La decisión del gobierno nacional de revisar su política de retenciones móviles es un primer gesto importante para encauzar al país. Es imprescindible que la Argentina preserve las instituciones republicanas, encamine su producción, redistribuya sus riquezas y tranquilice sus espacios públicos.

El marco teórico de la confrontación sistemática no es funcional a la democracia, ni al desarrollo del país ni a la justicia social. Hace falta menos humildad que inteligencia para advertir que si se ahogan las riquezas, nada se puede repartir; el empecinamiento en el error es inadmisible, salvo que el objetivo sea generar el caos.

El gobierno debe dejar de ser contradictorio con su propio discurso. Para alcanzar un desarrollo social integrado se deben generar y preservar las condiciones de producción y renta razonables y sustentables, que permitan incrementar la generación de riqueza y trabajo, agrandar la base imponible y aplicar un diseño fiscal que financie la inclusión social.

Al éxito histórico no se llega por atajos, y menos con voluntarismos facilistas. Llevará tiempo, pero es posible aprovechar la oportunidad de los mercados internacionales y preservar el derecho a la alimentación de todos los argentinos. Para ello, hacen falta políticas y eso es lo que el gobierno nacional debe asumir. No es lo mismo generar condiciones productivas y procurar riquezas para luego redistribuirlas, que confiscar los bienes de un sector estamentario para hacer caja y acumular reservas que más allá de la razonabilidad monetaria, terminan siendo improductivas para el país.

El Poder Ejecutivo Nacional está confrontado con el campo, con la agroindustria, con buena parte del comercio, con las ciudades y pueblos del interior, con amplios sectores de las clases medias urbanas, con la oposición e incluso con sectores oficialistas en el parlamento y el espectro sindical.

Los gobernadores, las organizaciones gremiales y los desocupados que sucumbieron a la indignidad de la caja clientelar, no son un buen argumento para sostener a los legisladores leales o a los actores sociales que de buena fe pueden creer en el discurso oficial, que suena de una manera pero que no encuentra correlato en la realidad.

No se somete la Constitución al arbitrio de turno ni se encarna la justicia en la mera voluntad. Las instituciones sólo se preservan en la política de calidad, y ésta necesita de actores que estén a la altura de las circunstancias.

Si un sector tiene realmente una renta extraordinaria mientras otros padecen miseria, entonces la política debe procurar un diseño impositivo progresista y una gestión transparente de los recursos. Nada de eso sucede en la Argentina.

Las retenciones móviles son injustas para muchos de los actores económicos que debían afrontarlas; su nivel es confiscatorio y el procedimiento de su sanción Äcomo el de su derogaciónÄ, a todas luces, inconstitucional. Es hora de gestionar la equidad en la legalidad; el gobierno tiene que dejar de dilapidar tiempo y recursos en un improductivo empecinamiento.