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Política: POLI-02
Tras el fracaso en el Senado
El gobierno estudia medidas para reacomodar las cuentas públicas
Se estudia una reducción de subsidios al transporte y la energía para la Capital Federal y el conurbano, y no se descarta un nuevo proyecto de ley de retenciones. Subirían el mínimo no imponible a Ganancias y actualizarían jubilaciones.
De la redacción de El Litoral
El nuevo proyecto de ley de retenciones y una baja en los subsidios a servicios de transporte y energía -en especial en Capital y Gran Buenos Aires- serían las medidas que analiza el gobierno nacional tras el revés por las retenciones móviles. La Casa Rosada responsabilizaría al campo por tener que adoptar esas medidas, pero buscaría recomponer relaciones con la clase media urbana mediante la suba del mínimo no imponible de Ganancias. También se analiza cómo llevar adelante la movilidad de las jubilaciones. El gobierno está obligado por fallos de la Corte Suprema, y la medida le serviría para recomponer su imagen. Sin embargo el costo fiscal es un problema. Con $ 2 mil millones de superávit fiscal en junio y más recaudación cuando el campo comience a vender sus granos (tras la derogación de la resolución 125), el gobierno sumará recursos mientras recompone los 3 mil millones de dólares de reservas del BCRA. Sin embargo, el oficialismo no dejaría de lado la estrategia para promover un proyecto de ley que aumente las retenciones y disponga compensaciones a pequeños y medianos productores. El revés oficial en el Congreso y más defecciones en las filas legislativas oficiales podrían condicionar la estrategia. Federación Agraria Argentina ha pedido contemplar la situación de los pequeños productores y la SRA -en boca de Luciano Miguens- respaldó el planteo. La entidad que conduce Eduardo Buzzi sugiere rescatar un proyecto de ley del demoprogresista capitalino Rafael Martínez Raymonda, que diseña un gravamen con otra forma más progresiva a la hora de liquidar exportaciones.
Subsidios metropolitanos
Mientras el nuevo escenario fiscal se rediseña en Economía y se debate en los pasillos del Congreso, el discurso oficial apura argumentos para acusar a la derogación de "la 125" para justificar la actualización de tarifas retrasadas. Electricidad y transportes de Capital y Gran Buenos Aires, además del gas en varias jurisdicciones del país, serían los servicios a los que se reducirían los subsidios y se autorizarían aumentos. Quienes viven en la zona más rica del país pagan hasta ahora la luz y el gas más baratos, y disponen de mejores transportes a menores tarifas, gracias al diseño de subsidios que paga el ministro Julio de Vido. Aún con el aumento estimado, el boleto mínimo de colectivo en esa área pasaría de 0,90 a 1,10, muy por debajo del promedio que paga el resto del país, discriminado con menores subsidios desde Planificación Federal. Las medidas en estudio incluyen también un aumento de tarifas eléctricas residenciales de alto consumo en las zonas servidas por Edenor, Edesur y Edelap. El gobierno quiere mejorar el ingreso de las generadoras, entre las cuales hay muchas que pertenecen al gobierno nacional.
" En los EE.UU. hay preocupación por el destino que ha tomado la Argentina, porque se percibe un país que todavía no ha logrado consolidar las instituciones por encima de los liderazgos políticos", indicó Arturo Valenzuela, ex colaborador de Bill Clinton y actual asesor de Barack Obama. En un reportaje publicado por Perfil, agregó que el manejo de la crisis de la deuda "generó desconfianza y reticencia muy grandes para invertir porque se percibe cierta inseguridad jurídica". Los ruralistas reclaman retenciones diferenciales
El titular de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, y el presidente de la entidad en Entre Ríos, Alfredo De Angeli, coincidieron en reclamar una baja en las retenciones para los medianos y pequeños productores, luego de la derogación del gobierno de la resolución 125. "Tal como quedaron las retenciones a la soja al 35%, se mantiene el modelo de concentración; a igual impuesto sólo podrán seguir los pools o los grandes", dijo al diario La Nación Eduardo Buzzi, quien pidió que para el sector de productores de entre 30 y 150 hectáreas, que son la base de la representación de la entidad, las retenciones bajen entre un 10 y un 15 por ciento. Y hasta propuso de dónde debían salir los recursos para evitar que el Estado tenga que ponerlo de las arcas públicas: "Los fondos deberían venir de una profundización de la ley Martínez Raymonda, que obligó a los exportadores a pagar los derechos de exportación a la soja en forma retroactiva cuando éstos aumentaron del 27,5 al 35 por ciento en noviembre pasado". La propuesta de Buzzi, según La Nación, tiene el respaldo de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Coninagro. Por su parte Alfredo de Angeli, dijo que la derogación de la resolución N´125 "no resuelve nada, porque aún el 35 por ciento de retenciones es alto para muchos productores". "Ahora hay que hacer un plan agropecuario para granos, carnes, leche y economías regionales que en el caso de Entre Ríos serían los cítricos y el arroz. En carnes hay que incluir la ganadería, la avicultura, los porcinos. Hay que ver cómo se resuelve el tema impositivo. A veces se hace difícil poner precio, pero sí es posible desgravar impositivamente, porque es muy poco dinero lo que representaría para el Estado", le dijo a La Nación.
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