Emerio Agretti
Reorganizar la Fiscalía de Estado para reforzar su condición de órgano consultivo del Poder Ejecutivo en cuestiones jurídicas y facilitar los trámites a quienes deban efectuar reclamos. Optimizar el trabajo a través de la capacitación y la medición de eficiencia. Aplicar criterios modernos para lograr más agilidad y transparencia. Éstos son algunos de los objetivos que guían el accionar del fiscal Jorge Barraguirre, sobre la base de una reforma de la organización jurisdiccional del organismo, pero también del propio Derecho Público. Y mientras se avanza, en simultáneo, en la solución de casos concretos y la negociación de conflictos complejos y gravosos.
Barraguirre presentó sus propuestas de reforma a fines del mes pasado, en las Terceras Jornadas de Derecho Administrativo Rosarino, con la idea de someterlas a la consideración y el consejo de los expertos, para luego enviar los proyectos necesarios a la Legislatura.
Mientras tanto, se contratarán dos auditorías externas "para establecer el grado de confiabilidad que tiene nuestro propio registro informático, las formas de medir la eficiencia de nuestros abogados, la detección de la conducta de los periféricos Äque son las dependencias jurídicas de otras áreas, los propios ministerios, etcéteraÄ, porque tenemos que ver dónde están los problemas".
En ese sentido, Barraguirre considera que el foco no debe estar puesto en la Fiscalía, que tiene una función consultiva para el Ejecutivo, sino en los órganos activos de la administración, bajo cuya órbita se producen los actos que motivan reclamos. "Entonces, tenemos que detectar y poder decir, por ejemplo, a la Caja de Jubilaciones que tiene un problema con la interpretación de la razonable proporcionalidad; en la Policía, que no se pagan adecuadamente los títulos; en Salud, que otorga subrogancias sobre la base de cláusulas legales discutibles. Son todos problemas con un largo arrastre y en cada caso hay que establecer un criterio".
Mientras tanto, también se trabaja internamente para acelerar y dar mayor seguridad a la circulación de expedientes. "Esto va desde asegurarlos hasta ponerles un código de barras para que no se pierdan, o establecer la intervención adecuada que deben tener los servicios jurídicos permanentes. Por lo pronto, ya reformulamos el decreto 132/94, en una especie de reingeniería del sistema de lo que a nosotros nos toca, que es el asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo".
Pero esto llegaría también al procedimiento administrativo a través de cambios normativos, que incluyen la propia ley de amparos. "La idea es tratar de separar los órganos activos de la administración, de lo que se llama administración contenciosa o jurisdiccional", explica Barraguirre.
El propósito es redefinir una situación que, en la actualidad, significa que "la administración emite el acto, formula la política pública y, después, es ese mismo órgano el que juzga la corrección del acto, del reglamento o del contrato, con el recurso de revocatoria, hasta agotar la vía administrativa.
"Y es muy difícil que una revocatoria sea declarada procedente, sobre todo con el tenor que a veces tienen los reclamos. Entonces, se mantiene la tesitura y se deja que lo resuelva el superior", agregó. Y cifró esto en un problema de vieja raigambre: "No hay cultura de admitir que se pueda haber tomado una decisión equivocada y que se tiene la oportunidad de corregirla. Ésta es otra de las cosas que tenemos que tratar de empezar a cambiar".
Deterioro
El estado de las paredes de la Fiscalía, como resultado de filtraciones de las intensas lluvias del otoño del año pasado, no puede dejar de llamar la atención de los visitantes. La razón es que todavía no se secaron como para permitir un arreglo definitivo, y se desechó por costosa una "solución" provisoria y meramente cosmética para cubrirlas. Mientras tanto, la imagen funciona como una metáfora de la declarada vocación de "no ocultar nada" y acaso de las deficiencias estructurales que se buscan corregir.
Barraguirre anticipó que la atención de Fiscalía está puesta en múltiples focos, que van desde la resolución de cuestiones concretas al establecimiento de marcos generales de acción.
Así, junto a los reclamos salariales de ex bancarios y policías, se avanza en acuerdos con magistrados que hicieron planteos, la escrituración de viviendas Fonavi y el reconocimiento de personería jurídica a los pueblos originarios.
Al mismo tiempo, se apunta a un diseño de gestión tendiente a "no humillar a la gente", simplificando y facilitando las gestiones, a la vez que haciéndolas más transparentes.
En ese orden, la puesta en marcha de una "escuela" para el cuerpo de abogados del Estado se verá completada con una serie de medidas tendientes a combatir la mora: audiencias de gestión de intereses -debidamente registradas y con la idea de publicarlas en Internet-, la colocación en la web de los dictámenes de la Fiscalía -para que los usuarios e interesados conozcan los criterios imperantes- con libre acceso e incluso una reformulación de las audiencias, abandonando el formato "adjudicativo" -al estilo de un juicio- por el "reglamentario", con un sistema de tipo más cercano a la "asamblea", que permita diseñar normativas apropiadas para aplicar a distintos casos.
El reclamo de los agentes del ex Banco Provincial de Santa Fe transferidos a la administración pública, que invocan haber perdido su estatus funcional o remunerativo, está cerca de cumplir 10 años y se multiplica en cerca de 800 casos, algunos de ellos ventilados todavía en el plano administrativo y otros ya en Tribunales.
Barraguirre informó que se está avanzando en una transacción que ya tendría el visto bueno de al menos la mitad de los agentes, y que se trabaja en una serie de puntos que son los que aún no permiten llegar a una solución satisfactoria para la mayoría. "Es complicado, porque como ya no hay banco, no pueden cumplir funciones bancarias. Y hay que preservar sus derechos, sin alterar en la repartición adonde revisten actualmente el principio de igual remuneración por igual tarea", resumió el fiscal. Más allá de esta cuestión general, precisó que también hay temas particulares que resolver, por eventuales errores en la recategorización.
Desde el punto de vista operativo, el cauce para estas soluciones también tiene dos vías posibles: unificar los reclamos a través de la Secretaría de la Función Pública y darles a todos la respuesta convenida de manera centralizada, o derivar el trámite a cada repartición donde se haya generado la situación. En el primer caso, la operación sería más lenta y engorrosa, pero segura. En el segundo, se ganaría en celeridad, pero con el riesgo de que haya alguna discrepancia interpretativa.
Mientras se analizan estas alternativas, la Fiscalía ya tiene algo así como una docena de expedientes para dictamen, que son los que -una vez que la transacción haya finalizado- permitirán establecer la pauta para dar respuestas a todos los casos.