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Política: POLI-03
La trastienda de las disposiciones anunciadas
Deconstruyendo a Cristina
Aunque incluye medidas justas y sensatas, el "relanzamiento" del gobierno parece un golpe de efecto para tapar los crecientes reclamos de las provincias, y la puesta en escena para "investigar" a las cerealeras tiene pinta de maniobra distractiva y autoexculpatoria.
Sergio Serrichio
Pasado el mal trago en el Senado por las retenciones móviles, en el que el que fue "traicionado" por el vicepresidente Julio Cobos, el gobierno de Cristina Fernández, "relanzó" su gestión, trancada durante cuatro meses por el conflicto con "el campo". Del lado de los malos, el privilegio de fideicomisos financieros y pools de siembra, que no pagaban Impuesto a las Ganancias, fue eliminado por decreto, y a las cerealeras ya les llegó el aviso oficial de que pongan las barbas en remojo y paguen más de 2.300 millones de dólares en retenciones que buscaron eludir con maniobras oscuras. Para los buenos, el gobierno ya dispuso el aumento del salario mínimo y envió al Congreso el proyecto para establecer por ley la movilidad de las jubilaciones. En camino, están la actualización de las asignaciones familiares, la suba del mínimo no imponible de Ganancias y, tal vez, la derogación de la malévola "tablita" de Machinea, núcleo del "impuestazo" de Fernando de la Rúa. Mientras, el Estado "recupera" Aerolíneas Argentinas. Hay nuevos bríos. La redistribución y la "calidad institucional" van en serio. Sería lindo creer el cuento oficial, pero la cosa es más complicada. Cada una de las cuestiones mencionadas admite lecturas muy diferentes de la del gobierno. La venganza contra Cobos es la parte más esperable de la nueva etapa. Se prefiguraba en la historia de los Kirchner, se intuía en las declaraciones tras la debacle en el Senado y tomó forma la semana que pasó. En una reunión de tono entre glacial y crispado, la presidenta le comunicó al vice que su rol "institucional" será recibir gente y tocar la campanita en el Senado. Cobos había llevado una carpeta con "ideas" para discutir, pero era inútil. Sigue habiendo "concertación", dice el gobierno. El que se abrió fue el vicepresidente, al que buscará dejar tan solo como Adán en el día de la Madre. El desgaste y eyección de los cobistas leales, los mimos a los críticos y la voladura de puentes entre el vicepresidente y gobernadores como Miguel Saiz (Rio Negro) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero) son apenas las primeras salvas.
Oportunismo
En cuanto a las medidas, vale la pena repasar su lógica y oportunidad (o, mejor dicho, oportunismo). La derogación de la exención de Ganancias de la que gozaban los fideicomisos financieros y los fondos de inversión agrícola suena a venganza más que a convicción política. Cuando el gobierno esgrimía objetivos justicieros en defensa de las retenciones, esta columna llamó la atención sobre esa exención, que durante todo el gobierno de Néstor Kirchner estimuló la proliferación de los pools de siembra, y en particular de la soja ("El Estado atorrante", 30/31 de marzo). Lo llamativo es que la presidenta haya resuelto tan fácil Äpor decretoÄ una cuestión que tenía diez años de vigencia, y que mantenga la exención para los fideicomisos de Obra Pública el opaco vehículo que tanto le gusta al ministro de Planificación, Julio de Vido, para financiar sus buenas acciones, en tanto no está claro si se mantendrá o no para los operadores turísticos, esos que pululan en El Calafate. La medida destila sensatez, pero también objetivos inconfesables: disimular las crecientes dificultades fiscales y frenar el consumo en rubros como electrodomésticos, que a su vez alimentan la inflación (ésa que, según el IndeK, no existe). El "ataque" a las exportadoras suena más a maniobra distractiva y autoexculpatoria que justiciera. En una acción que recuerda a la ex ministra Felisa Miceli Äquien tras ordenar un pago multimillonario al Grupo Greco ordenó una "autoinvestigación" del caso, buscando cargarle el fardo a su antecesor, Roberto LavagnaÄ, el viernes pasado, con el aval de la presidenta, el kirchnerismo propuso en el Senado formar una comisión que investigue presuntas maniobras de las cerealeras que en noviembre pasado anotaron masivas ventas al exterior, días antes del inminente aumento de las retenciones (que el 12 de ese mes pasaron de 27,5 a 35 por ciento en el caso de la soja). Esa maniobra elusiva había sido neutralizada por la llamada Ley Martínez Raymonda, que el gobierno tardó nada menos que cinco meses en reglamentar. Para entonces, un nuevo aumento de alícuotas (el de las luego "limitadas" retenciones móviles) ya le había venido como anillo (oficial) al dedo de las exportadoras. Más que oficialistas "denunciando" a los malvados de siempre, haría falta que la Justicia (o legisladores de oposición) investigue la mora oficial en cerrar el registro de exportación en noviembre (lo que permitió que se anotaran ventas al exterior por casi 25 millones de toneladas) y la no menos sospechosa confluencia de intereses entre las exportadoras y el fisco K Äa costa de los productoresÄ en torno de las retenciones móviles. Mientras éstas rigieron, la Aduana recaudó más por tonelada y los exportadores pudieron retrotraer, con ayuda del Estado, el precio de productos que habían subido muchísimo entre noviembre y marzo, pero que estaban obligadas a comprar para cumplir compromisos pactados a precios inferiores. Todo coronado con la mora oficial en reglamentar la ley Martínez Raymonda y una "correción" que el senador Roberto Urquía, entonces bienquerido por los Kirchner, introdujo para suavizar sus efectos. En vez de fraude orquestado, puede que se trate de otra chambonada del Estado Bobo que los Kirchner ni intentaron reformar en cinco años de gobierno (sí, lo hicieron más gritón). Pero en tren de sospechar e investigar, que sea en serio.
