El oficialismo ratificó ayer su decisión de someter a debate las retenciones móviles, en el marco de una gran presión opositora y ruralista para modificar el régimen en la Cámara de Diputados, y la discusión podría llegar la semana próxima al recinto tras cerrar la ronda de consultas a nivel de comisión.
José María Díaz Bancalari, quien ofició de vocero del bloque oficialista, sostuvo que "no hay proyecto que se pueda tratar a libro cerrado" pero afirmó que las retenciones móviles seguirán vigentes a lo largo de la discusión.
El titular del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, y la mesa chica que lo acompaña en el conducción de la bancada, dialogaron durante casi dos horas en el palacio del Congreso con los representantes de las entidades agrarias, entre los que estuvieron Eduardo Buzzi (Federación Agraria), Hugo Biolcatti (Sociedad Rural), Néstor Roulet (CRA) y Carlos Garetto (Coninagro).
Ambas partes coincidieron en calificar de "positiva" la reunión. Paralelamente, la discusión en el plenario de las comisiones de Agricultura y de Presupuesto estuvo atravesada por momentos de tensión, cuando los ruralistas presentes abucheaban los discursos oficialistas y reclamaban abordar la discusión de las retenciones móviles, y la oposición exigía acortar los plazos.
"Lo están dilatando", se quejó el titular de la Federación Agraria de Entre Ríos, Alfredo de Angeli, quien para sumar presión convocó a otros ruralistas a viajar a Buenos Aires para acompañar el debate y anunció que a partir de hoy se realizarán asambleas diarias en la carpa montada en la Plaza de los dos Congresos.
La estrategia oficialista en el Parlamento, convertido en epicentro de las negociaciones, apunta a debatir la resolución junto a otras iniciativas, como modificaciones al sistema de arrendamiento, y la aprobación de mecanismos de promoción de la producción láctea y triguera.
El conjunto de iniciativas que podrían llegar al recinto de la Cámara Baja la semana próxima incluye también el proyecto de "precio pleno" del trigo que permitiría a los productores sortear los máximos fijados desde el gobierno.
Frente a las acusaciones de "dilación", el titular de la Comisión de Agricultura, Alberto Cantero Gutiérrez, afirmó que la ronda de consultas concluye el viernes.
El intenso debate que atravesó el Congreso estuvo afuera del palacio acompañado por la tensión en la Plaza de los Dos Congresos, donde los promotores de la protesta rural instalaron una carpa y el kirchnerismo agregó dos más a las cinco montadas el fin de semana.
La polémica desatada a raíz del intento del gobierno porteño de desalojar las carpas kirchneristas sumó un fallo del juez Roberto Gallardo, que rechazó el pedido de la comuna con el argumento de que podía "exacerbar los ánimos".
Las comisiones de Agricultura y de Presupuesto de la Cámara Baja finalizarán el viernes la ronda de consultas por las retenciones móviles. El presidente de la Comisión de Agricultura, Alberto Cantero Gutiérrez , respondió así a los reclamos de la oposición.
El jefe del bloque radical, Oscar Aguad, y el macrista Federico Pinedo buscaron convencer a sus colegas para retirarse de las deliberaciones de ayer, pero Adrián Pérez (jefe de la Coalición Cívica) y el resto de sus compañeros de bloque prefirieron quedarse aunque sin admitir "dilaciones".
Luis Horacio Santucho, del Frente Nacional Campesino, sostuvo ante los legisladores: "El espasmo triunfante de la soja no ha permitido que nosotros pudiésemos aparecer" y alertó que "con topadora en un día se voltean 100 hectáreas, envenenan nuestra tierras y aguas" con "químicos que tienen efectos cancerígenos".
Susana Andrada (Centro de Educación al Consumidor) advirtió que "no hay intencionalidad de analizar la cadena de valor" y afirmó que "a los consumidores llegan los productos a valores superiores de 20, 30, 40, y 50 por ciento más" de lo que se le paga al productor. Sandra González (Adecua) afirmó que "los mayores perjudicados son el productor y el consumidor final".
