La presidenta Cristina Fernández firmó en la última semana un "acta de reparación histórica" para la provincia de Entre Ríos, que le asigna un monto total de 1.639 millones de pesos del Tesoro nacional. La decisión del gobierno expone con singular obscenidad el deterioro de las instituciones de la República, sustituidas por un voluntarista sistema de premios y castigos al alineamiento político.

En el plano simbólico, la calificación que la Casa Rosada le ha dado al acto administrativo supone asumir la potestad de juzgar a la historia, y la atribución de repararla por el mero acto del poder. Todo ello ejercido fuera del cauce constitucional que debería regir la administración del país.

En el escenario político, ese mismo acto es un premio al consentimiento del gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, quien ha seguido las instrucciones del gobierno nacional en desmedro de los reclamos de los productores de su provincia.

Sobre la cuestión legal pesa finalmente la imposición de la firma del Poder Ejecutivo sobre la ley. Los recursos son de las provincias y, si se delegan en parte a la Nación, es para que ésta lleve adelante políticas federales que además deben contar con un esquema impositivo y de distribución sancionado por el Congreso.

Nada de esto sucede hoy en la Argentina. Más allá de las razones que puedan asistir a las posturas en pugna, el conflicto del gobierno y el campo expresa la falta de una política para el sector y la ausencia del marco legal que regule las fuerzas en disputa, en orden a la justicia económica y social.

Provincias como Buenos Aires o Chaco también fueron premiadas por las decisiones del gobierno central en las últimas horas. Córdoba, en cambio, espera resignada que el gobierno nacional le remita lo que le adeuda, mientras Santa Fe asiste con discurso testimonial en resguardo de sus legítimos intereses postergados.

El sistema no es novedoso y tiene antecedentes inmediatos. En los años "90 la provincia de La Rioja fue beneficiada con el voluntarismo de un presidente surgido de esas tierras; hoy Santa Cruz se lleva tajadas desproporcionadas de la inversión nacional en obras públicas; cambió la jurisdicción pero no la modalidad.

Tal vez Entre Ríos se merezca más recursos de los que le fueron asignados por decreto. Pero en todo caso ésa es una decisión que debe ser federal y que no puede estar motivada por simples alineamientos políticos sino en verdaderas razones de Estado.

Es tiempo de advertir que los propios beneficiarios de medidas como ésta son en rigor eternos perjudicados de ese mismo sistema. Si Entre Ríos fue históricamente despojada, es porque no pudo hacer valer su protagonismo legítimo en un sistema federal, y en cambio su administración actual se somete a la limosna del poder central.

Lo mismo vale para todos los distritos que conforman el país. La Argentina del bicentenario se merece más que un caudillismo del siglo XIX manejando los recursos del siglo XXI. La legitimidad de los votos debe estar consentida por el apego a la Constitución, para no degradar en mera garantía mecánica de una democracia vaciada de legalidad.