Indec
El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, reclamó al Ministro de Economía, Carlos Fernández, que disponga "la urgente reorganización y normalización del Indec", así como que "se restablezcan los fines para los que ha sido creado el organismo" y reclamó que "se evite la intromisión de organismos ajenos, como la Secretaría de Comercio Interior". Ante la solicitud de intervención del Indec por parte de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Mondino solicitó que se "restaure la independencia técnica prevista por ley para garantizar la credibilidad de las estadísticas públicas, asegurando que los datos sean relevados conforme a una metodología adecuada y fielmente reflejada en las estadísticas. La crisis institucional del Indec trasciende el ámbito interno y se profundiza ante la existencia de serias presunciones en la adulteración de los procedimientos técnicos para la determinación de los índices y estadísticas", añadió. Visita de Lula
Los presidentes de Argentina y Brasil, Cristina Fernández de Kirchner y Luis Inácio Lula da Silva, se encontrarán el próximo lunes a las 10 en una jornada en el hotel Sheraton de Buenos Aires, de la que participarán 1.000 ejecutivos argentinos y 400 brasileños. El encuentro contará con un seminario dividido en tres paneles. El primero será para analizar "las relaciones económicas comerciales entre Argentina y Brasil, 20 años de construcción". El segundo abordará las "inversiones recíprocas experiencia y oportunidades"; mientras que el tercero se denominará "Argentina-Brasil, desafío y nuevas perspectivas de integración". Por nuestro país, confirmaron su presencia más de mil empresarios; a la vez que por Brasil asistirán 300 ejecutivos que llegarán desde esa nación y otros 100 provenientes de compañías brasileñas radicadas en nuestro país. Luego, se realizará un almuerzo de trabajo en el que la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Federación Industrial del Estado de San Pablo (Fiesp) agasajarán a Lula da Silva. El almuerzo se llevará a cabo en el Palacio San Martín, en el cual los titulares de la UIA y la Fiesp, Juan Carlos Lascuraín y Paulo Scaf, respectivamente, presentarán las conclusiones del seminario desarrollado en horas de la mañana. Terminado el almuerzo habrá reuniones sectoriales, donde empresarios de ambos países de 14 sectores productivos tratarán de lograr coincidencias y convenios conjuntos. Los 14 sectores son el automotor, de autopartes, bienes de capital, maquinaria agrícola, calzado, naval, software, química y petroquímica, textil, sector público-micro y pequeña empresa, turismo, alimentos y bebidas, biocombustibles, y muebles maderas. La rebelión federal
Mientras pergeña esas maniobras, el gobierno reforzará su escudo contra las provincias. Amén del reclamo del gobernador cordobés, Juan Schiaretti, con graves problemas en su provincia, ya recibió el del santafesino Hermes Binner, que exige una deuda similar: más de mil millones de pesos. En tanto, dos gobernadores del sur, Mario das Neves (Chubut) y Fabiana Ríos (Tierra del Fuego), ya le pidieron que reconozca mejor precio a su petróleo, para recaudar más regalías. Amén de los casos extremos de Córdoba (recorte de jubilaciones) y Buenos Aires (fuerte aumento de Ingresos Brutos), por ahora las provincias afrontan por ahora sus cortedades con recorte de obra pública y módicos aumentos de impuestos. En los primeros cinco meses del año, mientras los recursos totales de la Nación aumentaron 30,5 por ciento, los de las provincias crecieron 19,5 por ciento (por debajo de la inflación real), precisa la Asociación Argentina de Presupuesto Público. Desde 2002, agrega un trabajo de Economía & Regiones, la Nación incumple el mandato según el cual las provincias debían recibir al menos 34 por ciento de la recaudación total. En el primer semestre, la proporción no llegó al 30 por ciento. Más allá de los fuegos de artificio, esas asimetrías serán el eje de las pujas por venir y se colarán por el hueco que abrió el conflicto con el campo. No habrá allí maniobra distractiva que valga.
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