El conflicto gobierno-campo lleva casi tres meses y tiene en vilo a todo el país, cuyos habitantes están comprobando en carne propia el deterioro que el enfrentamiento produce al conjunto. Tras la pulseada patria del 25 de Mayo, el gobierno esperó hasta el jueves para jugar su nueva ficha y lo hizo con dos fotos: la presidenta de la Nación con un grupo de gobernadores de provincias agropecuarias, tomando decisiones, y la de funcionarios de su gabinete, anunciando esas medidas con los mismos gobernadores.

La foto tiene -al menos- dos grandes ausentes. Los gobernadores de Santa Fe, Hermes Binner, y de Córdoba, Juan Schiaretti. Casualmente, ambos fueron los que recibieron a los dirigentes de las entidades agropecuarias, ambos propiciaron la necesidad del diálogo, quedando castigados por el poder central por su osadía.

El dato no es menor. Los agropecuarios de Santa Fe y de Córdoba, junto a los entrerrianos, representan gran parte de la producción del sector y han desarrollado un mapa regado de poblaciones cuya mayoría depende del trabajo de la tierra. No conocer esa realidad o sólo quedarse en la foto de la gran urbe puede ser un error garrafal del gobernante.

Binner y Schiaretti -con orígenes políticos totalmente diferentes- saben lo que pasa en sus provincias y atienden las demandas de sus hombres de trabajo, los escuchan y tratan de que ese reclamo sea entendido por las autoridades nacionales. Cerrar la posibilidad de que opinen los que no piensan igual parece un camino suicida a futuro, más allá de los premios rápidos por obsecuencia que suele utilizar el gobierno central para ganar adeptos a su causa.

Así como ahora la Nación no escucha los planteos y excluye a los gobernadores de una posible solución, aunque en el medio los obliga a adelantar dinero a los productores, es el mismo poder central que discrimina a los Estados subnacionales en la distribución de la obra pública y en la afectación de subsidios para transportes de pasajeros o de cargas.