La Cámara de Senadores santafesina expresó su apoyo al proyecto de ley que, a nivel nacional, presentó el senador por Santa Fe Carlos Reutemann y su par Roxana Latorre.
El texto alternativo que tiene media sanción de la Cámara Baja del Congreso contó con el respaldo de la mayoría justicialista del cuerpo local. Los senadores provinciales del Frente Progresista Cívico y Social y de la UCR no votaron en favor de esa declaración, que nombra (con el número de expediente) la iniciativa respaldada por las entidades ruralistas.
Es la primera vez desde que comenzó el conflicto entre el gobierno nacional y los empresarios del sector agropecuario que la Cámara Alta santafesina vota dividida sobre el tema.
Según recordó el radical Felipe Michlig (quien lamentó que se perdiera la unanimidad y no votó por el texto que impulsó el PJ), en otras 5 oportunidades los senadores santafesinos se habían expresado sin mostrar diferencias.
Ricardo Spinozzi, el jefe del bloque de la bancada peronista (y futuro presidente del PJ santafesino) fue el encargado de sostener el criterio de nombrar a un proyecto en particular. El minoritario oficialismo en el Senado había pedido a los justicialistas que cambiaran el texto de la declaración por una definición más general, que no los obligara a apoyar un proyecto en particular. El radical frentista Federico Pezz (General Obligado) dijo que también el tercer senador por Santa Fe, Rubén Giustiniani, iba a presentar su propio proyecto alternativo al que ya logró la mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso.
Antes Juan Carlos Zabalza fijó la posición del oficialismo. Pidió al peronismo no "partidizar" las declaraciones del Senado local ante un tema de la importancia del conflicto gobierno-campo. Subrayó que la declaración debía directamente hablar en favor de "los proyectos de ley" que no dañen la potestad legislativa sobre los impuestos y que no resulten confiscatorios respecto de las alícuotas de las retenciones.
El socialista de Rosario recordó que en la Cámara Baja nacional el resultado pudo ser otro si al menos parte de los diputados nacionales electos por Santa Fe hubieran tenido otra posición (en obvia alusión al ex gobernador Jorge Obeid y el ex ministro de Hacienda Walter Agosto, entre otros legisladores del Frente para la Victoria).
Alberto Crosetti (PJ-Belgrano) argumentó que no había -por ahora- otros proyectos en la Cámara Alta del Congreso que contaran con el respaldo del agro, y aseguró que no tendría ningún prejuicio ideológico en apoyar algún texto de un legislador de otro partido si éste significara aportar una solución al conflicto.
Los fundamentos de la declaración presentada por la bancada del PJ subrayan que "remarcamos que no estamos en contra de las retenciones siempre y cuando éstas sean razonables y no perjudiquen a los pequeños productores agropecuarios". También que debe tenerse en cuenta que "en la provincia de Santa Fe toda medida que afecte al campo, estará afectando prácticamente a toda la cadena productiva y repercutirá en todas sus localidades y en toda la población".
Con la Cámara constituida en comisión y mediante mayorías especiales, los senadores santafesinos completaron la sanción de la ley que autoriza al gobernador Hermes Binner a incorporar 490 agentes al Servicio Penitenciario Provincial.
El bloque mayoritario del PJ prestó el número y aceptó tratar el mensaje que ya tenía la media sanción de Diputados, tras escuchar por la mañana un informe del ministro de Seguridad, Daniel Cuenca.
El mensaje del Ejecutivo se convirtió ayer en ley, y el justicialismo destacó que está dispuesto a brindarle al gobierno santafesino todas las herramientas que requiera para enfrentar la inseguridad.
Cuenca dijo a los senadores ayer en una extensa reunión en la presidencia que más personal del Servicio Penitenciario evitará que las comisarías tengan internos. Esto permitirá tener "más policía en la función de prevención, en la calle".
Ante 13 senadores de la oposición y el oficialismo señaló que hay unos 100 presos en comisarías del departamento La Capital y otros 1.000 en Rosario.
Con los senadores estuvieron el secretario de Seguridad Pública, Carlos Iparraguirre; su par de Asuntos Penitenciarios, Leandro Corti; y el director del Servicio Penitenciario, Mariano Bufarini.
Buena parte de la reunión de ayer entre funcionarios y legisladores se dedicó a la resistencia que surge en las localidades donde se anuncia algún proyecto de construcción de un penal.
El caso más reciente es el de Rafaela. Allí el gobierno provincial anterior y las autoridades municipales habían acordado construir una alcaidía; cuando la gestión actual cambió ese proyecto por la ejecución de un penal, se opusieron desde el Concejo Municipal hasta las organizaciones no gubernamentales.
Cuenca reconoció que sin consenso no puede avanzarse y subrayó que de todas formas es necesario otra unidad penitenciaria en esa región, cuyo lugar de emplazamiento debe acordarse con la comunidad.
Otro caso interesante fue el que relató Juan Carlos Mercier. El santafesino confesó su preocupación porque todos parecen estar de acuerdo con la necesidad de que se construyan más cárceles y que se quite la población carcelaria de las comisarías, pero después nadie acepta su vecindad. Relató su experiencia personal -durante el gobierno de Jorge Obeid- cuando uno a uno fueron cayéndose las chances de construir un penal en el departamento, por las sucesivas corrientes de opinión contrarias que surgieron en cada comunidad.
Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) recordó que en su departamento ya se acordó la construcción de un mini penal (e incluso hubo un registro de oposición que no obstaculiza el emprendimiento). Pero advirtió que han pasado desde entonces 3 años y comienzan a surgir voces contrarias al proyecto.