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Política: POLI-02
Semana conflictiva en Derechos Humanos
Superti: "Al gobierno le complace acompañar los juicios por la verdad"
El ministro de Justicia diferenció a la gestión de la anterior en el manejo de fondos de la Secretaría de Derechos Humanos que tercerizaba la contratación de servicios. Está definido el nuevo programa de Protección de Testigos. Fuerte cruce legislativo sobre el tema.
Mario Cáffaro
"A este gobierno, le complace acompañar los juicios por la verdad y además tiene la obligación legal de hacerlo", afirmó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, al cierre de una semana donde la temática Derechos Humanos se disparó en algunos medios y llegó a la Cámara de Diputados ante declaraciones de Miguel Nievas, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf). Nievas cuestionó la falta de políticas en la materia de la actual gestión e incluso reclamó el pago de servicios efectuados en la búsqueda de pruebas para los juicios que se tramitan en la Justicia federal. En el inicio de semana, organizaciones de derechos humanos cuestionaron al gobierno por falta de diálogo, hecho refutado desde las oficinas de Casa de Gobierno donde la secretaría del área, Rosa Acosta, recibió a las entidades formalmente el jueves y acordó constituir una comisión por la Memoria. Superti le dijo a El Litoral que está definido el decreto con los cambios al Programa de Protección de Testigos; aseguró que Nievas no pudo cobrar el cheque porque no presentó factura y el importe le fue depositado en la Justicia federal; pero, además, diferenció a su gestión de la anterior en Derechos Humanos que otorgaba fondos a fundaciones para que éstas contrataran servicios de terceros, afirmó el ministro. "Cuando asumimos, nos enteramos que la gestión anterior tercerizaba la contratación de algunos servicios, es decir le daba dinero a fundaciones y luego éstas eran las que contrataban. Se movieron cifras significativas. No quiere decir más que esto; estamos investigando a ver cómo fue el manejo de fondos. A una fundación se le pagó más de 600 mil pesos. El estilo de trabajar a través de organizaciones intermedias no nos pareció adecuado, lo hemos cambiando. Recuerdo que cuando asumí tenía tomada la Secretaría de Derechos Humanos en Rosario con 12 empleados que eran contratados por otra fundación, que era la que le pagaba a éstos que estaban inscriptos como monotributistas pero trabajan en la Secretaría. Hicieron un planteo gremial que derivó en un acuerdo en este conflicto y se los reintegró a la administración. Estamos investigando los fondos que se le dieron a esa fundación y qué pasaba con esta situación", explicó.
La polémica con Nievas
Superti señaló que hubo reuniones con Nievas y otros integrantes de Antropología Forense. "Les dijimos que queríamos trabajar con ellos y que estamos dispuestos a contratarlos. Pedimos una propuesta de trabajo para seguir con las investigaciones. La trajeron, la aprobamos y seguimos interesados. Cuando pedimos elementos para hacer los contratos, éstos no aparecieron". El ministro se refiere a estatutos y autoridades de la organización así como los responsables económicos. En cuanto a la deuda, explicó que hubo un requerimiento de la Justicia federal solicitando colaboración a la provincia la cual está obligada por la la llamada ley Traferri (senador por San Lorenzo, autor de la iniciativa). El Juzgado Federal número 1 de Santa Fe pidió apoyo para una tarea en el cementerio de Barrancas y adjuntó el presupuesto de Antropología Forense por 1.400 pesos. La provincia aceptó. "Se hizo el cheque a nombre de Nievas el 25 de junio, se colaboró con personal y vehículos al traslado hasta Barrancas y cuando vino a buscar el cheque le pedimos recibo o factura. Dijo que no tenía y el cheque se venció el 25 de julio. No cobró por no tener recibo y después dijo por los medios que no quisimos pagarle". El jueves último, el ministro se presentó en el Juzgado federal donde relató los hechos, entregó copia de los cheques y el importe respectivo para que la Justicia realice el pago. "Nos complace apoyar a los juicios por la verdad y tenemos obligación de hacerlo; pero dentro de la prolijidad administrativa".
