Un planteo común destinado a lograr una mayor equidad en la distribución que realiza el gobierno nacional de los fondos para subsidiar el transporte de pasajeros aunó, en las últimas semanas, gestiones de distintos estamentos oficiales de nuestra provincia. La preocupación tiene un sólido argumento económico: Santa Fe aporta el 10 por ciento de todo lo que se recauda a nivel nacional, en concepto de impuesto al gasoil -que se destina a sostener los distintos sistemas de transporte de pasajeros-, pero recibe poco más del 2 %. La cifra es mucho menor al 87,6 por ciento, que se destina a sostener el servicio en Capital Federal y Gran Buenos Aires.

La situación es similar a otras ciudades del país, cuestión que permite unificar el reclamo de autoridades de las principales urbes de la Argentina.

Semanas atrás, el intendente de Rosario convocó a su par santafesino, ediles, legisladores provinciales y nacionales por Santa Fe, para acordar una estrategia que permita revertir el injusto reparto de los subsidios que, cabe recordar, fueron creados con el objetivo de controlar aumentos en las tarifas. Sin embargo, esa finalidad sólo puede concretarse en el área central, que es la que recibe la mayor porción del monto nacional. En el interior, el aumento en los costos de los insumos sumados a una política salarial que se resuelve en paritarias -también nacionales- condiciona el precio del boleto y así también la capacidad adquisitiva de los usuarios, a quienes se dice defender con la política de reparto.

Aquella convocatoria tuvo repercusión, pocos días después, en el Senado provincial que planteó su preocupación por lo que consideró una "injusta distribución", al tiempo que advirtió sobre la diferencia notoria entre lo que recibe Buenos Aires y lo que se reparte en el resto del país. De la misma manera, en la Cámara Baja se apuntó sobre la merma que habían registrado estos fondos, con respecto a meses y años anteriores.

A su vez, el Concejo Municipal, que pocos meses atrás aprobó un nuevo incremento en el precio del boleto urbano, dejó constancia de la necesidad de lograr una distribución de fondos adecuada a la realidad del interior del país.

En el mismo sentido, hizo pública su preocupación por esta notable desigualdad la Defensoría del Pueblo de la Nación, al igual que las oficinas provinciales, en un informe elaborado a fines de 2007, en el que pedía mejorar la equidad y transparencia del sistema de distribución de subsidios.

Pero la situación descripta no deriva de una pauta concreta o discordante, sino que se inscribe en lo que hoy es la administración de los recursos federales, por parte del gobierno nacional, tanto en lo que hace a la concentración de los mismos como a su distribución de manera arbitraria e inequitativa.

Y también responde a un esquema en que los representantes de la provincia en el Congreso, por razones políticas, someten los intereses de sus distritos al diseño centralista o se expresan a través de voces aisladas y minoritarias. En ese marco, la movida iniciada por autoridades y representantes santafesinos es auspiciosa en términos de no subordinar los intereses locales y de obligar a la Nación a permitir un debate hasta hoy soslayado.