El ministro de Justicia, Héctor Superti, desestimó las críticas formuladas por el justicialismo, a raíz de las supuestas demoras en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal.
"La provincia tiene 24 años y medio de demora en ajustar sus instituciones procesales-penales a las exigencias actuales", disparó. Consultado por El Litoral, el funcionario reconoció la existencia de una comisión que debía trabajar en la aplicación de la nueva norma, pero aseguró que lo que figura en sus actas son sólo generalidades. "No es que hayamos desechado ese trabajo, como se dijo por ahí, sino que nos resultó relativamente poco útil. No tenía precisiones; incluso, los estudios de tipo económico que se hicieron eran inadecuados, porque se tomaban referencias que no se ajustan a las exigencias del nuevo Código", sostuvo.
En lo que a su gestión respecta, recordó que se creó una Dirección específica para llevar adelante la instrumentación de la ley, que ya viene trabajando sobre tres ejes: infraestructura, normas y capacitación.
Acerca de la fecha del 30 de junio establecida por ley para poner en marcha el nuevo sistema, "y teniendo en cuenta que no están dadas las condiciones para que eso suceda, porque ni siquiera se dictaron las leyes necesarias ÄexplicóÄ, lo que hicimos fue preparar un proyecto de ley de implementación. Así, en vez de poner una fecha casi mágica para que empiece a regir el nuevo Código, a través de una ley establecemos cómo y de qué manera empezará a regir".
El ministro aclaró que una cosa es dictar la ley y otra es ponerla en práctica. "Es como concebir un hijo y parirlo. Es mucho más costoso el momento de la parición, porque hacen falta un montón de condiciones y requisitos. Para eso, analizamos qué partes del Código se podían poner en práctica en lo inmediato y qué otras necesitan más tiempo, y vimos que había muchos aspectos que se podían poner en marcha. Eso es la ley de implementación", explicó.
Superti consideró que si esta ley se aprueba se podrán "descongestionar bastante" los tribunales, porque prevé alternativas a la realización de los juicios que, si son utilizados por los operadores judiciales, permitirán evitar nuevos procesos y en consecuencia, más causas que hoy hasta terminan prescriptas.
Superti dijo que en esta primera etapa de aplicación del Código, se prevé utilizar la estructura que ya existe en el Poder Judicial, a los que se sumarán los Centros de Asistencia Judicial y la reformulación del ex Patronato del Liberado. "Los Centros de Asistencia Judicial demandan cinco edificios (uno en cada nodo) que se pueden alquilar, donde funcionarán dos áreas: una de mediación y otra de asistencia. Esa asistencia será judicial, psicológica y social, pero para eso usaremos la estructura del Estado, y pensamos hacer convenios con Colegios de Profesionales para emplear esa mano de obra. Hasta allí, el costo que estimamos no es muy alto y estamos en condiciones de afrontarlo", comentó.
Por otra parte, adelantó que han contratado profesionales para capacitar a capacitadores. "La próxima semana ÄadelantóÄ empieza el primero de tres módulos para capacitar a unos treinta docentes de la provincia, especializados en penal y procesal penal, para que sean ellos los que en la provincia repitan después los cursos a los operadores judiciales, sean abogados, fiscales o jueces. Estamos preparando a los profesores; capacitar a los capacitadores. Para eso tenemos que traer gente del exterior (de Chile), porque no tenemos en el país suficiente capacitación como para transferirla a los profesores", concluyó.