Las carpas montadas por militantes oficialistas en la Plaza del Congreso en Buenos Aires van a continuar. El intento de Mauricio Macri Äjefe de la ciudadÄ de retirarlas fracasó. Los funcionarios municipales que se hicieron presentes para informarse sobre la existencia de autorizaciones legales fueron insultados y golpeados por los manifestantes. Tampoco fue escuchada la advertencia de que era riesgoso mantener un cartel colgado de una farola. Ni siquiera la muerte en parecidas circunstancias del desafortunado joven tucumano Carlos Marriera sensibilizó a los "combativos" militantes.
No deja de llamar la atención que un pedido de autorización legal despierte la hilaridad de los manifestantes. En cualquier país normal, la ocupación de un lugar público es precedida por una gestión y un permiso. En la Argentina estos reclamos despiertan risas y burlas. El Estado nacional en nuestro país no sólo que no ejerce el monopolio legítimo de la violencia, sino que en más de un caso no está en condiciones de hacer cumplir una inocente disposición municipal. Agrava el panorama el hecho de que desde el oficialismo se alientan estas irregularidades institucionales.
A la hora de defender las carpas en Plaza Congreso o el intento de "escrache" al presidente de la Sociedad Rural, los voceros del oficialismo sostienen que ellos también tienen derecho a manifestarse como lo hacen los diferentes sectores. Así lo han expresado el ex presidente Kirchner y, con tonos más radicalizados, D'Elía y Pérsico.
El argumento de que otros sectores cortan rutas u ocupan espacios públicos no es válido, porque en ningún caso la ilegalidad se corrige con más ilegalidad. Mucho menos si esa ilegalidad proviene de un gobierno cuya representatividad se respalda en la ley y su misión es representar a todos los argentinos. Kirchner invoca el derecho a manifestarse, pero olvida o deliberadamente no tiene en cuenta, que el oficialismo, en tanto gobierno, es más que una parte, ya que en un Estado de Derecho representa a la Nación. Por ese motivo no puede comportarse como una facción y, mucho menos, alentar la movilización de grupos irregulares, que en más de un caso prefiguran a organizaciones paraestatales.
Resulta sintomático que a la hora de defender la disposición 125, la presidenta diga que apoya esa iniciativa, porque está obligada a atender los intereses del conjunto de la sociedad y que, acto seguido, legitime el comportamiento al margen de la ley por parte de organizaciones que Äy esto es lo graveÄ disponen de los poderosos recursos del Estado para intervenir.
Sería deseable que la resolución del conflicto, que desde hace más de cien días sacude a la sociedad, dejara algunas enseñanzas institucionales, más allá del desenlace económico de la crisis. Gobernados, pero en primer lugar gobernantes, deberían hacerse cargo de que no hay piquetes buenos o malos o escraches buenos o malos, porque en todos los casos son decisiones violentas e ilegales. Hasta tanto los argentinos no nos hagamos cargo de estas nociones elementales de civismo, seguiremos transitando por las orillas de la ley.