Protección de testigos
Por otra parte, Superti aseguró que "estamos bien con los organismos de Derechos Humanos. Nunca dejamos de dialogar con ellos, estamos trabajando al lado de ellos", aunque reconoció que "por el escenario doloroso de estas cuestiones, a veces pueden producirse tensiones". El ministerio terminó de compatibilizar el nuevo decreto con los cambios al Programa de Protección de Testigos para el cual han sido seleccionados 30 policías. Hasta hoy sigue vigente el programa dispuesto por la gestión Obeid. Superti marcó diferencias. "Ese programa no nos pareció bueno desde distintos puntos de vista, por ejemplo en lo tecnológico, los aparatos que se usaban eran de muchas deficiencias técnicas sobre la precisión de ubicación por GPS, en la carga de baterías, etc.". Con problemas de interpretación en el medio que originaron la salida de la anterior secretaria de Derechos Humanos, el nuevo decreto está listo para ser puesto en vigencia. "La unidad especial policial dependerá directamente del ministro de Seguridad; vamos a compartir los datos de los agentes seleccionados con los organismos en un marco de respeto y confidencialidad. Es un tema delicado y las personas que lo soliciten tienen que ser custodiadas por fuerzas policiales", afirmó.
Memoria
La secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta, se reunió con organismos de derechos humanos de esta ciudad para analizar el sistema de protección de testigos y querellantes en juicios por delitos de lesa humanidad. También se abordaron las políticas públicas que desarrolla y prevé el gobierno provincial. Durante el encuentro, se decidió avanzar en la conformación de una Comisión Provincial de la Memoria y mantener reuniones periódicas en ese ámbito, así como también, en el marco del programa de acompañamiento y protección de testigos, querellantes y abogados patrocinantes. La comisión de la memoria estará integrada por la Secretaría de Derechos Humanos y organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos y será un espacio de articulación e integración para la reflexión y la reconstrucción de la memoria. Protección
Superti reveló que hoy hay varios testigos protegidos en la provincia en el marco de juicios por la verdad que se tramitan en la Justicia federal de Santa Fe y de otras provincias. Lo hacen en el marco del decreto dictado por la gestión Obeid. "Sobre esos aspectos, mantenemos la confidencialidad pero nunca hubo un testigo al que no se le dio respuesta", acotó para luego renunciar a seguir hablando del asunto. El programa está a cargo de Oscar Blando y la cartera de Justicia tramita ante Economía partidas de fondos para poner en marcha la estructura sobre la base de una cantidad de testigos no revelada, también, por cuestiones de confidencialidad. Debate en Diputados
La diputada justicialista Claudia Saldaña llevó al recinto de Diputados el tema Nievas y se quejó de sus pares de la comisión de Derechos y Garantías que no aceptaron escucharlo el pasado miércoles y anticipó que la semana próxima no podrá hacerlo porque estará participando de un congreso. La legisladora pidió tomar el tema con seriedad y sin mentiras. Su intervención motivó una durísima réplica de distintos diputados del Frente Progresista que a su vez derivó en un cruce político cuando la socialista Lucrecia Aranda se preguntó qué partido indultó a los ex comandantes, qué partido estaba en el gobierno al momento del diciembre trágico en la provincia, y acusó a su par de tener intencionalidad política en la cuestión. Saldaña aclaró que ella era antireutemanista y que siempre militó en sectores humanistas y cristianos. Darío Scataglini y Jorge Lagna refutaron los ataques al justicialismo coincidiendo en que "fuimos atacados en forma innecesaria". Lagna se lamentó además que "un entuerto personal entre diputadas de Derechos y Garantías llegara al recinto cuando debió haberse arreglado en un pasillo". El socialista Lamberto se encargó luego de detallar la situación de Nievas y Alicia Gutiérrez (ARI) defendió la decisión del actual gobierno de no tercerizar los servicios pero también cuestionó el decreto de Obeid sobre protección de testigos debido a que se depositó la custodia en manos de las Tropas de Operaciones Especiales. La postura de Saldaña no fue acompañada por sus pares justicialistas que sólo refutaron las críticas de Aranda a la actuación de gobiernos de ese signo político.
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