Mientras la relación entre el gobierno nacional y el campo atraviesa uno de sus momentos más tensos, el gobierno central y las provincias deben avanzar en los preparativos de un nuevo censo agropecuario, que obligatoriamente y por ley, debe hacerse en todo el país a partir del mes que viene.
La normativa nacional vigente dispone que cada provincia deberá organizar el operativo censal en su respectivo territorio. Con ese fin y mediante el decreto N´ 1304, del 19 de mayo, el gobernador Hermes Binner dispuso la colaboración y adhesión de Santa Fe a la iniciativa nacional, y creó el Comité Censal Provincial. Lo presidirá el secretario de Tecnologías para la Gestión del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, y estará integrado por un representante de cada uno de los ministerios y secretarías. Podrá incorporar, además, a otros organismos nacionales o provinciales cuya participación se estime conveniente.
El presidente del Comité, a su vez, deberá dictar las normas técnicas que permitan un desarrollo eficaz de las tareas censales, para evitar superposición y duplicación de trámites.
El director provincial del Ipec se desempeñará como secretario ejecutivo del organismo creado, y tendrá la potestad de proponer la estructural censal y la designación de los responsables del operativo. Será quien requiera la colaboración necesaria ante los organismos públicos para el desarrollo de las actividades censales, y quien autorice la realización de horas para el personal afectado. Asimismo, podrá efectuar las contrataciones que considere pertinentes, pero respetando los montos que hoy por hoy pueden autorizarse sólo con la firma de los ministros o secretarios de Estado. De lo contrario, deberán realizarse a través de un decreto del Poder Ejecutivo.
La organización del operativo censal deberá respetar los límites de departamento, fracciones y radios censales correspondientes a la jurisdicción provincial, y el Instituto Provincial de Estadística y Censos tendrá a su cargo la actualización de la capa temática correspondiente a la cartografía de la provincia con la incorporación de novedades producidas tras el censo poblacional 2001, el Agropecuario 2002 y el Económico 2005.
Los gastos que demande la realización del operativo censal serán imputados al Indec. Temporalmente, podrá afectarse personal de la administración pública provincial a las actividades pre censales, censales pos censales, pero fuera del horario ordinario de prestación de servicios.
En toda la provincia habrá casi 800 personas afectadas al operativo, y empezarán a recorrer los caminos rurales el próximo 9 de junio: 543 serán censistas, 108 supervisores y 108 auxiliares. En los departamentos La Capital y Garay habrá 36 personas afectadas, en Castellanos y Las Colonias 114, en Rosario 34, en Caseros y San Lorenzo 83, en General López 82, en General Obligado 56, en Vera 29, en 9 de Julio 28, en Belgrano 28, en San Jerónimo 36.
En los considerandos del decreto se sostiene que este tipo de operativos censales es "sumamente importante para los planes de gobierno tendientes a contar con información agropecuaria global y sectorial actualizada de manera homogénea, que permita el diagnóstico y la formulación de planes estratégicos de las distintas áreas de la producción".
Del mismo modo, se afirma que son los Censos Agropecuarios "la fuente principal de datos de la estructura e información estadística sobre sectores" por lo que sus registros "serán de suma utilidad para la actualización de las bases de datos de las cuentas nacionales y provinciales". Las informaciones obtenidas a través del Censo están amparadas por el secreto estadístico establecido por ley nacional, y las personas físicas y jurídicas relevadas están obligadas a suministrarlos conforme a las mismas disposiciones legales.
El formulario del Censo Nacional Agropecuario posee 4 páginas. En primer lugar, requiere los datos personales y de identificación del productor y de su explotación. Después, los datos económicos correspondientes a su actividad: egresos devengados por todas las tareas realizadas durante el último año (incluye sueldos y salarios brutos remunerativos, contribuciones sociales patronales, otros conceptos no remunerativos, trabajadores permanentes y transitorios, pagos a contratistas de mano de obra, pagos por contratación de servicios de maquinaria, valor total del gasto en materia prima e insumos), información adicional de contratistas de maquinarias, e ingresos devengados durante el mismo período.
Otro apartado refiere a datos de la administración central del productor que ejerce el control económico de la explotación; allí se pide información sobre sueldos y salarios brutos, contribuciones sociales, contrataciones de servicios; ingresos del productor o administrador por actividades no relacionados con la explotación a su cargo, donde deberán precisarse las tres fuentes principales de los ingresos.
El último.
De acuerdo con el censo de 2002, en toda la provincia de Santa Fe había 27.142 explotaciones agropecuarias, es decir, diez mil menos que en 1988, cuando se había realizado el último relevamiento. La superficie dedicada a la actividad era de 10.893.660 hectáreas, contra 11.074.241 que se habían relevado en 1988. Sin embargo, la superficie promedio de cada explotación era mayor en 2002 que en el 88: 401 hectáreas contra 300.