Mario Cáffaro
La diputada Silvina Frana (PJ - Frente para la Victoria) acusó a sus pares del oficialismo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de negarse a tratar un pedido de informes de su autoría, relativo a aspectos presupuestarios que tienen que ver con la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la provincia.
"El pedido se funda en la necesidad de conocer los pasos dados en el proceso de instrumentación del nuevo Código, sancionado por ley 12.734, teniendo en cuenta que a seis meses de asumir la nueva gestión de gobierno aún no se avizora ningún avance en la materia. Tanto es así que a días de que venza el plazo de entrada en vigencia de la ley (prevista para el lunes próximo), el Ministerio de Justicia remitió un proyecto de prórroga sin plazos y pretende que sea aprobado a "libro cerrado' ", dijo Frana.
Este jueves, en Diputados se discutirá el mensaje del Poder Ejecutivo que llegará al recinto con las firmas de diputados oficialistas, mientras que los tres bloques justicialistas irían con un dictamen propio.
Los diputados opositores aducen que "desconocen los motivos por los cuales el gobierno no ha tomado en consideración el trabajo elaborado por la gestión anterior, en el cual existe un acabado detalle de los costos que demanda la puesta en práctica del nuevo sistema penal de enjuiciamiento".
El trabajo a que refieren los justicialistas fue presentado el pasado 21 de setiembre por la comisión conformada en el marco del plan estratégico para la reforma del Código Procesal Penal y que coordinaba el entonces subsecretario de Justicia, Gabriel Somaglia. El trabajo le fue encomendado a esa comisión por un decreto firmado el 26 de diciembre de 2006, por el entonces gobernador Jorge Obeid y tenía como fecha de entrega el 1º de abril, aunque luego le fue concedida la prórroga hasta setiembre.
Frana es acompañada en la firma por su compañero de bloque Mario Lacava y los también justicialistas Silvia De Césaris y Alberto Monti, representantes de los otros dos bloques del sector.
El pedido al Ministerio de Justicia tiene tres puntos: si se tomó en cuenta el análisis efectuado por la comisión técnica, que a los fines de garantizar la razonabilidad y el consenso se integró con los tres poderes del Estado, los colegios profesionales, las universidades y por los redactores del Código, en el que se practicó un análisis completo de las necesidades y sus costos; detalle de las necesidades de infraestructura y recursos humanos para cada etapa, necesarios para implementar las reformas que se plantean en el proyecto del Poder Ejecutivo, remitido a través del mensaje Nº 3.490 del 11 de junio del 2008; razón por la cual no se enviaron los proyectos de leyes que se mencionan en el artículo 3º del proyecto antes mencionado, en estos 180 días que llevan de gestión.
"En el trabajo de esa comisión, ahora desechado por el gobierno socialista, constaban concretamente los costos en infraestructura y presupuesto necesarios para su instrumentación" afirma Frana.
La legisladora da cuenta de que el estudio estableció órganos y cargos nuevos que habría que crear, cálculo de costo de mobiliario, alquileres, equipamiento informático y otros rubros dirigidos a la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal. "El descarte de este tipo de trabajo, sumado al mensaje en el que se pretende presentar una prórroga indefinida como ley de implementación dejan al descubierto que en realidad lo que se pretende es no poner en práctica el nuevo Código, cuya entrada en vigencia de acuerdo con lo establecido por la ley, es el próximo 30 de junio", dijo la legisladora a El Litoral.
La comisión creada por Obeid recomendó "prudencia y ejecutividad" en la aplicación de los cambios establecidos por la ley 12.734. "En ese sentido, consideran pertinente declarar que las políticas ejecutivas, judiciales, legislativas y presupuestarias que sean menester ir adoptando,estén precedidas por la previa evaluación de parámetros objetivos, referidos a criminalidad, cantidad de causas, concentración de población, extensión territorial, como así también que sean considerados los medios materiales y recursos humanos actualmente disponibles".
Para esa comisión, era condición sine qua non la sanción y promulgación de la ley del ministerio público que se elaboró dentro del Plan Estratégico. El proyecto nunca pudo ser votado por la Legislatura y ahora el Ejecutivo actual pretende tener un plazo de 150 días, para enviarlo a las Cámaras.
Las recomendaciones están divididas en nueve puntos, donde había sugerencias de modificaciones de normas reglamentarias, de orden instrumental, de cooperación institucional, capacitación de recursos humanos, una fuerte campaña de difusión pública; y recomiendan por último integrar una comisión interinstitucional de monitoreo, de seguimiento o control para auditar la aplicación.
Números
El trabajo estima que sólo en materia de política salarial para los nuevos cargos del ministerio público fiscal en la ciudad de Santa Fe el presupuesto requerido era de 1.381.016 pesos anuales (a valores salariales de agosto del año pasado). Los cargos previstos en el proyecto de ley eran 26.
Otras inversiones necesarias para la ley de ministerio público eran 265.000 pesos, por única vez, en informática y mobiliario; 74.400 pesos anuales para gastos de funcionamiento y 135.000 pesos anuales de alquiler para un espacio físico estimado en 624 metros cuadrados.
"Sabemos que el costo para implementar la ley es millonario" dijo Frana quien admitió que debe haber una aprobación progresiva pero disintió sobre el sistema elegido por el actual gobierno que posterga en el tiempo la aplicación de la norma.