Periodismo Social - Cenda

En un informe elaborado por Mariana González, Pablo Ceriani, Cecilia Nahón, Federico Wahlberg y Ana Laura Fernández, investigadores del Cenda sobre el sector salud en la Argentina luego de la convertibilidad, se asegura que, si bien hubo mejoras en el sistema sanitario, persisten las inequidades pues "es severamente injusto, ya que existen planes de salud para trabajadores ricos y planes de salud para trabajadores pobres".

El Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda) está conformado por un grupo de jóvenes investigadores con formación en economía política que realizan aportes teóricos en el área social y económica.

Los economistas destacan dos falencias en materia de normativa que no han sido corregidas por el actual gobierno: el mantenimiento de los planes diferenciados de salud y la ausencia de un marco regulatorio para la medicina prepaga.

Además, la segmentación en las obras sociales "atenta contra el sistema solidario, pues impide que la población rica y joven subsidie a la población más vulnerable". También los mecanismos de gerenciamiento por medio de empresas de medicina prepaga "generan una clara desigualdad en la atención".

Se destaca que en los hospitales públicos se brinda atención a la población sin cobertura de obras sociales: "Es el sistema que brinda salud a los pobres, por eso su presupuesto requiere ser incrementado con urgencia. Pero, además, el sistema de hospitales públicos necesita cambiar radicalmente su fisonomía y la tendencia cultural a la que ha sido condenado en estos últimos años. Los hospitales públicos deberían volver a ser los principales prestadores del sistema de salud, y para ello deben tender a la excelencia y a brindar servicios de la más alta calidad en materia de atención".

El trabajo está basado en el principio del derecho humano al acceso universal y equitativo a la salud y destaca la corriente de pensamiento humanista dentro de la medicina, según la cual ningún ser humano debería tener privilegios sobre otros en el acceso a tales servicios. Es decir, los avances en materia de atención médica deberían ser compartidos por todos los hombres en forma igualitaria. En particular, la riqueza no debería ser el criterio a partir del cual asignar la atención médica.

Pero la realidad es otra: "Por una parte, el acceso a la salud se comporta, crecientemente, como una mercancía más que se transa en el mercado. Por otro lado, esto implica que su acceso se encuentra, de manera similar al común de las mercancías, distribuido de manera desigual, más vinculado con las posibilidades económicas de cada persona que con un criterio de equidad", dicen los investigadores del Cenda.

¿Cómo resolver esta inequidad? "Con la participación del Estado" ÄafirmanÄ, garantizando el acceso a toda la población, con independencia del tamaño de su billetera".

El Sistema del Seguro Social cubre a los asalariados y a sus familias y posee un financiamiento tripartito, proveniente de las contribuciones de los empleadores, los trabajadores y el Estado. El Sistema de Seguridad Social, en cambio, pretende cubrir a toda la población independientemente de su actividad laboral y su capacidad contraprestadora, por lo cual se lo considera un sistema universal, financiado en su mayoría con recursos provenientes de los impuestos generales. "En ambos casos, la intervención del Estado en el mercado de la salud es absolutamente incuestionable, y ello explica por qué países capitalistas avanzados como Gran Bretaña, España, Canadá, Francia y muchos otros poseen un sistema de salud mayormente público. En contraste, también explica por qué Estados Unidos, que cuenta con una gestión mucho más orientada al sector privado, tiene un sistema con fuertes inequidades e ineficiencias de todo tipo", dice el informe.

"La situación en términos de equidad se vio severamente agravada en estos años, ya que quedó configurado un sistema perfectamente segmentado: un sistema de salud para pobres basado en el hospital público, un sistema para la clase media baja o para la población con enfermedades crónicas de obras sociales desfinanciadas y un sistema para población joven y rica basado en la medicina privada y las obras sociales que se asociaron a las empresas de medicina prepaga" es el resumen que realizan los economistas sobre la década de los '90.

En este período, el sistema sufre dos fuertes embates: por un lado, el aumento del desempleo y del peso del empleo no registrado, que generan una sangría de fondos en el sistema de obras sociales, a la vez que una demanda crecientemente insatisfecha, que se dirige al subsistema público. Por otra parte y merced a la reforma del Estado privatizadora llevada a cabo en ese entonces, se puso en marcha el proceso que se denominó desregulación del sistema de obras sociales, que pretendía imprimir las leyes del mercado al sistema de salud.

"El resultado fue desastroso en términos de equidad Äaseguran desde el CendaÄ. La posibilidad de traspasos generó lo que se conoce como "descreme', que consiste en el traspaso de los trabajadores jóvenes de mayores ingresos a las obras sociales que brindan mejores servicios o que encaran una política comercial más agresiva para captar la "crema' del sistema. La consecuencia de esta política fue la polarización en la calidad de atención y en los ingresos de las obras sociales: un sistema de obras sociales ricas de población joven y un grupo de obras sociales pobres en ingresos con población envejecida o con enfermedades crónicas".

La subocupación y el empleo no registrado dejaron a la mitad de la población fuera del sistema de cobertura de obras sociales. Estas personas necesitaron del hospital público.

"Este aumento en la demanda de servicios de salud para los hospitales no fue acompañado por un incremento en los recursos, sino que ocurrió todo lo contrario, como consecuencia de la reforma del Estado", dice el trabajo del Cenda. Se descentralizó el sistema público de salud mediante el traspaso de los hospitales nacionales a las provincias, pero sin envío de fondos.