Un productor del valle de Río Negro reclamó un tratamiento especial para pequeños y medianos productores, y la emprendió contra el senador justicialista y empresario Roberto Urquía: "Forma parte de la oligarquía, no los productores, no se equivoquen".
Una representante del Movimiento de Mujeres en Lucha de la misma región patagónica, acusó a la presidenta Cristina Fernández y a algunos diputados de actuar con "desprecio contra el campo", lo que le mereció una reprimenda de Cantero Gutiérrez.
Luego, un viñatero independiente de San Juan reclamó que las retenciones se apliquen a la "exportación minera", tras lo cual se pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las nueve.
Investigación.
El gobierno nacional dispondrá que una "investigación dilucide" cómo puede ser que durante el lock-out de productores agropecuarios haya "aumentado" la exportación de granos, anunció el secretario de Agricultura y Ganadería, Javier de Urquiza, al dar a entender la sospecha sobre posibles maniobras irregulares. "Los números están demostrando que a pesar de los cien días de paro, como dijo la presidenta a los dirigentes (del campo), con todas las dificultades que generaron internamente al país, las exportaciones se incrementaron", dijo el funcionario. El gobierno anunció el hecho mediante solicitadas en medios nacionales.
Los impulsores de la protesta agropecuaria sumaron ayer su carpa en la plaza de los Dos Congresos, que ahora rivalizará con las otras siete montadas por el kirchnerismo. El Ejecutivo nacional y el gobierno porteño volvieron a cruzarse a raíz de los frustrados intentos de desalojo y del histórico reclamo del traspaso de la policía al ámbito porteño.
Según aseguró el ministro de Espacio Público de la ciudad, Juan Pablo Piccardo, el gobierno porteño sólo le otorgó al campo la autorización para que instale su carpa que fue "la única que solicitó el permiso", agregó.
La Justicia capitalina dio lugar a un recurso de amparo mediante el cual se impide al gobierno porteño desalojar las carpas, pero ordena a los bomberos revisar las estructuras ya instaladas en el paseo para corroborar las condiciones de seguridad. La medida fue adoptada por el juez porteño Roberto Gallardo, quien consideró en la resolución que "en el actual marco socio-político, llevar a cabo el desalojo de los manifestantes no haría sino exacerbar los ánimos que con tino se intentan calmar desde el poder público federal".
El jefe de Gabinete de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Seguridad porteña, Guillermo Montenegro, renovaron su reclamo por el traspaso de la policía al ámbito de la ciudad y negaron que su iniciativa de desalojar las carpas sea una "cuestión política".
La sexta carpa kirchnerista se puso en una dársena de paradas de colectivos frente al Congreso. Rodríguez Larreta denunció que hay combustible dentro de las carpas mientras el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, juzgó "absolutamente incomprensible" el "revuelo" desatado por la instalación de las carpas, y afirmó que hubiera anhelado escuchar de parte del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, "una condena mayor" del prolongado paro agropecuario.
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, afirmó que "en ningún momento se solicitó" desde el gobierno porteño "que la Policía intervenga". Con mayor virulencia, el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, acusó a Rodríguez Larreta de ser un "profesional de decir pavadas" y agregó que "no tiene idea, insulta, no se cultiva".
Contrapunto
Hebe de Bonafini afirmó ante los diputados reunidos en comisión que los ruralistas "no pasarán", y que "no daremos ni un paso atrás, no queremos más cortes ni prepotencia". Alfredo De Angeli evaluó que "la señora ya tiene muchos años de lucha y por ahí no le cierran bien las ideas. No me llama la atención. En una época veía que los reclamos de ella eran justos", dijo el ruralista, quien consideró que Bonafini se expresó "con prepotencia". "Las palabras de ella fueron confrontativas. Tiene muchos años, por ahí no concuerda en algunas ideas", continuó.