitarlo es quitarle al trabajador el derecho a cuidar su salud, su vida", reflexionó.
Sobre los miembros del Partido Justicialista que no firmaron el dictamen de comisión, Rodríguez dijo que esperaba que, en el tratamiento en general y en particular, la oposición votara favorablemente por los Comités de Seguridad Mixtos. "Éste debería ser un proyecto de consenso, porque ningún partido político puede plantearse no promover la defensa de la salud de los trabajadores".
Recordó que la coalición que llegó al gobierno, el Frente Progresista Cívico y Social, "postulaba en su programa de gobierno el trabajo decente y lo definía exactamente en los términos con que ahora se impulsa esta legislación".
Romper la inercia
El secretario que de hecho conduce el ministerio advirtió ayer -al anunciar la decisión de crear un cuerpo de 30 inspectores, graduados universitarios con especialización en higiene y seguridad- que ese instituto existe en casi todos los países de América y que fue un decreto-ley de la dictadura militar el que terminó con esa posibilidad.
Agregó que en esa cartera "hemos creado comisiones tripartitas", de trabajadores, empresarios y el gobierno, que "funcionan muy bien, en materia de trabajo decente (que incluye empleo clandestino y salud y seguridad); ayer se dio su segunda plenaria y está subdividida en cuatro grupos que tuvieron varias reuniones. Al accionar lo basamos en definir políticas provinciales consensuales. y no sólo en el ámbito tripartito, sino también con las ONG's".
Con respecto al cuerpo de inspectores (sobre el que El Litoral informara en su edición de ayer), subrayó que "apostamos a fiscalizar mejor, a que los trabajadores tengan derecho a mejores condiciones de trabajo y a que puedan ejercer dicho derecho".
Dijo que el número propuesto de inspectores es inédito (y que, en Santa Fe, había sólo 6 personas para toda la provincia, que en realidad trabajan en la Superintendencia de Riesgos de Seguro) y que la sanción de la ley propuesta a las Cámaras "serán dos herramientas muy útiles" respecto de los riesgos al trabajar.
El Dr. Rodríguez dijo que en Trabajo "es difícil romper la inercia de 20 años", al sostener que es necesaria la profesionalización de la inspección laboral, pero que confía en las buenas relaciones que tiene el ministerio con el sector laboral que lo compone.
Proveedores oficiales y el empleo ilegal
Carlos Rodríguez dijo que el gobierno santafesino promoverá el empleo legal en sus relaciones con los proveedores oficiales de todo tipo, incluyendo los medios de comunicación.
En conferencia de prensa, ante una consulta periodística, el funcionario consideró que es "inadmisible" el trabajo en negro y que la legalidad debe exigirse especialmente sobre todas las empresas privadas que brindan servicios al sector público, punto en el que incluyó la difusión de publicidad oficial.
Dijo, además, que el criterio en el que piensa avanzar la gestión del gobernador Hermes Binner es que los proveedores oficiales en general no puedan recurrir al ardid de subcontratar a otras empresas con trabajadores no registrados.
Para el funcionario, el "empleo clandestino" se ha instalado incluso en términos culturales en el país, desde la década del 90, y subrayó que el Estado debe dar el ejemplo.
Cuando otro periodista le recordó que la semana pasada los empleados subcontratados de VFM, una empresa constructora, cortaron calles y protestaron porque la firma no cumplía con sus obligaciones patronales, Rodríguez agregó dos vías más para combatir el empleo en negro: dijo que se piensa en exigir para el pago de las certificaciones la presentación de la documentación sobre los trabajadores y que los propios inspectores de las obras pueden ser capacitados para que, además de revisar los productos o servicios que contrata el Estado, también lo hagan respecto de las condiciones laborales en cuanto a seguridad y registración.
"Poco felices"
Las declaraciones de Rodríguez provocaron ayer duras respuestas por parte del presidente del Colegio de Arquitectos de Rosario, José Saruá, quien consideró que "el ministro tuvo expresiones muy poco felices, que cayeron realmente mal". En diálogo con Radio 2, el profesional advirtió: "Si vamos a hablar en general, todos tenemos las manos manchadas con sangre porque el Estado también es responsable, puesto que no exige, no sólo al inspector, sino que tampoco hace un control de las empresas que construyen; no ven que sean serias, no verifica si se inscribe a los obreros sin estar capacitados".
En cuanto a la posibilidad de que en algunas obras se empleen a arquitectos sin experiencia suficiente para abaratar costos, el presidente del Colegio de Arquitectos sostuvo: "En las construcciones hay diferentes grados de responsabilidad; si es joven o inexperto, se encargará de los proyectos y siempre asume la responsabilidad el titular del estudio".
Murió otro albañil, el cuarto en una semana
De la corresponsalía de Rosario.- Juan Carlos García, de 47 años, obrero de la construcción, murió ayer por la tarde, luego de caer al vacío en momentos en que reparaba el techo de un galpón, donde se halla una fábrica en Biedma 7257. Es el cuarto trabajador de la construcción que muere en los últimos siete días por causas relacionadas con la falta de seguridad.
El fallecimiento de García se produjo el mismo día en que el gremio de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina y el Ministerio de Trabajo santafesino realizaron operativos conjuntos en cinco obras para detectar irregularidades. De ese total, cuatro fueron clausuradas, lo que demuestra el nivel de precariedad en que se trabaja en un sector atravesado por la informalidad.
Ayer, a las 18, García murió prácticamente en el acto, tras caer desde una altura de entre 6 y 8 metros, mientras trabajaba en la ampliación de una fábrica ubicada en Biedma 7257. Según informaron a El Litoral desde el gremio, por lo que habían podido averiguar los dueños de la fábrica, que no dejaron entrar a nadie del sindicato, el albañil de 47 años contaba con los instrumentos de seguridad, por lo que se sospecha que la caída se produjo porque se desplomó el andamio.
La muerte de este operario es la cuarta registrada en tan sólo una semana. El jueves pasado, dos obreros fallecieron al colapsar un piso de una obra en Santiago y Urquiza. Israel Ortigoza, de 20 años, y Héctor Jara, de 27 años, quedaron sepultados por un encofrado de hormigón que se desmoronó en una obra en el macrocentro rosarino que realiza el fideicomiso Espolín Construcciones. Un día antes del trágico derrumbe en Santiago y Urquiza, dos estudiantes correntinos salvaron su vida de milagro, tras derrumbarse la casa interna en la que vivían en Montevideo al 1800, al lado de un edificio en construcción. El martes pasado, por la mañana,
otro albañil falleció al quedar sepultado por un montículo de tierra, cuando se encontraba trabajando en un pozo en una obra en Viamonte al 1300.
Ante este complejo escenario, el ministro de Trabajo, Carlos Rodríguez, anunció ayer la creación de un cuerpo de 30 inspectores en el ámbito de la provincia con el objetivo de incrementar los controles en el sector de la construcción. Anteriormente, el funcionario había hecho un llamado a los profesionales que están en el rubro. "Hago un llamado a los consejos de ética de los colegios (de arquitectos e ingenieros) para que juzguen cómo se comportan sus asociados en estos temas. No pueden hacerse los distraídos en esta situación. Los profesionales alguna vez tienen que limpiar su propio nombre, porque lo tienen manchado con sangre".
