Cuatro policías de Esperanza y un particular de la localidad de Humboldt fueron condenados por la Justicia provincial, por dos episodios ocurridos en agosto de 2004, donde se acreditó que los policías pidieron coimas, para liberar a una joven de Santa Fe, y para no secuestrar un auto con documentación apócrifa.
La resolución dictada por el juez de Sentencia de la Quinta Nominación, Enrique Álvarez, estableció penas de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el término de tres años para José Luis Illescas y Leandro Ariel Rojas Perotti, acusados de los delitos de "privación abusiva de la libertad calificada por violencia y amenazas, incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal y extorsión en grado de tentativa" ; y de "cohecho pasivo".
Luego condenó a los policías Juan Alberto Avalos y Alejandro Miguel Grazzioli, involucrados sólo en uno de los hechos, a una pena de tres y dos años de prisión en suspenso respectivamente, e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el término de dos años. La diferencia entre ambos es que Avalos cometió además el delito de "extorsión en grado de tentativa", mientras que a Grazziolli se lo acusó como "partícipe principal".
El particular, Heraldo Rodolfo Holzmann recibió una sanción de tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de "cohecho activo".
También ordenó el juez la "inmediata detención" de los policías Illescas y Rojas Perotti, mientras que el resto cumple condena en libertad.
El primer hecho data del 5 de agosto de 2004, cuando una mujer denunció ante la Seccional 7ma. de Santa Fe, un pedido de coima para soltar a la novia de su hijo, que estaba detenida en una comisaría de Esperanza. Para liberarla, dos hombres de la fuerza acompañaron al muchacho hasta la capital para buscar los $ 1.000 que le solicitaban.
Ante la intervención de los superiores, los policías que estaban de guardia no tuvieron más que confirmar la presencia de la chica de 18 años en esa seccional y ordenar su traslado a Santa Fe
Esa noche la Justicia de Instrucción realizó un procedimiento en dependencias de la Unidad Regional XI, donde se secuestraron elementos que comprometían a los cuatro funcionarios policiales imputados.
Se los acusa de la detención de la pareja, aunque luego se supo que sólo la chica estuvo debidamente ingresada en los libros y se falseó el motivo del arresto. Al joven lo amenazaron con "formarle una causa por circulación de dinero falso y tenencia de drogas" lo mismo que a su joven mujer.
Dado que dos de los implicados en el segundo hecho fueron los mismos, las causas se acumulan en el mismo juzgado de Sentencia. Entonces Álvarez también debió resolver el episodio iniciado el 20 de agosto de 2004, con la denuncia de un anónimo en Asuntos Internos, delegación zona centro-norte.
La presentación hablaba del pedido de una coima de $ 5.000 a un particular, para que no lo detuvieran por circular con un auto VW Gol de dudosa procedencia. Por eso hubo un allanamiento en el que fue arrestado Heraldo Rodolfo Holzmann y se secuestró el vehículo. Con la verificación de la numeración del chasis se constató que la patente era apócrifa y que tenía pedido de secuestro de la provincia de Buenos Aires. Otro allanamiento permitió el hallazgo de documentación por transacciones en la compra y venta de automotores.
En cuanto al modo en que Holzmann adquirió el coche, dos hermanos de apellido Infantino negaron "haber vendido el automóvil Gol". Además, llama la atención que luego de enterarse de la grave irregularidad Holzmann no fuera a reclamarle a los Infantino por el auto malvendido. "Si bien Holzmann tenía en su poder el auto, no se acreditó que los Infantino se los hayan vendido, por lo que se deberá dictar una sentencia absolutoria", por el beneficio de la duda.
Finalmente, el juez Enrique Álvarez entendió que buscar el origen de lo ocurrido en las internas policiales "es un pretexto tan infantil que bajo ningún punto de vista puede ser tratado". Por el contrario "si las internas policiales son para descubrir a funcionarios corruptos, bienvenida sean y espero que sigan muchas más", reflexionó. "Todo ciudadano cuando tiene un problema acude en forma casi inmediata a la policía por lo que esta noble función debe merecer el mayor de los respetos".
En los considerandos de la sentencia, el juez Enrique Álvarez destacó que "las pruebas incorporadas son irrefutables". En ese sentido, explicó que ante la cantidad de elementos y coherencia de los relatos en el caso de la chica detenida, "no podemos hablar de coincidencias o un plan para desprestigiar a los preventores".
Sobre la otra denuncia, la de Asuntos Internos, el juez debió probar si los efectivos le pidieron plata a Holzmann a cambio de su silencio por las irregularidades del coche, y luego, si los supuesto vendedores estaban al tanto del origen del vehículo.
En la recapitulación de la historia, se supo que Holzmann vendió una moto por $ 2.000 y sacó un crédito de $ 3.300, en una mutual de Humboldt, para cubrir el pedido policial. Sin embargo, la víctima rectificó sus dichos en la justicia "afirmando que nunca le requirieron la entrega de dinero" y que había declarado eso "bajo presión intimidante ejercida por quienes intervinieron en el procedimiento". Finalmente fue "descartada de plano la rectificación realizada en el Juzgado de Instrucción".
De la Redacción de El Litoral