El gobierno nacional enviará al Congreso, probablemente antes de fin de mes, un proyecto de ley que contempla la reestatización de Aerolíneas Argentinas, desde 1991 en manos de empresas españolas, que hoy está en convocatoria de acreedores y, desde la llegada del grupo Marsans, ha generado una deuda post concursal que suma 900 millones de dólares.

Si bien la decisión no fue reconocida por ninguna autoridad oficial, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, no descartó "ninguna medida" que pueda apuntar a "resolver las cuestiones de fondo" de la crisis, aunque afirmó que por el momento las acciones se han canalizado "por vía judicial".

Consultado sobre si podía existir la posibilidad de que la compañía se reestatizará por ley, Jaime respondió: "Hoy las acciones son por vía judicial, pero no descarto ninguna medida que tenga que ver con resolver las cuestiones de fondo".

El titular del área de Transporte estimó que "la Justicia determinará cuál es la gravedad de la crisis que tuvo la administración" de Aerolíneas, y destacó que la parte que le compete al Estado fue la "gestión permanente de créditos que permitieron seguir abonando los sueldos". En ese sentido, remarcó que hubo aportes por "más de 100 millones de dólares del Banco Nación".

En tanto, el representante del Estado en el directorio de Aerolíneas Argentinas, Julio Alak, aseguró que "el gobierno no tiene ninguna vocación de quedarse" con la compañía aérea, y explicó que se pidió la intervención de la Justicia "para garantizar un servicio público".

Destacó que "este país es muy extenso y sin una línea aérea de cabotaje, hay regiones que van a quedar aisladas", por lo que puntualizó: "El gobierno interviene para realizar un salvataje de la empresa y no porque tenga voluntad de estatizar".

Por otra parte, explicó que "la designación del interventor es una atribución del juez", por lo cual rechazó que haya nombres en carpeta del gobierno para llevar a cabo esa tarea. Los diarios porteños dan como número puesto en la intervención al ex juez en lo comercial Javier Fernández Moore.

Alak señaló que "Aerolíneas desde hace tiempo está generando menos recursos de los que necesita para atender a su operatoria habitual", y subrayó que "eso llevó a que la empresa haya aumentado notablemente su endeudamiento luego de su concurso de acreedores que tuvo en 2001".

Indicó que "la deuda post concursal se elevó de una manera muy importante", y explicó que por eso "hoy la empresa no puede atender los pagos de la deuda y los gastos operativos diarios".

Afirmó que la firma "está prácticamente en cesación de pagos", y remarcó que "al estar concursada no puede salir a pedir dinero a los mercados financieros".

Asimismo, señaló que la aerolínea "acumuló una gran cantidad de deuda con proveedores, y con compañías petroleras", y puntualizó que "tiene un déficit operativo mensual que este mes va a llegar a los 30 millones de dólares".

"Esta situación de asfixia económica hace que el Estado tenga que asistirla, lo ha venido haciendo desde marzo último", sostuvo Alak, quien estimó que el hecho "de que un juez designe a un interventor fue una medida imposible de no adoptar para tener la certeza del endeudamiento que la empresa posee y tomar las medidas necesarias para seguir prestando el servicio".

En consecuencia, evaluó que "en estas condiciones, para mantener el servicio, proteger el interés público y conservar las fuentes de trabajo, es que se pidió la intervención judicial". Aclaró que "la empresa no está quebrada, sino concursada con un abultado déficit operativo mensual".

El gobierno argentino y los sindicatos de Aerolíneas Argentinas pidieron el jueves la intervención judicial de la compañía, controlada por el grupo turístico español Marsans, cuyos trabajadores no han cobrado sus salarios desde el mes de junio.

Poco después de la solicitud presentada ante el juez comercial de Buenos Aires, Jorge Sicoli, quien instruye actuaciones por antiguas reclamaciones de acreedores de la aerolínea de bandera, el gobierno argentino hizo un aporte extraordinario de 11,1 millones de dólares, para pagar los salarios de junio a los trabajadores de la compañía.

Además de pagar los salarios, el Estado aportará otros 5,2 millones de res para garantizar la continuidad de las operaciones de la aerolínea de bandera y de Austral, su subsidiaria para vuelos locales.

Por su parte, el juez convocó para el próximo martes a una audiencia a los representantes de Marsans, propietario del 95 por ciento del capital de Aerolíneas, y del Estado argentino, accionista minoritario con el 5 por ciento.