El diputado provincial justicialista Alberto Monti presentó un pedido de informes donde consulta al Ministerio de Salud sobre las acciones tomadas por la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria y la Municipalidad de Cañada de Gómez ante la aparición de un presunto brote de triquinosis, que habría afectado Ähasta el momentoÄ a más de 80 personas en los departamentos Iriondo y Belgrano

"A partir de los primeros días de julio, comenzaron a detectarse numerosos casos de presunta triquinosis en personas residentes en diversas localidades de los departamentos Iriondo y Belgrano de la provincia y en zonas limítrofes de la provincia de Córdoba", asegura Monti en los fundamentos del proyecto.

"A partir de las denuncias judiciales y policiales, ante la Guardia Rural Los Pumas de la policía provincial y las historias clínicas de hospitales públicos y sanatorios privados, el epicentro de este supuesto brote es la ciudad de Cañada de Gómez y los testimonios indicarían que los embutidos y chacinados probablemente infectados provendrían de la factura realizada por un comercio específico de esa misma ciudad", explica.

"Además de los alimentos adquiridos en dicho local comercial, se habría propagado el contagio a partir de ventas realizadas en comercios y vía pública en otras localidades como Correa, Bustinza, Las Parejas y sus aledañas, por lo que estamos ante un fenómeno que al menos nos preocupa", afirma Monti.

"Según los datos obtenidos, esta firma comercial faenaría sus animales en el Matadero Municipal dependiente de la Municipalidad de Cañada de Gómez, lo que no supone que la totalidad de los cerdos requeridos para la elaboración de los productos hayan sido faenados allí, sino que podría haberse incorporado materia prima de animales procesados en otro lugar", agrega.

"De todas maneras, y ante la propagación de la enfermedad en forma tan alarmante, es indudable que ha fallado la tarea de control, por parte de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria y de la Municipalidad de Cañada de Gómez. Más allá de las responsabilidades personales que pudieran llegar a comprobarse a partir de la investigación sanitaria, policial y judicial, es un deber ineludible del Estado, ya sea en sus nivel provincial como local extremar al máximo las medidas preventivas para que esto no suceda y en algún lugar de la cadena de faenamiento, elaboración, comercialización o distribución ha tenido algún tipo de error", concluye Alberto Monti.